El exorbitante aumento en el avalúo catastral de las tierras rurales en Sucre ha desatado una crisis económica y social sin precedentes. Ganaderos, agricultores y pequeños parceleros están viendo cómo sus impuestos se multiplican hasta mil por ciento, un golpe financiero que pone en peligro la producción agropecuaria de la región.

La situación no es un simple reajuste, es una crisis. La Ley 44 de 1990 establece límites en los incrementos del impuesto predial, pero las autoridades locales están haciendo caso omiso, ocasionando cobros impagables. La única opción para los ganaderos es presentar recursos legales, antes que los plazos venzan y el problema sea irreversible. (Lea en CONtexto ganadero: Catastro multipropósito, antes que compra de tierras: exdirector del DNP)

Impuesto imposible de pagar

Jairo Hernández Gamarra, presidente de la Federación de Ganaderos de Sincé, expuso el drama que viven cientos de productores.

“Aquí a todos nos subieron el impuesto, sin distinción. No fue solo a los grandes ganaderos, también a los pequeños, los que tienen 20 hectáreas, que es la unidad familiar. No hubo explicación, solo llegó el cobro. A algunos se les duplicó, a otros se les triplicó o más. Hay casos de predios que tenían un avalúo de quinientos millones y ahora aparecen con un valor de dos mil quinientos millones. Entonces, si alguien pagaba cinco millones en impuesto predial, ahora tiene que pagar veinticinco o treinta millones. Una locura”, afirmó.

El problema se agrava con la realidad productiva de la región. Sucre es tierra ganadera, pero con limitaciones marcadas. El ganadero aseguró que los suelos solo son productivos seis meses al año, pues el resto del tiempo se sufre de sequía extrema.

Para ello, muchos propietarios de reses deben recurrir a la trashumancia, una práctica común en la cual trasladan su ganado recorriendo varios kilómetros a otras zonas en busca de alimento y agua. En estas condiciones, ¿de dónde van a sacar los productores 25 o 30 millones de pesos adicionales solo para pagar impuestos?

Antonio Espinosa Merlano, ganadero de Sincé, denunció lo que parece una estrategia del Gobierno nacional para estrangular financieramente a los productores.

“Nos están obligando a vender el ganado para pagar impuestos. Si seguimos así, en cinco años no tendremos ganado ni producción. Y hay otro agravante, con este avalúo disparado, ahora también nos toca pagar impuestos al patrimonio de la DIAN. Nos están endeudando a los que producimos o, peor aún, nos están obligando a dejar de producir”, manifestó.

Razones detrás de exagerado aumento

El problema no es exclusivo de Sincé. La actualización catastral se está implementando en todo el país de manera gradual, y lo que hoy ocurre en Sucre podría replicarse en otras regiones en los próximos meses.

Guillermo Luis Oliver, abogado y exdirector jurídico de Finagro, explicó que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2023 autorizó al IGAC a realizar una reevaluación masiva de los predios en todo el país. Sin embargo, la ley, el Consejo de Estado y el Ministerio de Hacienda establecen límites claros que no se están respetando.

“El Ministerio de Hacienda dice que los municipios no pueden cobrar más del doble del impuesto del año anterior. Esto lo confirma la Ley 44 de 1990, el Consejo de Estado en su sentencia del 25 de febrero de 2021, y hasta el Estatuto Tributario del propio municipio de Sincé. Sin embargo, las alcaldías están cobrando sin control, multiplicando los impuestos sin justificación legal”, mencionó Oliver. (Lea en CONtexto ganadero: Llueven críticas a la nueva reforma tributaria de Petro que genera más impuestos)

Tiempo se acaba: ¡Presente su recurso ya!

El desconocimiento de los términos legales podría costarle caro a los ganaderos. Si no se presentan recursos de reconsideración dentro de los plazos establecidos, el impuesto se vuelve definitivo y ya no habrá forma de modificarlo.

Según Oliver, muchos ganaderos creen erróneamente que pueden pelear en mayo o junio, cuando en realidad sus términos ya estarán vencidos.

“La gente se asusta y protesta, pero no toma acción legal a tiempo. Presentar un recurso no es difícil y es la única vía para evitar este abuso. Si los ganaderos esperan demasiado, perderán la oportunidad de defenderse y quedarán atrapados en deudas impagables. Es fundamental que busquen asesoría inmediata y radiquen sus recursos ante la administración municipal y, en caso de que les nieguen su derecho, procedan a de ser necesario, ante el Tribunal Administrativo de Sucre”, advirtió Oliver.

¿Qué está en juego?

La crisis del avalúo catastral no solo impacta a los grandes productores. Los parceleros de cuatro o cinco hectáreas, que antes podían estar pagando $100.000 de impuesto, ahora deben pagar $1.500.000. En pocos años, muchos de ellos perderán sus tierras al no poder cumplir con estos cobros.

Si la situación continúa, el Gobierno logrará lo que parece ser su objetivo: arrinconar a los productores para que vendan sus tierras. “¿Quién pagará el impuesto predial cuando ya no haya ganaderos ni agricultores? La pérdida de estos predios significaría un golpe catastrófico para la economía local y la seguridad alimentaria del país”, concluyó Oliver.