José Félix Lafaurie Rivera empezó por reiterar un fundamental que hace parte del discurso de los ganaderos desde hace muchos años: “Para ganar la paz… es preciso ganar el campo primero”. Fundamental que se convirtió, teóricamente, en el punto de convergencia entre los ganaderos y el gobierno de izquierda bajo el entendido de que un campo recuperado del abandono y de la violencia, podría erigirse en motor del desarrollo y convertir a Colombia en potencia agroalimentaria.

Sin embargo, al evaluar esos propósitos después de dos años de gobierno, lo resultados dan respuesta a un gran interrogante: ¿otra vez el campo fue una estrategia de campaña y no el eje de un programa de gobierno como se prometió?

De ahí que esa convicción de la necesidad de recuperar del campo sea un imperativo, máxime la frustración de sentir que el país está ciego o se hace el ciego ante tan evidente relación de causalidad.

País ciego que, viendo, es incapaz de ver que en el abandono de inmensos territorios que hoy llaman la “Colombia profunda”, la ilegalidad busca refugio y la violencia no encuentra contención ni castigo.

A esa Colombia no ha llegado el Estado, ni el progreso ni el bienestar, pero sí 300.000 hectáreas de coca, sembradas por labriegos sin alternativa de subsistencia y por empresarios del delito, enfatiza Lafaurie.

Son inmensos territorios donde el país ya no es soberano —porque la ley y el orden, la justicia y las instituciones son precarias o cooptadas por los bandidos— y donde el ganadero queda expuesto a la peor de las violencias, la del abandono, y a la de las mafias narcoterroristas en guerra por el control territorial para proteger sus rentas ilícitas; guerra alimentada por el narcotráfico, aunque la patria no quiera verlo.

El líder gremial recuerda que en 2010 el país llegó a un mínimo histórico de cultivos de coca y también de violencia. La Fuerza Pública había recuperado el control territorial y el país la soberanía, mientras las Farc, doblegadas militarmente, pero agazapadas en Venezuela, seguían siendo la principal mafia narcotraficante.

Santos convirtió a esa guerrilla disminuida, en parte negociadora para modificar el Estado a su amaño y conveniencia, incluida una justicia transicional con vocación de impunidad y ahora de permanencia, una política antidrogas negociada con la mafia y una Reforma Rural negociada con la guerrilla que había destruido el campo durante décadas.

Santos supo venderle a Colombia y al mundo sus negociaciones a partir de mentiras abiertas y con la promesa populista de que la paz firmada sería “estable… y duradera”.

Esa paz nunca llegó. Las Farc resucitaron en sus disidencias, el ELN prosigue con su estrategia de atacar, negociar y volver a atacar, y la delincuencia común está de fiesta. Volvimos al deshonroso lugar en lo más alto del podio de la producción mundial de cocaína… y al escalamiento de la violencia rural y urbana.

Los ganaderos, en legítima defensa de nuestros intereses, pero además por convicción y principios, fuimos el único sector que le plantó cara a la pretensión de negociar con una guerrilla comunista el futuro del campo y de la producción agropecuaria…, ¡nuestro futuro!

La Seguridad Solidaria

No es capricho que el tema central del 40º Congreso Nacional de Ganaderos sea LA SEGURIDAD SOLIDARIA a partir de la unidad gremial ganadera, que tuvo su primera expresión en las BRIGADAS SOLIDARIAS GANADERAS en 2022, cuando las invasiones amenazaban la propiedad privada y desde el propio gobierno se estimulaba la movilización campesina.

La respuesta de los ganaderos a las Brigadas Solidarias y su eficacia para evitar pacíficamente las invasiones y lograr la reacción de las autoridades, fue lo que generó los primeros contactos con el Gobierno, que terminaron en el llamado “Acuerdo de Tierras” y, meses después, la invitación del presidente Petro, en el congreso ganadero de hace dos años, a hacer parte de la delegación gubernamental en el proceso de diálogos con el ELN.

