Ignacio Amador Gómez, zootecnista, Máster en Ciencia y Tecnología de Carnes y presidente de ACOVEZ, señala que la apertura de plantas municipales no resuelve la problemática del alto precio de la carne en el país, principalmente porque este precio lo representa en un 70% el valor del kg del animal en pie en finca o en feria o planta de beneficio, caso en el cual este precio debe incluir el valor de la guía de movilización, del transporte y las mermas de peso generadas en su movilización. El 30% restante está compuesto por el costo del servicio de beneficio, los impuestos (deguello y FNG), el transporte de la canal al expendio y el proceso, de desposte, empaque y porcionado.

Adicionalmente, en cualquier municipio del país, los ganados deben llegar a la planta de beneficio, bien sea caminando varias horas o transportado en algún vehículo, lo que implica un costo, razón por la cual la influencia del costo del transporte en el precio final de la carne es mínima.

“Considero que el municipio debe evaluar el beneficio-costo de la inversión que tendría que hacer para poner en funcionamiento una planta de beneficio de autoconsumo que cumpla con los requisitos sanitarios y ambientales exigidos en la normatividad vigente y que garantice la inocuidad del alimento y la seguridad alimentaria. Vale la pena mencionar que muchas plantas municipales fueron cerradas por las CARS, debido al inadecuado manejo de vertimientos líquidos y manejo de residuos sólidos. Este control de contaminación ambiental aún persiste”, aseguró Amador.