El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie R., advierte que la recién expedida Resolución que pone en vigencia el precio competitivo de la leche, terminará generando un problema de índole social de incalculables proporciones, y hará retroceder al sector en productividad, a la vez que convoca al gobierno a hacer una revisión técnica de la medida.   En el día de ayer el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 083, por medio de la cual se establecen condiciones para promover las exportaciones de leche y derivados lácteos a partir de la producción de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC).   Esta resolución, que venía en discusión desde hace más de tres años, y sobre la que Fedegán, la Cámara Gremial de la Leche, dirigentes gremiales regionales y ganaderos, rechazaron enérgicamente cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promovió el proyecto de resolución. (Lea: Cámara Gremial de la Leche rechaza proyecto sobre precio de exportación)   Argumentaron que el modelo que se proyectaba imponer, lesionaría gravemente el ingreso de los productores, incluso llegaron a calificarlo como una dictadura del ministro de ese entonces, Aurelio Iragorri. Fedegán también planteó en el seno del Consejo Nacional Lácteo -órgano consultivo del gobierno en donde tiene asiento la industria y los productores- los inconvenientes de la medida y advirtió sobre la quiebra de los productores y los posibles efectos adversos tanto económicos como sociales.   Todo lo anterior fue desoído por el gobierno, favoreciendo en el pulso final a la industria. Más aún, en una de sus últimas versiones del proyecto de Resolución, el ejecutivo introdujo el tema de las ZOMAC, revistiendo el modelo propuesto de un aparente carácter social, cuya puesta en marcha afectará todo el sector lechero, principalmente el de la lechería especializada.   Las ZOMAC, se caracterizan, como su nombre lo indica, por ser áreas afectadas por el conflicto. Son territorios donde la presencia de crimen organizado y economías ilegales imperan. Muchos de ellos son territorios de coca cuya rentabilidad anula el florecimiento de cualquier otra actividad. Entorno que aún continúa pese a los esfuerzos del gobierno y que explican por qué Colombia pasó de tener 47 mil hectáreas en coca a 200 mil en los últimos tres años.   Ese es el escenario que el Estado quiere convertir como territorio de donde saldrá la leche para exportar, y donde, como es evidente, no cuenta con infraestructura vial rural que es unos principales problemas del campo, así como tampoco con las condiciones apropiadas para la producción de calidad de leche.   Aspecto este que la resolución delega al privado (agente comprador), quien debe establecer un modelo de asistencia técnica especializada y orientada a mejorar la calidad composicional, higiénica y sanitaria de la leche cruda, así como la mejora en la rentabilidad de sus proveedores. Misión que resulta un tanto irreal, dado el nivel de precios que impone la fórmula del precio competitivo de la leche.   Quién le habla al oído del ministro   José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, cree que hay algo más detrás de esta resolución al afirmar que “no sé quién está asesorando al ministro de Agricultura, pues él ha tenido la intención de concertar las medidas, pero creo que con esa Resolución, muy seguramente, el sector lechero en pocos meses terminará otra vez en una situación angustiosa".   Más aún recuerda que el país no puede olvidarse de las manifestaciones que hubo en septiembre de 2014 en donde se desbordó el sector lácteo ahogado precisamente por la falta de recolección de la leche, por las abundantes importaciones y por los bajos precios que le estaba pagando la industria.   Promesa de exportación que no se han cumplido   La medida, que tuvo origen en un estudio que pagó la Industria a Fedesarrollo en 2014, responde al interés de la industria de obtener materia prima –la leche– a un precio más bajo, con la promesa de exportar. (Lea: Ministerio de Agricultura: de lado de la industria y no de los productores de leche)   La versión actual –a todas luces más racional que la elaborada por Fedesarrollo–, la presentó la industria al gobierno, como un mecanismo para exportar pagando los excedentes de leche a la mitad de precio, referido a un promedio determinado. Es la práctica se trata de castigar la productividad con un menor precio.   Su impacto es bastante simple de explicar, según explica Fedegán en su comunicado.   Mientras con la metodología establecida en la Resolución 017 de 2012 actualmente se le debería pagar al ganadero alrededor de $1.060 por litro, ya de por si un precio deprimido, con el Precio Competitivo de Exportación, que depende de la cotización internacional, hoy día al productor solo le pagarían $790 por litro, es decir una disminución en su ingreso de 34 %. La mayor preocupación es que si la tasa de cambio cae o el mismo precio internacional baja, podríamos estar viendo precios por litro de menos de $400.   Además hay que tener en cuenta que el país produce alrededor de 6.700 millones de litros de leche líquida al año, pero la industria solo acopia un poco menos del 50 %.   “Evidentemente, un país que tiene una oferta de leche casi del doble de lo que es capaz de procesar la industria, cuando a ésta se le permite comprar en zonas de conflicto a precio muy por debajo, desplaza su acopio a zonas a las cuales tradicionalmente no llega, dejando de comprar en regiones donde hoy en día hay una oferta de leche especializada. Esto terminará, indudablemente generando un problema de índole social de incalculables proporciones”, enfatizó Lafaurie Rivera.   Lo social se pierde   Pero es una medida contradictoria respecto a los impactos que pretende lograr. Para generar impactos positivos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto – ZOMAC, debería pagársele al productor un precio aún mejor que el de los $1.060 que se paga hoy. Al contrario, lo que pretende ésta medida, patrocinada por la industria lechera, es que se le pague el litro de leche muy por debajo de sus costos de producción. “No es viable producir de esa forma, ni competir porque son territorios en donde se produce coca”, advierte Lafaurie R.   Otro efecto es que con un precio competitivo de exportación establecido para las ZOMAC, la industria va a preferir acopiar en dichas zonas, obligando a las demás regiones a bajar sus precios y someterse a las condiciones del sector procesador, desconociendo la Resolución 017 de 2012. Para el presidente de Fedegán, "este tipo de medidas resultan discriminatorias para las diferentes regiones del país. Vale la pena que la Superintendencia de Industria y Comercio se manifieste al respecto".   ¿Y de la cadena, qué?   La medida no apunta a fortalecer la cadena productiva láctea, sino a generar una baja generalizada de precios al productor, que viene siendo castigado por las condiciones del cambio climático, por una industria que impone las reglas, y por los impactos de la importación de leche y derivados lácteos vía Tratados de Libre Comercio.   “La industria todavía no ha entendido que sólo un encadenamiento productivo que tenga en cuenta al productor, es posible avanzar en una alianza para contrarrestar los efectos de los TLC que hoy en día tienen ya un alto impacto no solo en el precio interno sino también en el mercado nacional”, concluyó al presidente de Fedegán a la vez que convoca al gobierno a hacer una revisión técnica de la medida y de los impactos que genera.