Grandes expectativas ha generado entre los ganaderos el proyecto de ley que endurece los castigos por el hurto de ganado y conductas delictivas, por lo cerca que está para convertirse en ley, pero también experimentan angustia por el poco tempo que queda en esta legislatura para surtir el trámite hasta su aprobación.   Se trata del proyecto de ley No 092 de 2016 Senado - 324 de 2017 – Cámara presentado por la senadora Nohora Tovar Rey del Centro Democrático, que busca tipificar el delito e incrementar las penas contra los delincuentes.   El temor que señalan muchos ganaderos es el poco tiempo que queda para su aprobación.   En efecto, quedan 3 meses de legislatura y aún se debe surtir una plenaria en Senado para su conciliación y luego la firma del Presidente de la República.   Si no se logra aprobar en esta legislatura, los ganaderos tendrán que esperar más tiempo para que se endurezca el castigo a los cuatreros.   El tema reviste suma gravedad porque el delito no sólo se presenta en todo el territorio nacional sino por la dimensión que ha adquirido.   La iniciativa contempla definir las categorías de abigeato y abigeato agravado. Con esto, pretende crear penas de prisión de 48 a 96 meses (4 u 8 años), de manera que no sea un delito excarcelable. Además, se impondrían multas de 25 a 50 salarios mínimos mensuales.   José Félix Lafaurie R., presidente ejecutivo de Fedegán señala que el abigeato, el cachilapeo y el carneo, así como el contrabando de reses, carne, leche y quesos, son un grave flagelo que viene creciendo en forma alarmante.   “Su origen se resume en una sola frase: Inseguridad rural y falta de un control más efectivo por parte de las autoridades, a la movilización del ganado y los productos bovinos, y al contrabando, con las secuelas que deja como la aparición de focos de fiebre aftosa”, agrega   “Se trata de la ausencia de Estado en las fronteras, de la ausencia de las entidades que les corresponde ejercer tal función; de la ausencia de Estado que no ha llegado a una vasta Colombia rural con presencia física de las fuerzas armadas, ni con presencia económica y social. Los territorios que secularmente han sido afectados por el conflicto, van siendo copados por múltiples delincuencias. El abigeato y la extorsión son delitos que casi siempre van de la mano”.   Las regiones más afectadas   Hoy todo el país es azotado por el abigeato; unas regiones con mayor gravedad que otras, señala el dirigente gremial.   “Lo que se observa es que el abigeato va creciendo tanto en número de casos como en número de animales hurtados en cada caso. Se trata de un delito que afecta tanto a las ganaderías de carne, como a las de leche y doble propósito.   También se observa un crecimiento importante del carneo.   Las regiones en donde se ha entronizado con mayor impacto son la región Caribe, y en esta los departamentos del Cesar (Codazzi, San Diego, Becerril y La Paz), Bolívar; en La Guajira (Maicao). En la región de los llanos orientales, en el departamento del Meta, en Arauca (Tame); la región central en el altiplano cundiboyacense, municipios, Zipaquirá, Ubaté. La región de los santanderes, en Sabana de Torres, en las zonas de frontera. En el Tolima (Chaparral) en donde se llevaron 140 bovinos. En Valle del Cauca, en el municipio de El Dovio.   Por departamentos, según cifras de la Policía, se tienen registros del Tolima, Meta, Casanare, Boyacá, Cesar, La Guajira, Antioquia, Sucre, Huila, Córdoba, Valle del Cauca.   La dimensión del delito   El problema del abigeato es que ya no son pocos los animales los que se roban en una finca, sino que en muchos casos las cifras pasan de 25 animales en cada caso, o como el ocurrido recientemente en La Guajira (50 cabezas) o el del Tolima que ya se mencionó.   Algunos ganaderos relacionan el delito con las disidencias de las FARC, otros con los del ELN, dependiendo de la región, y desde luego delincuencia común y bandas organizadas y estructuradas que pueden estar integradas por más de 10 personas.   Algunos grupos se autodefinen como prestadores de “seguridad”, es decir, que suplantan al Estado en esta delicada función, y exigen un pago por animal, por hectárea o por el tránsito en las vías que conducen a las fincas.   El común denominador es el entorno de terror que crean a través de la violencia. En la mayoría de los casos, lo primero que hacen es inteligencia sobre los dueños y los predios sujetos al abigeato. Saben cuándo llega el dueño, con quién llega, los vehículos en que se transporta, si lleva efectivo, los animales que comercia, el tipo de ganadería, los trabajadores de la finca, etc. En algunos casos hay complicidad de los mismos trabajadores de las fincas.   En otros eventos ingresan a los predios utilizando violencia. Amarran al capataz y los trabajadores, o a los mismos propietarios, y los encierran, mientras ingresan camiones para montar los animales. Los delincuentes van armados y atemorizan a los que están en la ganadería.   Pero además del robo de semovientes, también hurtan equipos de ordeño, motores, bombas, herramientas, repuestos, etc.   