Contrario a los argumentos que esbozó el Gobierno para objetar el proyecto de ley que endurece las penas contra el abigeato, Fedegán señala es un delito de alta gravedad, sobre el cual no se conoce otro pronunciamiento en materia de política criminal que resuelva esta agobiante situación.   En la comunicación que el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, le dirigió ayer al presidente del Congreso de la República, Efraín José Cepeda, señala la gravedad del delito, los impactos que ha causado en este sector de la economía y las causas que llevan a que cada día sea mayor.   Empieza por indicar que el origen del abigeato se resume en una sola frase: “Inseguridad rural y falta de un control más efectivo por parte de las autoridades”.   “Se trata de la ausencia de Estado que no ha llegado a una vasta Colombia rural con presencia física de las fuerzas armadas y la justicia, ni con presencia económica y social”, agrega Lafaurie Rivera.   Aquí se cumple a cabalidad eso de que el delito paga, porque no recibe castigo.   Sostiene que los territorios que secularmente han sido afectados por el conflicto, van siendo copados por múltiples delincuencias. El abigeato y la extorsión son delitos que casi siempre van de la mano, y que junto con el contrabando de reses, carne, leche y quesos, son un grave flagelo que azota a los ganaderos colombianos.   “Hoy casi todo el país es azotado por el abigeato, en unas regiones con mayor gravedad que en otras. Lo que se observa es que el abigeato va creciendo tanto en número de casos como en número de animales hurtados en cada caso. Se trata de un delito que afecta tanto a las ganaderías de carne, como a las de leche y doble propósito”, enfatiza.   Los hilos del abigeato   Detrás de este delito hay distintos actores. Hay delincuencia común y bandas organizadas y estructuradas que pueden estar integradas por más de 10 personas. Algunos grupos se autodefinen como prestadores de “seguridad”, es decir, que suplantan al Estado en esta delicada función, y exigen un pago por animal, por hectárea o por el tránsito en las vías que conducen a las fincas. Algunos ganaderos los relacionan con las disidencias de las FARC.   Las modalidades en que operan los abigeos son diversas. En la mayoría de los casos, lo primero que hacen es inteligencia sobre los dueños y los predios. Saben cuándo llega el dueño, con quién llega, los vehículos en que se transporta, si lleva efectivo, los animales que comercia, el tipo de ganadería, los trabajadores de la finca, etc. En algunos casos hay complicidad de los mismos trabajadores de las fincas.   En otros eventos ingresan a los predios utilizando violencia. Amarran al capataz y los trabajadores, o a los mismos propietarios, y los encierran, mientras ingresan camiones para subir los animales. Los delincuentes van armados y atemorizan a los que están en la ganadería.   Pero además del robo de semovientes, también hurtan equipos de ordeño, motores, bombas, herramientas, repuestos, etc.   El escalonamiento del delito   La gravedad del abigeato va más allá del robo mismo de ganado y el menoscabo económico para las víctimas, porque lo que se observa en los territorios donde este delito campea, es que la delincuencia es multimodal.   Los abigeos van escalando su accionar delictivo y de hurtar reses, pasan a la extorsión, el secuestro y posterior asesinato de los ganaderos que no acceden a sus pretensiones, en una espiral de violencia e inseguridad que arruina el campo y socava profundamente la paz rural.   Cuando FEDEGÁN administraba el Fondo Nacional del Ganado, realizaba unos sondeos a nivel nacional que le permitían saber con bastante exactitud el impacto tanto en número de casos como en número de animales hurtados. Esa investigación no se continuó y hoy el Ministerio de Agricultura no tiene como tomar decisiones al respecto.   Las estadísticas que actualmente se manejan son las que lleva la Policía, pero sólo se reportan los eventos que son denunciados oficialmente por los productores y, generalmente, obedecen a casos donde hay involucrados un alto número de animales.   Pero estas cifras no dan cuenta de la dimensión ni del drama que viven los ganaderos cada vez que se llevan uno o 2 animales, o cuando “pelan” a los rumiantes en los mismos predios y dejan los esqueletos como un macabro recuerdo.   El drama de productores y familias que pueden perderlo todo por culpa de los cuatreros parece condenado a repetirse, pues a pesar de los esfuerzos de la Policía y el Ejército por recuperar los bovinos hurtados y de capturar a los presuntos responsables, éstos salen al poco tiempo a volver a infringir la ley. Aquí se cumple a cabalidad eso de que el delito paga, porque no recibe castigo.   “Por todo lo anterior, doctor Cepeda, le ruego que además de dar el trámite pertinente conforme a la Ley 5ª de 1992, al proyecto de ley de la referencia, se desestimen las objeciones por inconveniencia expresadas por el Gobierno Nacional, a través del señor Ministro de Justicia y del Derecho, pues, como usted bien sabe, el proyecto surtió todos los trámites legislativos y fue materia de amplias discusiones con el aporte de las diferentes bancadas.