En agosto de 2016, luego de 9 años y 7 aplazamientos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por fin ordenó el cumplimiento de lo estipulado por la norma, que pretende modernizar los establecimientos de sacrificio para cumplir con los estándares de los TLC.   La norma fue expedida en 2007, pero solo entró a regir 9 años después, el 8 de agosto de 2016. Allí se estipula la reglamentación para modernizar el proceso de beneficio y desposte de carne bovina, porcina y aviar.   La norma exige numerosos requisitos en materia sanitaria, inocuidad, cadena de frío y calidad. La entidad encargada para verificar que se cumplan es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.   Luego de 7 aplazamientos, con el fin de brindar la oportunidad a los mataderos municipales y regionales de hacer las adecuaciones necesarias, ahora la entidad está observando que los sitios cumplan. (Lea: Tras 10 años, estos son los avances en la implementación del decreto 1500)   Con información a agosto de 2017, el Invima registra que 29 plantas de beneficio animal cumplen con los requisitos sanitarios exigidos por el decreto 1500, el decreto 2270 de 2012 y las resoluciones que los reglamentan.   De estas, 22 se dedican al desposte de bovinos o mixto y las otras 7 fanean aves de forma exclusiva. El departamento con el mayor número de plantas aprobadas es Antioquia con 10, Meta y Santander tienen 4 cada uno, Valle del Cauca tiene 3 y Córdoba, 2.   De resto, hay establecimientos en Barranquilla, Bogotá, Florencia (Caquetá), Arjona (Bolívar), Duitama (Boyacá), Dosquebradas (Risaralda). (Lea: Lafaurie lamenta los 7 aplazamientos que ha tenido el Decreto 1500)  

En julio pasado, CONtexto ganadero reportó que había 27 plantas, a las cuales se sumó Frigorífico del Sinú, Frigosinú, en Córdoba, más la planta cerrada en Meta. De estas, 14 pueden despachar a nivel nacional, 13 tienen capacidad de exportación y una distribuye a los departamentos limítrofes (en Granada, Meta).   De igual manera, en este tiempo también se sumaron 10 establecimientos más a los cuales el Invima les aprobó el Plan Gradual de Cumplimiento, PGC, con lo cual pueden operar durante 2 años mientras realizan todas las adecuaciones.   A un año de entrar en vigencia el 1500, el Invima había entregado una autorización sanitaria provisional a 336 plantas, de acuerdo al decreto 1282 de 2016, muy criticado por ofrecer más plazos. (Lea: Entra en vigencia el Decreto 1500, el más esperado por el sector)   En este mismo periodo, la entidad ha efectuado cierres a 143 mataderos en todo el país, pero en especial en los departamentos de Antioquia y Santander, donde hay mayor número de sitios que han dejado de operar tras la implementación de la norma.   En total, hay 465 plantas de beneficio animal evaluadas por el Invima, de las cuales la gran mayoría presentó un PGC, pero que han sido cerradas por cuenta de vigilancia de la autoridad sanitaria o de los Planes de Racionalización de cada departamento, en los que determinaban cuáles sitios quedaban para abastecimiento regional y cuáles debían ser cerrados por su baja capacidad.     Por lo pronto, tanto el Invima como las secretarías de Salud y Gobierno municipales y departamentales, los Ministerios de Agricultura y Salud, la Policía, el Ejército y demás autoridades involucradas continúan evaluando el cumplimiento de la norma.