El trabajo rural en Colombia no se ha escapado de los impactos de la COVID-19. Según datos oficiales, tan solo dos semanas después de la declaratoria de emergencia, 44.362 personas se convirtieron en nuevos desempleados y 108.000 en personas desocupadas en las zonas rurales, revela un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Algunas de estas personas se encuentran desocupadas porque no pudieron salir a buscar trabajo por las restricciones de movilidad y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. 

Lo anterior, porque, aunque el 60,7 % del total de empleo rural lo genera la rama de agricultura, ganadería, caza, y silvicultura, también hay en los centros poblados y zona rural dispersa otras actividades económicas. Por ejemplo, el segundo sector más importante que genera el 13,2 % del empleo rural es el comercio, hoteles y restaurantes; el tercero que concentra el 8,3 % de las personas ocupadas es la rama de servicios sociales, comunales y personales; y el cuarto con 6,3 % del empleo rural es la rama de industria manufacturera. Todos afectados por el cierre de locales y establecimientos de servicios, cierre de peajes, restricción de viajes a las personas por fuera de sus lugares de residencia, ruptura de las cadenas productivas agroalimentarias, entre otros. (Lea: Urge plan para frenar el desempleo en el campo: Acosemillas)

Sostiene el informe que “es evidente que las consecuencias económicas y sociales producidas por la crisis se están extendiendo rápidamente a las zonas rurales, y es necesario adoptar medidas para la preservación de los empleos formales, y de los medios de subsistencia de los trabajadores rurales. En caso contrario la brecha sobre las condiciones de vida entre la zona urbana y rural se profundizará con consecuencias en la pobreza e indigencia”.

El estudio sobre las necesidades actuales de los trabajadores rurales de las plantaciones de caña, palma, banano y flores, muestra que aunque el 34 % de los trabajadores encuestados ha visto disminuidos sus ingresos, hasta un 61 % ha transferido parte de estos ingresos a familiares o terceras personas para apoyarlos económicamente.

Por su parte, 47 % no le ha alcanzado el dinero para comprar los alimentos que necesitan en sus hogares; 37 % manifestó haber padecido por el desabastecimiento de alimentos; y un 10 % no tiene agua potable en su residencia para el consumo, el lavado constante de manos y el aseo adecuado del hogar. (Lea: Desempleo, la mayor amenaza sobre la demanda de alimentos)

A la pregunta de percepción hecha a las personas que siguen acudiendo a sus sitios de trabajo, sobre si considera que las medidas tomadas son suficientes para proteger la vida y salud de los trabajadores y sus familias, el 38,6 % respondió que no, el 57,9 % que sí, y el 3,4 % se abstuvo de contestar. La mayoría de quienes respondieron negativamente son de los sectores de flores y palma, quienes han denunciado que no se están tomando las medidas de distanciamiento social en vestidores, sitios de toma de alimentos, y transporte; además, de la falta de elementos de protección personal para evitar el contagio y formación adecuada a los trabajadores sobre estrategias para prevenir y afrontar el contagio del COVID-19.

Cuando se indagó entre este mismo grupo de personas, si consideraban que las medidas habían sido improvisadas, el 42,7% respondió que sí, el 53,10% que no, y el 4,13% se abstuvo de responder.

Sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el 80,7 % de los encuestados manifestó que se les había entregado gel antibacterial o alcohol y el 71 % recibe un tapaboca para cada día de la semana o tapabocas lavable.

Sin embargo, 56,5 % de los encuestados afirmó no haber recibido visitas a las plantaciones por parte de las aseguradoras de riesgo laboral para verificar que se estén adoptando las medidas de bioseguridad.

De las personas que continúan trabajando, el 40% respondió que en los vehículos en los que se transportan se exige la ubicación de una persona por cada puesto doble; 41,5% indicó que la empresa ha organizado turnos (menos personas, por ejemplo máximo 20 personas con distancia mínima de dos metros entre cada una) para el transporte del personal; y 18,4% que no se ha tomado ninguna medidapara mantener la distancia recomendada entre los trabajadores en los vehículos en los que se transportan. (Lea: Siga estas pautas para realizar la limpieza de los vehículos en las fincas)

En cuanto a la distribución de carga laboral, el 64 % de los encuestados respondió que es la mujer del hogar quien asume la carga de trabajo de cuidado no remunerado. Solo el 3 % de los entrevistados reconoció que se compartían las labores de forma equitativa. Esto, según el estudio porque en las plantaciones predomina la visión de que las labores requieren fuerza y resistencia, que han sido atributos social y culturalmente asignados a los hombres, por ello, la baja presencia de las mujeres.

Otro dato revelador del estudio es que del total de personas encuestadas, el 38,7 % tiene enfermedades preexistentes, concentradas en los mayores de 43 años. Lo que significa que tienen riesgos mayores ante un eventual contagio por el COVID-19, estas personas se concentran en los grupos etarios primordialmente concentrados en las personas mayores de 43 años. De este total de personas con preexistencias, el 52 % sigue trabajando normalmente, el 25,3 % ha sido enviado a casa y sigue recibiendo el salario, y el 20 % ha sido enviado a tomar vacaciones obligatorias. (Lea: Desempleo, informalidad, fiscalidad)

Ante este escenario, el estudio recomienda avanzar en la negociación colectiva y en la adopción de protocolos de bioseguridad. “La negociación colectiva se ha visto profundamente afectada por la crisis […] y la experiencia demuestra que con negociaciones colectivas multinivel o por ramas se pueden acordar protocolos de bioseguridad para asegurar el bienestar de los trabajadores y el funcionamiento de la empresa”, sostiene el estudio.

La responsabilidad sobre la adopción de los protocolos de bioseguridad no sólo debe recaer en las empresas y trabajadores: las autoridades locales, a través de sus Secretarias de Salud, deben realizar inspecciones y visitas para promover el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación ante un eventual contagio. (Lea: Protocolos de bioseguridad que debe cumplir el sector ganadero)

El estudio recomienda también trabajar en la promoción de campañas de redistribución del cuidado al interior de los hogares y en la creación de ambientes propicios para el diálogo social.

De acuerdo con el estudio, “uno de los principales retos para no contagiar el empleo rural es que el Gobierno Nacional procure reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, para que las empresas que son exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio no adopten medidas que deterioren las condiciones de los trabajadores y trabajadoras rurales en las plantaciones”.

Así mismo, se recomienda “avanzar en el desarrollo de protocolos de bioseguridad por tipos de plantaciones, que permita que todos los trabajadores y trabajadoras gocen de una adecuada protección para seguir desempeñando sus labores. Se deben seguir adoptando medidas para mantener los ingresos y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social de las personas que, por sus preexistencias médicas o condición de embarazo, o cuidado de personas mayores o niños y niñas no puedan seguir prestando personalmente el servicio”.