Lafaurie señala que “Hoy el abigeato no distingue condición económica. Roban a los que tienen poco como a los que tienen más ganado, porque el robo se convirtió en Colombia en una profesión. Se roban ganado para venderlo, o para el sacrificio clandestino. Aquí se cumple a cabalidad eso de que el delito paga, porque no recibe castigo”.   Las cifras   Cuando Fedegán administraba el Fondo Nacional del Ganado, afirma Lafaurie, realizaba unos sondeos a nivel nacional que le permitían saber con bastante exactitud el impacto tanto en número de casos como en número de animales hurtados. Esa investigación no se continuó y hoy el Ministerio de Agricultura y la fuerza pública no tienen bases estadísticas para plantear estrategias al respecto.   “Las estadísticas que se conocen dan cuenta de lo denunciado -son las que lleva la Policía-, pero son muchos los casos que no se denuncian precisamente por el temor a las represalias, máxime que los delincuentes salen al otro día de haber sido capturados”.   “Precisamente esa es la importancia del proyecto de Ley que endurece las penas y lo convierte en delito penal”, aclara Lafaurie.   Pero las cifras no dan cuenta del drama que viven los ganaderos cada vez que se llevan uno o 2 animales, o cuando pelan a los rumiantes en los mismos predios y dejan los esqueletos como un macabro recuerdo.   El drama de productores y familias que pueden perderlo todo por culpa de los cuatreros parece condenado a repetirse, pues a pesar de los esfuerzos de la Policía y el Ejército por recuperar los bovinos hurtados y de capturar a los presuntos responsables, estos salen al poco tiempo a volver a infringir la ley.   Los datos recolectados por el Grupo Información de Criminalidad (Gicri) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), señala que mientras que en 2014 se registraron 1.944 casos de robo de ganado, en 2015 aumentaron a 2.153 y en 2016 se elevó hasta los 2.994 hurtos.   En 2017 esta fuente indica que se denunciaron 3.070 robos de ganado en todo el territorio nacional, pero la percepción de los ganaderos señala que es mayor, pues en los dos primeros meses de este año la cifra ronda los 600 casos de robo de animales.   Tampoco se sabe el número de animales hurtados en los casos reportados. Lo cierto es que cada vez los ganaderos denuncian por redes sociales e incluso por este medio, CONtexto ganadero, del robo de sus animales.   ¿Qué hacer?   Lafaurie argumenta que desde Fedegán siempre se ha solicitado mayor acción de vigilancia y control por parte del ICA, del Invima, de la Policía de carreteras y de la Polfa que hace presencia en las fronteras. Sin embargo, y aunque los ganaderos se reúnen con las autoridades, hablan de la problemática y buscan soluciones, el abigeato sigue en aumento.   El dirigente gremial señala algunos aspectos puntuales para proteger los bienes de la sociedad, y en este caso de los ganaderos.   Un primer paseo es el trabajo en conjunto, reforzar el trabajo que las autoridades vienen haciendo de integración con la comunidad ganadera y de atención a las denuncias de los productores.   A su vez se requiere que las autoridades articulen más esfuerzos en las regiones con los ganaderos, pues a la par del abigeato viene el sacrificio ilegal, lo cual pone en peligro la salud de los consumidores y lacera la economía rural.   Se requieren más puestos de control en puntos estratégicos como por ejemplo en las entradas de las ciudades y de los municipios. Si estos son móviles y cuentan con cámaras de vigilancia mucho mejor, pues los pueden colocar en diferentes zonas.   También es necesario promover la articulación de una política entre Fiscalía y jueces de garantías, pues muchas veces los esfuerzos de la policía por capturar a los abigeos se pierden a mitad de camino, porque estos delincuentes han logrado construir redes que permean la justicia local, haciendo que luego de las capturas queden libres y vuelven al delito, con el agravante de que algunos llegan a revictimizar a los ganaderos que se atrevieron a denunciar.   También se deben extender los controles a expendios de carne y famas. Anteriormente se controlaba con mucho rigor la legalidad de los expendios y la procedencia de la carne que se vendía, pero esa práctica se ha venido abandonado en todos los municipios. Actualmente es muy raro que en una región realicen ese tipo de revisiones.   Los ganaderos, por su parte, deben denunciar los casos de los que sean víctimas, pues de ello dependerá que se le preste una mayor atención a la problemática y que los encargados de velar por la seguridad, puedan mejorar sus planes de acción y preservar el orden.   Hacemos un llamado a mantener las redes de comunicación entre ganaderos y entre éstas con las fuerzas de policía, para afrontar en mejor forma los robos y permitir la captura de estas bandas.   Pero lo importante de todo este tema, concluye Lafaurie Rivera, es que el proyecto de Ley que endurece las penas sea una realidad. La economía ganadera cada día se debilita más. En este caso es por la delincuencia pero en otros por decisiones de política pública mal concebidas.