El gobierno acaba de expedir el Decreto 2016 de 2023 que habilita la operación de los extintos mataderos. El Decreto tiene varias perlas que significan un retroceso en materia de salud pública y podría poner en dificultades los mercados internacionales para la carne colombiana.

En 1er lugar se relajan los requisitos en materia de inocuidad, pues el cumplimiento del sistema HACCP, que es un sistema de control basado en la prevención de peligros biológicos, y que antes era obligatorio, ahora pasa a ser voluntario.

Esto es un golpe a la salud pública. Implicaría que el Invima y las secretarías de salud tendrían que tener la capacidad operativa para inspeccionar los transportes de alimentos como medida de prevención. Hoy, con el Invima actual, sabemos que esa capacidad es inexistente y se puede prestar para corrupción.

El decreto además prevé que la destrucción de carne decomisada pueda realizarse en las plantas de beneficio. Esto es otro retroceso en materia de salud pública, pues la carne decomisada, que se incauta porque no es apta para el consumo humano, puede contaminar sus instalaciones

El decreto también relaja las condiciones de refrigeración de las plantas que autorice el Invima, las cuales tendrán un plazo para la implementación total del sistema de refrigeración de despacho de 12 meses. Sin embargo, la canal deber ser despachada únicamente al municipio donde queda la planta autorizada. Ello requerirá más controles gubernamentales para que canales sin refrigerar no se despachen a otras zonas del país. Con más controles, mayor riesgo de corrupción y mayor riesgo de que carne sin refrigerar llegue a más consumidores.

Sin duda, el Decreto puede poner en riesgo los mercados de exportación de carne colombiana, y más ahora que se abrió el mercado de China. Los protocolos de admisibilidad sanitaria son sumamente exigentes en materia inocuidad de la carne y este decreto la pone en riesgo.