La reciente ocupación ilegal de la hacienda Las Carmelas, en Codazzi, Cesar, revive los fantasmas del conflicto agrario de los años 90. Detrás del aparente clamor campesino por tierra, surgen señales de estructuras criminales, presiones económicas y omisiones estatales que podrían reactivar la violencia rural.

Al menos 80 personas invadieron la hacienda Las Carmelas en Codazzi, Cesar, el fin de semana pasado, desatando alarmas en gremios ganaderos y en el sector de seguridad que ven un patrón que se repite.

La tranquilidad rural en el norte del Cesar se vio abruptamente interrumpida cuando un grupo numeroso de personas irrumpió en la hacienda Las Carmelas. A pesar de que el desalojo se ejecutó sin violencia, el hecho encendió las alarmas entre ganaderos, autoridades y analistas, quienes advirtieron que este es un tipo de caso que se está repitiendo.

Esto podría ser la señal de un resurgimiento de invasiones sistemáticas, coordinadas por estructuras organizadas con fines que van mucho más allá de la reivindicación campesina. (Lea en CONtexto ganadero: “Invasores ahora crean ONGs para exigir derecho a la tierra”: general Murillo)

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, no dudó en expresar su preocupación: “Yo creo que hay que seguir averiguando porque evidentemente lo que tienen es una estrategia de acoplamiento territorial”, señaló, destacando que regiones como el Catatumbo podrían estar en la mira de estos movimientos.

Además, propuso la creación de un frente ganadero que agrupe a productores medianos y grandes, como estrategia para resistir estas amenazas.

Ganaderos y analistas han advertido con preocupación que los ocupantes ilegales llegan organizados y armados de palos, y se preguntan de dónde están saliendo los recursos para pagar a esas personas. Foto: Cortesía

¿Regresa la violencia de los 90?

Lo que más inquieta a quienes conocen el conflicto rural colombiano es el parecido con las dinámicas de los años noventa. Así lo afirmó un alto oficial retirado de las Fuerzas Militares, que ha sido testigo directo de estas situaciones.

“Esto es muy parecido a lo que pasó en el año noventa. La guerrilla invadía fincas con acompañamiento, llegaban buses llenos de gente, identificaban predios con problemas legales, y se tomaban las tierras. Si el administrador se oponía, lo mataban. Eso ya lo vivimos”, sostuvo.

Hoy, el patrón parece estar mutando, pero conserva su esencia con ocupaciones masivas, presión a campesinos, discursos de lucha por la tierra con propósitos oscuros y guardias entrenadas que, según testigos, no son de la región y están financiadas con recursos cuyo origen es desconocido.

“Estamos hablando de cincuenta tipos que entrenan, a los que hay que pagarles un sueldo, alimentar y mover. Esto cuesta cerca de cien millones mensuales. ¿De dónde sale esa plata?”, cuestionó el oficial. (Lea en CONtexto ganadero: Finca en Pailitas, Cesar, fue desalojada gracias a Brigadas Solidarias)

Las sospechas no solo apuntan a una organización estructurada detrás de estas acciones, sino también a la inacción del Estado. “Ellos hacen manifestaciones en Codazzi y nadie les dice nada. No veo al Gobierno actuando con contundencia”, denunció.

Los habitantes rurales y ganaderos saben que la propiedad privada es más que un derecho, es la base para la paz del campo. Cuando se vulnera, se abre la puerta a nuevos tipo de violencia. Por eso, muchos insisten en que se debe detener esta avanzada antes de que escale. Porque, como advirtieron desde el gremio y las fuerzas de seguridad, “cuando le demos el espacio a la violencia, ellos se vienen con todo también”.

Finalmente, la experiencia indica que los conflictos agrarios en Colombia, cuando son instrumentalizados por actores violentos, no solo despojan tierras, sino que también siembran décadas de dolor. Hoy, el país está a tiempo de evitar esa reedición.