El Tribunal de Cundinamarca les dio 30 días al Invima y a la Policía para que muestren resultados que permitan controlar el sacrificio, venta y distribución de carne que no cumple con los requisitos sanitarios establecidos. Las alcaldías y gobernaciones también deben adelantar planes de vigilancia en la materia.   Uno de los principales dolores de cabeza del sector ganadero es la informalidad en el beneficio de semovientes. Ni el Decreto 1500 de 2007 que pretendía que las plantas de sacrificio del país se modernizaran en aras de que la carne resultante del proceso de beneficio y desposte cumpla en materia de inocuidad, cadena de frío y calidad, han podido combatir ese flagelo.   Al contrario, los constantes aplazamientos –8 en total– van en contravía de que los colombianos reciban en su mesa un trozo de proteína de mejor calidad, pues el cierre de plantas ha favorecido el faenado ilegal de animales en potreros, de paso le ha dado alas a delitos como el abigeato que se ha disparado en la mayoría del país. (Lea: Ganaderos de Yopal solicitan mayores controles en expendios de carne)   No obstante, el Tribunal de Cundinamarca le dio 30 días a la Policía y al Invima para que dichas entidades revelen los resultados que obtengan tras los controles e incautaciones que deben obtener producto de los operativos que permitan reducir el beneficio clandestino, la venta y distribución de carne que no cumple con lo establecido en materia sanitaria.   Dicha determinación fue adoptada tras la acción popular instaurada por la Asociación de Frigoríficos de Colombia, en la que le pedía a las entidades de control ejercer sus funciones y adelantar las acciones legales que durante meses, aparentemente, se obviaron con excusas de cada institución, de acuerdo a un informe revelado por Caracol Radio.   En meses pasados, CONtexto ganadero pudo confirmar que los operativos que se hacían con alguna frecuencia a expendios ubicados en diferentes regiones del país han disminuido, ocupadas como están las autoridades en otro tipo de crímenes y delitos. (Lea: Sacrificio clandestino tiene desesperados a ganaderos del Atlántico)   El ahorro de unos pesos se convierte en la excusa más recurrente por parte de quienes adquieren la proteína, que ha sido obtenida sin garantizar las condiciones mínimas de higiene y que representa incluso una amenaza incluso para la salud pública   En días pasados, Jaime Clavijo Picón, director ejecutivo de la Federación de Ganaderos de Santander, Fedegasán, vio con buenos ojos los controles que va a implementar la administración departamental, pues es una de las peticiones que desde tiempo atrás venía haciendo la entidad ya que así no solo se garantiza que el producto provenga de los lugares autorizados, sino que le da seguridad al consumidor.   Agregó que con esa determinación se resuelve uno de los cuellos de botella que tenían en el departamento, ya que al verificar la procedencia del producto hay un mayor control en toda la cadena de la carne, evitando que llegue al mercado un cárnico con falencias en materia sanitaria. (Lea: Multas de hasta 5.000 salarios mínimos a expendios ilegales)   “Recibimos la medida de forma positiva, pero es necesario saber si va a tener las herramientas necesarias para proceder a castigar a quienes infrinjan las normas”, sentenció.   El Tribunal de Cundinamarca decretó medidas cautelares que además de ordenar operativos, obligan al Invima a establecer los protocolos sanitarios que ya están en la ley y que incluyen a las gobernaciones y alcaldías.   En 60 días deben presentar un informe con las estrategias para identificar y cerrar los centros clandestinos dedicados al sacrificio y venta ilegal de carne. (Lea: Multas de hasta 5.000 salarios mínimos a expendios ilegales)