Al mal manejo que se le da a los asuntos agropecuarios sobre los que se presta algo de atención desde el Ejecutivo se suma el hecho de que ahora se quieren usar como caja menor recursos que son de los productores y que se manejan a través de los gremios. Las necesidades de quienes se encuentran en el sector rural colombiano son muchas, todas expuestas a lo largo de estos años en CONtexto ganadero y socializadas por ellos mismos en cada espacio que les es posible y cada vez que se los permiten. Lo triste del tema es que a pesar de lo anterior y de que se puede decir que existe conciencia sobre ello, poco o nada se hace desde el Gobierno para ayudar a resolver en algo las falencias de aquellos que han optado por vivir en los campos del país. (Lea: Con 5 proyectos se buscará “sacarle provecho” al agro) Así las cosas, aspectos como el alto costo de los insumos, la participación de intermediarios, el accionar del sector industrial, las enormes dificultades para acceder a créditos, entre otros, hacen que el reto sea cada vez más difícil. A esto se le suma una petición constante y que solo ahora por cuenta del posconflicto recibe algo de atención: la asistencia técnica. Se trata de algo que le es común a todos los gremios productivos: el avícola, pecuario, porcino, frutícola, cafetero, por solo mencionar algunos. De ella depende que el conocimiento llegue a través de las personas indicadas, a la mayor cantidad de productores, en el momento oportuno y lo más importante: de manera gratuita. De acuerdo a las estadísticas del Censo Agropecuario que se realizó en 2014, solo el 10 % (72 mil 400 campesinos) dijeron haber recibido este servicio en 2013, esto a pesar de que el Ministerio de Agricultura contaba con $200 mil millones para prestar ese servicio de manera gratuita, según lo confirmó Indalecio Dangond, columnista del sector. El Gobierno quiere ahora empezar a saldar parte de esa deuda histórica que tiene con el campo y las millones de familias que en él se encuentran. Lo hace porque así se acordó en el Acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, que lo obligaron a incluir eso como parte del primer punto relacionado con el sector agrario. Para ello apelará al ‘fast track’ o vía rápida, mecanismo que anunció en días pasados el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri sería el utilizado para agilizar la aprobación de varios proyectos del sector. (Lea: Lafaurie presenta Decálogo Rural para iniciar recuperación del campo) De este modo, la cartera impulsará proyectos y para su financiación utilizará las arcas del Gobierno, créditos, regalías y los fondos parafiscales de los sectores agropecuarios, recursos que les corresponden a los productores y que en ningún momento se pueden considerar públicos. El gremio avícola el primero en expresar su preocupación Andrés Valencia, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, dijo al diario La República que esa situación podría llegar a afectar el presupuesto y los planes de acción que ya se encuentra definidos para esta vigencia. “En el caso del sector avícola usamos gran parte de los dineros del fondo para la promoción del consumo de pollo y huevo, otra a aspectos sanitarios y ambientales, y para incrementar nuestra productividad mediante asistencia técnica” manifestó Valencia. (Lea: 89 % del sector rural no accedió a créditos, según Censo Agropecuario) Al gremio le preocupa que el proyecto de ley no define de cuanto dinero será tomado de los fondos ni la duración que tendrá, y adicionalmente cataloga el uso de estos recursos como subsidios. Tal y como están las cosas, todo indica que luego de más de 30 meses en el cargo Aurelio Iragorri Valencia decidió acordarse de la importancia que tiene la asistencia técnica e iniciar gestiones que permitan su implementación. Surgen varias dudas: ¿esto hace parte de algún proyecto estructurado? ¿A partir de cuando iniciarían las capacitaciones? ¿Quiénes serán los encargados de dar la asistencia? ¿Cómo se convocará a la gente? ¿Participarán de alguna manera los desmovilizados de las Farc?