365 días han pasado desde que el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley anticontrabando, una herramienta con la que se pretende dinamizar la economía y preservar los intereses de quienes de manera legal trabajan por un mejor país.   En el momento de su promulgación, Santos no dudo al decir que la Ley  traería  grandes beneficios para el país y su economía, ya que ataca principalmente a los grandes contrabandistas, “a esos que les hacen el trabajo de lavado de activos a los narcotraficantes”.   Un año después, CONtexto ganadero consultó con los dirigentes de algunos de los sectores más perjudicados por quienes se dedican a este tipo de delito y con Gustavo Moreno, director Nacional de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, sobre el balance del primer año de aplicación de la Ley anticontrabando.   De acuerdo con el oficial, la Ley marcó un punto de inflexión en la lucha contra ese delito, no solo porque lo tipificó como fuente de lavado de activos sino porque aumentó las sanciones legales con penas de hasta 30 años. (Lea: Ley anticontrabando ya es una herramienta para defender al agro)   “Se tuvieron en cuenta delitos como el concierto para delinquir, el favorecimiento del contrabando por parte de funcionario público y de particulares; también se han incorporado medidas administrativas, como el cierre de establecimientos de manera temporal o definitiva, algo para lo cual estamos ya esperando la reglamentación”, indicó.   Moreno resaltó que la Ley anticontrabando ha permitido que fiscales, jueces, personal de la Policía puedan adelantar labores de manera más articulada con el sector privado y así atacar a todos los miembros de la cadena ligada a este flagelo.   “Podemos atacar desde el origen del problema, quienes ingresan al país con material ilegal, a quienes transportan ese contrabando y llegar a centros de acopio o distribución de los mismos”, sostuvo.   La opinión de los dirigentes gremiales   José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, ratificó que es importante contar con un mecanismo como la Ley anticontrabando, pero teme que el esfuerzo se pierda si no hay manera tangible de medir su eficacia. (Lea: Cifras respaldan el trabajo de la Polfa para erradicar contrabando)   “Era importante contar con un mecanismo como la Ley anticontrabando, pero será un esfuerzo perdido en la medida que no se empiecen a ver resultados en el corto plazo y que los delincuentes sepan que el rigor de la justicia será aplicado severamente, a diferencia de lo que venía sucediendo hasta ahora”, señaló.   El dirigente reiteró que la principal preocupación en el sector ganadero se da por cuenta del estatus sanitario del país, en riesgo por la entrada sin control de animales, pero también por la salud de los consumidores, que por el afán de ahorrarse unos pesos exponen su salud al comer carne de la que desconocen su origen.   “Nos sigue pareciendo cuando menos extraño el hecho de que en las zonas de frontera, especialmente la de Cúcuta y Norte de Santander, las cifras muestren que el sacrificio legal tiende a disminuir, pero no así el consumo de carne, lo que evidencia que gran parte del producto que allí se consume debe tener su origen en animales que ingresaron de manera ilegal a Colombia”, agregó. (Lea: Polfa le apuesta a la tecnología para erradicar el contrabando)   Por su parte, Carlos Alberto Maya Calle, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Asoporcicultores, manifestó que se viene trabajando de manera coordinada con la Polfa, aunque aseveró desconocer si la Ley ha sido aplicada a algún contrabandista de carne de cerdo.   La Asociación “viene trabajando de manera coordinada con la Polfa a través de operativos puntuales de decomiso de carne y animales en pie, hacemos parte del sistema que trabaja para disminuir las afectaciones que genera esta sensible problemática”, precisó.   Asimismo, Maya Calle valoró el hecho de que la Policía Fiscal y Aduanera tengan ahora mayores posibilidades de perseguir y judicializar a los contrabandistas.   En esto último coincidió Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, que incluso fue más allá y sugirió que se requiere que el gobierno dote a la Polfa de equipos y tecnologías que les permitan ser aún más eficientes en sus actividades.   “Es importante que puedan contar con el número de unidades suficientes para lograr controlar los pasos de frontera por donde se genera la mayor cantidad de contrabando”, dijo. (Lea: Preocupaciones de los ganaderos frente a la ley anti contrabando))   Detalló Hernández que en el caso del arroz ha habido una disminución el contrabando, pero la atribuyó en gran parte a lo que ha venido sucediendo con la tasa de cambio.   “Hay una reducción y es que por el valor de la tasa de cambio no resulta tan rentable traer el producto de otros países; pero de todas maneras, es innegable que esta Ley ayuda en el control y actuación de las autoridades”, reseñó.   Los 3 fueron claros al expresar que desconocen si ha habido casos de capturas, judicializaciones y condenas, aunque admiten que el tiempo que ha transcurrido es poco para poder hacer un balance justo de los beneficios que esperan tener los empresarios de sus sectores gracias a la Ley.   Sobre ese particular Moreno confirmó que 6 efectivos de alto valor fueron desarticulados, “miembros de estructuras criminales dedicadas al contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal que han sido objeto de esa ley y esperamos que las penas que les impongan sirvan de referencia y ejemplo y eviten que más personas se dediquen a ese accionar delincuencial”. (Especial fronteras: Venezuela, amenaza y oportunidad para Colombia)   En su criterio, la realidad geográfica y cultural de regiones como Cúcuta o Norte de Santander puede complicar el trabajo de las autoridades. Explicó que solo en la primera hay detectados 52 trochas o pasos ilegales, en los que la Fuerza Pública no puede tener control las 24 horas.   El brigadier general remató diciendo que la realidad es que sí se han dado golpes importantes a redes dedicadas al contrabando, pero también lo es el que hay que desmontar la ideología de hacer trampa, de acudir a la ilegalidad y que los delincuentes dejen de ver allí una oportunidad.