Colombia vive un momento de transición en el que se busca mejorar la producción, estabilizar las economías locales a partir del fomento del uso de la tierra y la inclusión de los productores de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, como base para la seguridad y soberanía alimentarias.

Uno de los puntos centrales del acuerdo con la guerrilla de las Farc es la reforma rural integral, sobre la cual el gobierno busca dar cumplimiento con entregar tierra a quien no la tiene, acompañada de una serie de proyectos productivos que deben hacerse de manera asociativa para que tengan resultado.

Con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, que se celebró el pasado 16 de octubre, el gobierno propuso tener una mirada integral, buscando que se mejoren la producción, la nutrición y la gestión responsable de los recursos naturales para lograr el bienestar común; transformando los sistemas agroalimentarios y avanzando en la implementación de soluciones sostenibles y holísticas que consideren el desarrollo a largo plazo, el crecimiento económico inclusivo y una mayor resiliencia.

Con la alerta de tener a 4.2 millones de colombianos en inseguridad alimentaria (según el informe SOFI 2021) y 13,5 millones de personas que no pueden acceder al consumo de una dieta saludable, ha hecho que el gobierno nacional aborde diferentes medidas para que esta problemática encuentre salida desde diferentes ángulos. (Lea: Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha para destacar su papel en el agro)

Colombia se encuentra entre los países que pueden enfrentar una crisis alimentaria. El impacto económico de la pandemia de covid-19, la inestabilidad política y social, la crisis migratoria y de desplazados, la inseguridad y la falta de lluvias destacan entre los factores que pueden generar más hambre en países como Colombia, prevé un informe de la ONU.

El informe Focos de Hambre advierte que el hambre ganaría terreno en Colombia, incluyendo a los migrantes venezolanos, debido una la combinación de la inestabilidad política, el impacto de la pandemia de covid-19, la crisis migratoria regional y el desplazamiento interno.

De acuerdo con el estudio de necesidades humanitarias de 2022, 7,3 millones de colombianos precisarán asistencia alimentaria este año y hasta julio de 2021 había 1,1 millones de migrantes venezolanos en el país en situación de inseguridad alimentaria, aunque reporta que esto ha mejorado ligeramente.

El texto también subraya que ha aumentado el número de migrantes venezolanos, que en agosto pasado llegaba a 1,8 millones acogidos en Colombia y adelanta que esa cantidad podría crecer. A ese colectivo se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.

Según una nota de Infobae, en el terreno político, el documento refiere los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y los grupos armados no estatales, que ha provocado violencia y nuevos desplazamientos masivos que podrían crecer por el malestar social y los posibles baches económicos a lo largo de las campañas electorales en curso.

Señala que la pandemia ha acrecentado la desigualdad y apunta que el alto nivel de la inflación seguirá afectando el poder de compra de las familias pobres. (Lea: El alma de la ruralidad, nueva publicación del IICA)

La FAO y el PMA señalaron que el acceso de la asistencia humanitaria a Colombia es muy restringido y proyecta que empeore en las zonas afectadas por el conflicto.

Para afrontar el problema, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida, así como la distribución de insumos agrícolas y el establecimiento de áreas para la producción rápida de alimentos, atención médica veterinaria, apoyo a la producción de forraje y ayuda para preservar los medios de vida.

La pobreza, que según reporte del DANE (2021) reflejaba que el 12,2 % de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, aquellos que no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos, es una de las raíces de la problemática del hambre.

También incide en los casos de sobrepeso y obesidad, que se ocasiona en buena medida a la alternativa que tienen los consumidores con menos recursos, de priorizar la compra de alimentos a partir de sus ingresos, incluyendo en su canasta familiar alimentos de baja calidad o con mínimos aportes nutricionales, según un reporte de la FAO.

Será necesario entender esta situación y tomar medidas bajo un enfoque de derechos, propiciando la revisión y diseño de políticas que den respuesta efectiva. Acceso a la tierra, innovación e inversión, serán claves para que las comunidades rurales puedan encontrar en el campo un escenario de desarrollo y aporte a la salud de las personas y el planeta, con la producción de alimentos saludables y sostenibles, indica el organismo internacional. (Lea: Ganadería y proteína animal, básicas para la seguridad alimentaria)

Pero es también importante establecer sinergias sólidas entre la empresa privada, los consumidores y las instituciones, de manera que todos los actores del sistema agroalimentario participen de forma responsable y solidaria en el impulso de la economía rural del país.

Solo así, con la unión y la solidaridad, como principios básicos del desarrollo, Colombia podrá cumplir la promesa de ser despensa alimentaria para sus propios ciudadanos y el mundo.