El incierto futuro de los diálogos con el ELN

La negociación con el ELN era una promesa de campaña del actual Gobierno, que pensaba que sería un proceso expedito por la afinidad de esa guerrilla con un gobierno de izquierda. Pero no fue así, y ahora el futuro luce incierto para los diálogos con el ELN por varias razones: porque la voluntad de paz no es un compromiso de papel, sino de realidades de paz; porque el país se quedó esperando la manifestación inequívoca de paz que la delegación gubernamental exigió tras el atentado en Arauca y, a cambio, solo ha recibido manifestaciones de violencia: secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, atentados dinamiteros, paros armados y el asesinato sistemático de miembros de la Fuerza Pública.

Por ello, ya comenzando 2024, cuando la violencia rural volvió a asomarse amenazante, el éxito de las Brigadas Solidarias nos movió a dar un paso adelante: los FRENTES SOLIDARIOS DE SEGURIDAD Y PAZ. Nuestro único propósito es evitar ser golpeados por la violencia, como en el pasado, trabajar por el campo y por Colombia, sin la zozobra del secuestro, la extorsión y la muerte. Nuestro pedido al Gobierno y a Colombia es que no nos dejen solos otra vez; que no se repita la historia del ganadero víctima de todas las violencias y, de contera, tildado de victimario. señala Lafaurie.

Hoy la violencia vuelve a ser la gran preocupación de la Colombia rural. En medio de esa vorágine de violencia el país se olvidó de la tragedia de la pobreza, que algunos convierten en bandera para el populismo promesero y para alimentar el odio entre colombianos, en tanto que los bandidos que dicen defender a los pobres, justifican con ella su violencia mientras los hacen más pobres, los hostigan, les roban sus hijos para la guerra y, con ellos, les roban la esperanza.

¿Entonces cuál es la causa real de la pobreza rural? La respuesta inmediata es culpar a la violencia, pero si les preguntamos a las Farc, que se ganaron sin votos sus curules en el Congreso, contestarán que es la concentración de la propiedad de la tierra. No pueden responder de otra forma, porque con esa bandera secuestraron, asesinaron, extorsionaron, reclutaron y abusaron de menores, y se robaron miles de hectáreas que nunca devolvieron.

La tierra, un cuento populista

El país debe abrir los ojos frente al cuento populista de que un campesino sin tierra es pobre y uno con tierra deja de serlo como por arte de magia; un cuento con el que se incita al odio entre colombianos y se engaña al propio campesino, tanto al que le dieron su parcelita y hoy es pobre con título de propiedad, como al que la sigue esperando.

Lo cierto es que las entregas de tierra de la reforma agraria, que no llegan al millón 800 mil hectáreas en seis décadas, no han movido un ápice los indicadores de pobreza rural. ¿Por qué? Porque más de la mitad fueron vendidas por los campesinos que iban a dejar de ser pobres con ellas. Nunca tuvieron como hacerlas productivas, y las restantes quedaron en rastrojos.

Hoy, 63 años después de la primera ley de Reforma Agraria, y a pesar de sus fracasos, persiste la obsesión por redistribuir la tierra. Desde su campaña, el presidente Petro se comprometió con el punto 1 del acuerdo Santos-Farc, y sus amenazas de expropiación en campaña causaron sobresalto, como sorpresa su anuncio de comprar la tierra a precio comercial.

En ese contexto favorable Fedegán firmó el Acuerdo para la compra directa de tierras ganaderas. Hasta el pasado 21 de noviembre los ganaderos habían presentado 1.432 ofertas por un total de 601.911 hectáreas, de las cuales solo se habían comprado 48 predios que suman 14.260 hectáreas.

Los ganaderos hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, pero el bajo volumen de compras no guarda relación con los anuncios del Gobierno sobre la destinación de 5 billones de pesos a este objetivo en 2024, ni con su compromiso de entregar tierras con proyectos productivos, ni con su anunciado interés en darle cumplimiento a la Reforma Rural Integral.

