Según el sector transportador, “el Gobierno pretende dilatar el cumplimiento de las normas, proponiendo estudios y diagnósticos”. Aún se evalúan las posibilidades de realizar una inmovilización a nivel nacional.   De acuerdo con las directivas de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC; la Asociación Nacional de Transportadores, ANT; y la Confederación Colombiana de Transportadores, CCT, el pasado 20 de mayo fueron citados al despacho de la ministra de Transporte, Natalia Abello, en donde se habló de la reglamentación sobre el funcionamiento y los costos de la actividad del sector.   Sin embargo, para los voceros de los gremios transportadores el encuentro no fue del todo productivo, porque “el Gobierno pretende dilatar el cumplimiento de las normas legales vigentes, proponiendo estudios y diagnósticos, en lugar de hacer cumplir la ley”. (Lea: Para ATC, ni el Gobierno ni el Congreso cumplen sus promesas)   “Varios funcionarios del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte distorsionan y evaden el estricto cumplimiento de la Resolución 757 de 2015 y los Decretos 2092 de 2001 y 2228 de 2013, con circulares nefastas como la 4611 de mayo de 2015. Somos claros en nuestra posición y no permitiremos que sigan emitiendo actos administrativos que violan la reglamentación y que pretenden justificar el incumplimiento de las normas legales vigentes”, señaló Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo de la ATC.   Al respecto, Jorge García, presidente de la CCT, sostuvo que de manera respetuosa y atenta se ha hablado con la ministra en diferentes espacios para llegar a acuerdos que favorezcan el desarrollo del sector, pero hasta el momento no hay ningún avance. Aunque se planea trabajar en una política de transporte, al revisar varios temas.   “Nos preocupa la modificación del Decreto 170, incluso la modificación del Conpes 3489. En reiteradas veces pedimos una rebaja en el valor del combustible, teniendo en cuenta el precio internacional del petróleo y la implementación de la fórmula. Que no se permita el establecimiento de la vida útil del parque automotor hasta que no se gaste el billón de pesos que tiene el Gobierno, producto de la póliza de 2006, por lo que pedimos que se hagan los estudios y no se lleve a cabo el desmonte 1 a 1. También nos oponemos a la imposición de más casetas de peajes y del desmesurado incremento del 300 %, para financiar las vías 4G. Y por último, que se reconozca la labor del conductor, que sea calificado como nivel 5 y que tenga acceso a la pensión de acuerdo a este trabajo de alto riesgo”, añadió García. (Lea: El ‘crudo’ panorama de los transportadores colombianos)   A su vez, Gustavo Montoya, miembro de la junta directiva de la ATC, dijo en diálogo con CONtexto ganadero que el Gobierno busca dilatar de diferentes formas el cumplimiento de los acuerdos e insistió que a través de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, se evaden los pagos a los transportadores, según la tabla de precios establecida en el Sistema Integral de Costos Eficientes, SICE.   “Quienes tienen que pagar el costo mínimo de transporte es la Andi, porque es usuaria del servicio; allí también está incluido Fenalco. Ambas entidades les han dicho a sus asociados que no deben costear ese rubro, porque implica más costos y como ellos son los que ponen al Presidente, entonces el Gobierno se acomoda a las pretensiones de ellos”, agregó Montoya.   Adicional, la ATC explicó que la propuesta de la ministra se basa en una nueva instalación de mesas de diálogo, cuando en la actualidad hay 97,  las cuales “solo sirven para dilatar las acciones. Por eso esperamos los resultados de las intervenciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para que haya sanciones”. (Lea: “Gobierno no apoya competitividad de la industria”: transportadores)   García afirmó que se mantienen las conversaciones entre el sector para determinar si habrá o no una nueva inmovilización camionera, como la que se dio el pasado 23 de febrero.   “Ya se nos está acabando la paciencia y muy a nuestro pesar nos va a tocar tomar decisiones sobre ese tema. Nosotros lo único que le decimos al Gobierno es que haga cumplir los decretos y la resolución, que miren aspectos como los peajes, el combustible, el estado de las vías, porque todo esto incide un 73% en nuestra canasta de costos”, puntualizó Gonzalo Montoya. (Lea: ¿El Gobierno Santos se olvidó del sector transportador?)