El próximo 2 de julio arranca la recepción de solicitudes para títulos mineros en la Amazonía, una reserva natural que luce próspera para el desarrollo de dicha actividad. Pero la pregunta es, ¿arrasará la minería con la biodiversidad y los recursos naturales sin que alguien pueda detenerla?
En la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por Ipsos Napoleón Franco, del año 2012, el 43% de la población en la Amazonía manifestó haberse visto afectada negativamente por la actividad minera, porcentaje que aumentó en relación al resultado de 2011 (13%). Por esto, y ante la posibilidad de que se reactive la actividad minera en esa región, el pasado 13 de junio se llevó a cabo un debate organizado por la alianza Amazonas 2030.
El conversatorio tuvo a ponentes como Adriana Soto, viceministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Guillermo Castro, director de fomento y desarrollo de la Agencia Nacional Minera y Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinch.
El tema central giró en torno a la resolución 1518, expedida en agosto de 2012, que suspendió la extracción minera en la reserva forestal de la amazonía y establece que la suspensión de los trámites para la sustracción es de carácter temporal, y se levantará una vez se lleve a cabo la zonificación y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonía. Lo que para algunos expertos suena como una medida tibia a muy corto plazo que sin embargo, no está orientada a resolver el problema de fondo.
La Agencia Nacional de Minería ha señalado en diferentes ocasiones que “solo cuando se tenga conocimiento suficiente del suelo y las comunidades, y además existan autoridades fuertes en la zona, se abrirán las puertas de la Amazonía colombiana a una minería responsable, que será fiscalizada y controlada con lupa”. (Lea aquí -La Amazonía colombiana en riesgo por el cambio climático y la mineria ilegal-)
Una situación que otras entidades asociadas al sector avalan, al tiempo que piden a los ambientalistas que no se interpongan. ‘Ya cualquiera habla de minería, no importa si conoce del sector o no, el punto es que todos se sienten autorizados para emitir conceptos en su gran mayoría desfavorables hacia esta actividad y no podemos ser tan ingenuos y pensar que esas riquezas no se van a sacar por el hecho de impedir que los que conocen del sector lo haga ya que de una u otra forma, los minerales se van extraer’, indica Carlos Mojica, director de País Minero
Pero mientras esto suena así, las cifras de titulación de predios para actividad minera revelan que esta locomotora viene con los motores a toda marcha.
Según el informe “Transformaciones en la Amazonía colombiana: Retos para un desarrollo sostenible” publicado por la Organización Alisos-Alianzas para la Sostenibilidad, mientras en promedio, entre 1988 y 2005, la titulación se efectuó a razón de 209 hectáreas por año, entre 2005 y 2009 el estimativo se elevó a 16 mil hectáreas, alcanzando en 2010 una cifra récord de cerca de 48 mil hectáreas.
Ante este panorama, la viceministra de Minas y Energía, Natalia Gutiérrez dijo recientemente en una entrevista al portal Semana.com ‘que no puede haber minería en parques naturales. En la mayoría de los casos, los títulos fueron otorgados antes de la declaratoria del parque o con información geográfica insuficiente. Lo que se está haciendo es volver a delimitar los títulos para que queden por fuera del área de los Parques Naturales Nacionales’. (Acá también -En la Amazonia buscan nuevos proyectos para ejecutar recursos de las regalías-)
A su vez, César Díaz Guerrero, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería señala que: "Con el propósito de ordenar el territorio, el Gobierno nacional declaró las Áreas de Reserva Estratégica Minera, con el fin de restringir la posibilidad de ser solicitadas bajo la figura de primero en el tiempo, primero en el derecho. En ese sentido, la apertura de recepción de solicitudes para contratos mineros que se dará el 2 de julio, no afectará el planeamiento que el Gobierno ha definido para ese territorio en particular".
El debate queda en el aire y exige respuestas por parte de las autoridades competentes, en cuanto las decisiones que se tomen sobre extracción en la Amazonía, que además de tener consecuencias de tipo económico, afectaría el bienestar de un bioma del cual depende la calidad de vida en toda Colombia.