Entre tanto, el presidente busca a toda costa flexibilizar las condiciones para la expropiación con indemnización y la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra, mientras no desperdicia ocasión para acusar a los “hacendados feudales”, que así llama a los propietarios de la tierra, de bloquear esas iniciativas para seguir esclavizando a los campesinos, a los que incita a la movilización popular.

La extinción de dominio para tierras incultas existe desde la Ley 200 de 1936, y desde la ley 160 de 1994 para el incumplimiento de la función ecológica de la tierra, en tanto que la expropiación con indemnización existe desde la Ley 135 de 1961, argumento que ha utilizado el Gobierno para afirmar públicamente que no está inventando nada.

Y es cierto, no inventa, pero sí recorta. Pretende quitarles a los propietarios la fase judicial, es decir, el derecho a defenderse ante un juez en los procesos agrarios, establecido en el Decreto Ley 902 de 2017, dejándolos a merced de una decisión administrativa y sumaria.

Falló el Gobierno en su primer intento, con un “mico” en la Ley del Plan que ya tumbó la Corte Constitucional. El segundo avanza en el proyecto de Ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria que hace trámite en el Congreso con una profunda contradicción, pues el Gobierno argumenta que los procesos agrarios en la congestionada jurisdicción ordinaria son una traba para la adquisición de las tierras que necesita, pero entonces, ¿por qué eliminar la fase judicial en la misma norma que soluciona el problema y crea jueces exclusivos para esos procesos?

Si la estrategia de arrebatarnos recursos judiciales obedece a las afugias presupuestales del Gobierno, estamos ante una amenaza, pues se privilegiará la extinción de dominio, no solo porque le sale gratis al Gobierno, sino porque la determinación del presunto incumplimiento de la función ecológica está en cabeza de autoridades ambientales dispersas, autónomas y cooptadas por el clientelismo regional, y ahora, al parecer, por las autoridades indígenas.

Por ello, los ganaderos de todo el país rechazamos todo intento de arrebatarnos garantías jurídicas en los procesos agrarios, así como la amenaza velada de la movilización campesina en contra de los propietarios legítimos de la tierra, poque los ganaderos también podemos movilizarnos… y lo haremos pacíficamente.

Invitamos al Gobierno a redoblar esfuerzos para cumplir primero el Acuerdo con FEDEGAN, antes de lanzar señalamientos peligrosos que entrañan una amenaza para los ganaderos en los territorios.

Lafaurie reitera que los ganaderos no estamos en contra del derecho del campesino a la propiedad de la tierra, pero rechazamos, primero, que se garantice a costa del derecho a la legítima propiedad privada, y segundo, que los programas de reforma agraria no obedezcan a un concepto de desarrollo rural verdaderamente INTEGRAL. La violencia ni la concentración de la tierra, es la verdadera causa de la pobreza y de la violencia misma. El abandono es la causa, el Desarrollo Rural INTEGRAL es la respuesta, sin ideologías, que la producción agropecuaria no las necesita; lo que necesita son tractores y vías por donde puedan andar; necesita insumos baratos, asistencia técnica y mercados de buenos precios. Con ideología no ordeñamos una vaca ni cebamos un ternero.

La pobreza no es solo un asunto de quién tiene más o menos tierra y de quién no la tiene, porque de nada sirve un pedazo de tierra en medio de la nada, con trochas intransitables que llamamos vías terciarias con excesiva generosidad.

De qué sirve una escritura si no hay conectividad, asistencia técnica, crédito, ¡si no hay mercados! De qué sirve ser propietario si no hay servicios y los hijos del campesino no tienen educación de calidad, ni salud, ni recreación y cultura que dignifiquen la vida rural.

El comunismo ultracapitalista chino, aunque les duela a quienes hoy anuncian un futuro poscapitalista para Colombia, en los primeros tres trimestres de 2023 reconstruyó 118.000 kilómetros de carreteras rurales, con una inversión de 50.000 millones de dólares; vías de alta calidad, según el ministro de Transporte chino, “para apoyar la estrategia de revitalización rural del país, acelerar la modernización de la agricultura y las regiones rurales, como también para promover la prosperidad común”. Más claro no canta un gallo, decimos en Colombia.