La industria del petróleo y la minería en Colombia se ha convertido en el blanco principal de las acciones de la guerrilla, que la ven como una fuente de ingresos y una vitrina, aunque los ataques no amenazan el crecimiento de este sector, clave para la economía.

Las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 8.000 y 1.500 combatientes respectivamente según estimaciones de las autoridades, y con más de cuarenta años de existencia, son las autoras de la mayoría de los secuestros y sabotajes contra este sector de la economía.

Sólo en la última semana, el ELN se atribuyó el secuestro de cinco empleados de una minera canadiense, entre ellos tres geólogos extranjeros, cometido el 18 de enero en el norte del país, y las Farc han dinamitado el oleoducto Trasandino, que transporta crudo desde Ecuador a Colombia.

También, en otra acción, averiaron el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela), sin que se produjera derrame de petróleo. (Gobierno de Colombia y Farc se exigen mutuamente acelerar diálogo de paz)

"Esto demuestra que los guerrilleros están en un estado de extrema debilidad. Para atacar las instalaciones petroleras necesitan menos recursos y no se exponen a los mismos riesgos que si enfrentan al Ejército", dijo a la AFP Román Ortiz, especialista en el conflicto colombiano y profesor de la Universidad de los Andes, de Bogotá.

La seguridad también es más difícil de lograr en las áreas de producción, generalmente apartadas zonas rurales y de difícil acceso, donde los rebeldes hacen presencia principalmente.

En diez años, los ataques contra oleoductos y pozos aumentó de 86 a 151, según cifras oficiales. En 2000, los secuestros cometidos en la industria petrolera representaron menos del 1% de todos los ocurridos en Colombia, contra más de un 10% en 2011 con 43 trabajadores secuestrados.

En 2012, un total 21 empleados del sector fueron secuestrados y dos asesinados por el ELN, principales responsables de los raptos en ese sector (90% del total), mientras que las Farc en ese mismo año abandonaron oficialmente la práctica del secuestro extorsivo.

Para estas guerrilla "los pagos de rescates, las amenazas y las extorsiones, representan un buen ingreso", dijo a la AFP Orlando Hernández, analista de riesgo de la sociedad colombiana Consultores Terra, especializada en estudios ambientales y sociales.

Estas acciones se dan pese a que las Farc realizan negociaciones de paz con el gobierno colombiano desde noviembre pasado en Cuba pero sin que medie un cese al fuego, en tanto que el ELN, aunque ha manifestado que está abierto a una negociación, "trata de presionar con este tipo de acciones que les permite que se hable de ellos", estima Ortiz.

Sin embargo, según este experto, estos ataques si bien tienen "costos, no son suficientes para interrumpir la producción de petróleo".

El sector petrolero y minero es uno de los pilares en los que el presidente Juan Manuel Santos (centro-derecha) ha centrado el desarrollo del país.

A pesar de que se desaceleró ligeramente su ritmo, la producción promedio de petróleo crudo en 2012, llegó a 944.000 barriles por día, lo que se acerca a la meta de un millón que espera el gobierno.

Los hidrocarburos representan más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que la inversión extranjera directa en el sector minero aumentó de 2,1 millones de dólares a más de 10.000 millones en diez años, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.

Los ataques de la guerrilla no han frenado la búsqueda de petróleo: en 2012 se llegó a un récord de 130 perforaciones de nuevos pozos, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Aliarse con las Farc)

Sin embargo, más allá del impacto económico limitado, el costo de este acoso es importante para el medio ambiente y para la población local. En 2012, las acciones de la guerrilla contra el sector provocaron el derrame de "261.000 barriles de petróleo" en la naturaleza, de acuerdo con Consultores Terra.

Los atentados contra torres transmisoras de energía "también afectan a poblados enteros que han pasado sin luz eléctrica hasta ocho días, afectando hospitales y establecimientos comerciales", recuerda Hernández.