Durante el más reciente encuentro que sostuvieron entidades departamentales y la fuerza pública con los ganaderos de la región, expresaron su preocupación por el abigeato y la necesidad de flexibilizar las medidas sobre el porte de armas para defensa propia.

En la reunión programada por la Secretaría de Gobierno Departamental, el Comité de Ganaderos y la Secretaría de Gobierno de Yopal, a la cual estaban invitados todos los comités ganaderos del departamento, junto con la participación de la  Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las fuerzas armadas, el tema que se discutió fue el abigeato que están sufriendo los ganaderos de la región y el carneo, una modalidad en la que sacrifican la res en el potrero y se llevan las presas, del cual han sido víctimas varios finqueros.

Durante el encuentro se hizo una presentación de la normatividad de la ley de abigeato en Colombia, y se expuso que, al tratarse de un delito querellante, que necesita de una denuncia para que las autoridades puedan proceder, no pueden imputar, detener o encarcelar a alguien que atrapen con ganado robado sin que se haya hecho la respectiva denuncia. Sin embargo, para que los ganaderos puedan denunciar, no cuentan con suficientes vías de acceso para dirigirse a las oficinas donde se reciben las denuncias y en ocasiones, dichas oficinas no cuentan con el personal para atenderlas.

Ante este panorama, muchos ganaderos han manifestado la necesidad que tiene el sector de que se flexibilice la medida del porte legal de armas, para que puedan obtener el permiso de una manera más sencilla y lo puedan usar en su legítima defensa. “Muchas veces no se cuenta con una seguridad buena para el sector rural. Hacemos un llamado para que haya un pronunciamiento por parte de las autoridades, para que no sea tan fuerte la restricción al uso de armas, ya que hay unos temas de inseguridad que el mismo Estado no atiende.”  dice Jairo Medina, profesional del proyecto local de Fedegán.

Edgar Ovalle, ganadero e ingeniero agrónomo del Casanare, quien cuenta con el porte de armas, alega que le parece absurdo, que muchos ganaderos, aun teniendo armas, no puedan usarlas debido a que no cuentan con los suficientes permisos, los cuales resulta tedioso adquirir.

Ovalle, quien asistió al encuentro, expuso las preocupaciones del sector frente a este tema.  “Yo les pedí respetuosamente que buscaran en nosotros unos amigos. Somos, mal contados, de 14 mil a 22 mil personas armadas en Casanare, según datos no oficiales, o sea que la fuerza pública tendría 14 mil amigos.”

Y añadió: “Yo no estoy fomentando la violencia, yo estoy diciendo: garantícenle a las personas de bien que se puedan defender ellas mismas. No estoy armando grupos paramilitares ni autodefensas, estoy pidiendo que me dejen defender a mí y que se lo permitan a los ganaderos.”

El ganadero Ovalle también radicó un derecho de petición dirigido al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro y miembros de la fuerza pública solicitando un análisis de los resultados del decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, por medio del cual se hizo una suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional. En el oficio, Ovalle solicitó datos precisos que den cuenta de los resultados de la medida, como por ejemplo, cuántas armas que tienen permiso de porte, pero no el permiso especial, se han incautado por violación al decreto 2362 o, violación al ordenamiento jurídico. Esto con el fin de evaluar si la medida funciona o si por el contrario lo que ha resultado es que los ganaderos queden desprotegidos mientras los delincuentes son quienes tienen el poder de las armas.

Medidas de seguridad que no han tenido éxito

En la reunión, la Fiscalía habló sobre el endurecimiento de penas para el delito de abigeato, donde se mencionó la delicada situación que enfrentan por el alto número de casos. Sin embargo, las preocupaciones siguen latentes tras los casos de robo. El más reciente, una incautación de casi 200 kilos de ganado dentro de un taxi, que al final no pudo ser judicializado por la falta de una denuncia pronta y de pruebas.

El uso de drones para el control de la seguridad, podría traer grandes beneficios en la región, sin embargo, su uso aún no está autorizado ya que no se han asegurado contra terceros y sin ese aseguramiento no se pueden utilizar. Una medida que podría contribuir a solucionar el problema, por falta de buena gestión no se ha podido desarrollar.

Así sucede con las cámaras de seguridad del Estado, las cuales, según expresan los ganaderos, no están en funcionamiento, y la mayoría están dañadas, lo que dificulta la presentación de pruebas de los ganaderos al denunciar el abigeato.

Ante estas medidas fallidas, ganaderos como Edgar Ovalle han manifestado la necesidad de que se reevalúe la medida que limita el uso de armas para defensa personal, “las estrategias son bastante endebles para combatir la delincuencia, y hay gente que somos gente de bien, que hemos construido una vida, con familia, y tenemos que protegernos, porque tenemos un proyecto de vida”.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha insistido en que en Colombia se debe eliminar el permiso especial de porte de armas, como una estrategia que, según su concepto, se tiene que aplicar para atacar con contundencia las estructuras criminales que están sembrando el miedo en Bogotá y en otras ciudades del país.

En la orilla opuesta se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, quien desde hace ya tiempo ha propuesto reglamentar el porte de armas para que el Estado tenga control sobre las mismas, y recientemente volvió a insistir en ampliar el porte legal de armas en el país. “Por eso la legítima defensa es un derecho, es la misma defensa de la vida. Sí al porte legal de armas. Todos los países que permiten el uso de armas legalmente son los más seguros del mundo. La vida de la víctima no vale menos que la del delincuente”, aseguró la congresista Centro Democrático.

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