“Debemos reformar el Marco Fiscal. Debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo presupuestal no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían sus poseedores, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa”, afirmó el Presidente.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003, elMarco Fiscal de Mediano Plazoes un documento que presenta anualmente el Gobierno nacional al país, a las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal. En este documento se presentan las proyecciones macroeconómicas y fiscales para las próximas diez vigencias fiscales siguientes.

Es importante diferenciar entre el Marco Fiscal y la Regla Fiscal. Esta última es una ley aprobada por el Congreso en 2011, en la que se define el límite de la deuda pública y del déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo, es un documento que redacta el Ministerio de Hacienda y se actualiza cada año explicando cuáles son los supuestos macroeconómicos y los detalles de cómo el Gobierno piensa cumplir la regla fiscal a mediano plazo, es decir, 10 años.

La diferencia entre el Marco Fiscal es que el documento define las cifras del país para los próximos años y la regla fiscal fija los límites de esos ingresos y los gastos. Para vigilar qué tan viables o no son esas cuentas y si se cumple esa regla existe el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). (Lea: Es necesario mirar más allá de simplemente la compra de tierras: Lafaurie Rivera)

Esa regla se creó en 2011, se implementó en 2012 y se volvió a cambiar en 2021 en la pasada reforma tributaria impulsada por el ministro de Hacienda de Duque, José Manuel Restrepo. Allí plantean que el déficit fiscal en 2022 debería ser del 4 % del PIB, de 1,4 % del PIB en 2023 y de 0,2 % para 2024.

Las cuentas que tiene el Ministerio de Hacienda en los supuestos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que fueron actualizadas el pasado 10 de septiembre, el déficit fiscal proyectado para el 2023 cumpliría con la regla, pues estaría en 4 % del PIB.

Sin embargo, si el país se endeuda más para un plan como el que plantea Petro de compra de tierras, que según sus cálculos valdría unos $60 billones, esas cifras no se podrían cumplir.

Según dice la última actualización de esa ley de la regla fiscal, citada por el portal, si no se cumplen estos supuestos el Ministerio de Hacienda tendría que presentar un informe demostrando por qué se incumplen esos límites y mostrar cómo empezarían a alcanzar esas metas.

Pero más allá de lo que señala esa ley, el efecto más grave que tendría romper la regla fiscal sería sobre los mercados y los inversionistas que están interesados en Colombia, quienes no verían con buenos ojos el manejo de las finanzas públicas del país. (Lea: El gobierno está dispuesto a comprar tierras: Lafaurie)

El temor de inversionistas y de analistas es que suspender esa regla fiscal, o incumplirla para endeudarse más para cosas como el plan de tierras, mandaría señales negativas al mercado y a las calificadoras de riesgo sobre el manejo de la economía colombiana, lo que haría al país menos atractivo a la entrada de recursos.

A agosto, la deuda bruta del Gobierno llegó al 58 % del Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2022 el nivel proyectado por el Ministerio de Hacienda es que se ubique en el 56,5 % del PIB.

Colombia debe cumplir la regla fiscal, que es la herramienta que tiene el país para limitar el endeudamiento y el hueco fiscal. De hecho, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dicho que “el Marco Fiscal se va a presentar a final de año y va a cumplir las normas de la regla fiscal”.

De otro lado y para avanzar en el propósito del gobierno de cumplirle a las Farc, el mandatario hizo referencia a la implementación de “instrumentos como el catastro multipropósito y ojalá, un incremento del impuesto a la tierra, de gran posesión fértil pero improductiva”. Además, planteó la posibilidad de priorizar la compra de la tierra como inversión pública del país.

En contra de las recientes recomendaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el objetivo del Gobierno es poder tener un endeudamiento mayor para poder comprar esas tierras y dárselas a los campesinos. Este proceso tendría un costo de 60 billones de pesos, según ha indicado el mandatario.