El presidente Gustavo Petro puso sobre el tapete el tema de las inversiones forzosas que genera temor e incertidumbre entre la banca, las empresas, los gremios y hasta los ciudadanos de pie.

La idea de obligar a los bancos a destinar una mayor parte de sus recursos a ciertos sectores y con menor rentabilidad prendió las alarmas en el país porque hasta las personas consideran que sus ahorros en las instituciones financieras están en riesgo.

No obstante, hay un sector que conoce bien el tema y es el agropecuario ya que desde 1990, con la Ley 16, se establecieron dichas inversiones forzosas, además de crear el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA) y darle vida a Finagro, entre otros temas.

Según Finagro, entre las razones por las cuales el sector agropecuario requiere un sistema de financiamiento diferenciado están factores como el bajo margen de utilidad de los sistemas productivos y actividades expuestas a riesgos climáticos y biológicos, entre otros, que dificultaban que las entidades financieras prestaran recursos a actividades relacionadas con el sector.

Con la ley 16, se estableció una inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) con el objetivo de generar una fuente de fondeo que no solo les permitiera a los pequeños productores, de un sector tan riesgoso como el agropecuario, acceder a crédito de fomento, sino además otorgar las mejores condiciones de financiamiento a toda la cadena de valor del sector agropecuario. De esta manera, más de 2,3 millones de productores agropecuarias han contado con una operación activa en Finagro desde el año 2.000. (Lea en CONtexto ganadero: La inconveniencia de las inversiones forzosas)

El SNCA clasifica en dos los TDA: Tipo A y Tipo B, los primeros se utilizan para impulsar el crédito de los pequeños productores y los otros para financiar a los demás actores de la cadena del sector.

“Gracias a la existencia de los TDA, en los últimos 30 años se ha logrado consolidar una exitosa política de inclusión financiera en el campo colombiano. Con los TDA se ha asegurado que campesinos y pequeños productores cuenten con recursos para recibir un crédito barato. A junio de 2024 hay 875.000 beneficiarios con un crédito Finagro de los cuales 770.000 son pequeños productores”, indicó la banca de segundo piso.

Finagro utiliza los TDA para brindar operaciones de crédito de redescuento en las condiciones más bajas del mercado. Los bancos privados compran los títulos TDA que emite Finagro y la ley estableció que dichas inversiones pueden ser menores si los bancos dan recursos directamente al sector y esto último se conoce como cartera sustitutiva.

En este momento, hay al menos $15 billones en cartera de redescuento, y $15 billones en cartera sustitutiva, según información publicada por El Colombiano.

Acuerdo con la banca

El martes 20 de agosto, el presidente Gustavo Petro, junto con varios ministros y funcionarios del Gobierno, adelantó una reunión en la Casa de Nariño con diferentes representantes del sector financiero y bancario en las cuales se abordó el tema de las inversiones forzosas. (Lea en CONtexto ganadero: El plan mágico de Petro para “reactivar” la economía)

Aunque durante el encuentro se revisó la propuesta de destinar $50 billones a sectores priorizados, no se llegó a un acuerdo formal, aunque se tiene prevista una nueva reunión para este martes 27 de agosto.

Si hay acuerdo, el Gobierno no presentaría un proyecto de ley al Congreso para establecer las inversiones forzosas hacia sectores como el agro, el turismo y la construcción.

Tras la primera reunión, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, manifestó que se evaluaron los mecanismos de financiamiento para el plan de recuperación económica, “fue una conversación constructiva, franca y propositiva”.

La propuesta de la banca consiste en desembolsar los $50 billones en sectores estratégicos como vivienda, turismo, transición energética, manufactura, economía popular y agro, en un periodo de 18 meses.

De acuerdo con información de La República, las propuestas de la banca en el Gran Pacto por el Crédito, para el caso del sector agropecuario son: aumentar el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), en 10 puntos porcentuales, con desembolsos por $0,5 billones; aumentar garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y asignar más recursos al incentivo al seguro agropecuario, ISA con desembolsos por $0,2 billones y $1,6 billones, respectivamente.