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El evento, al que asistieron invitados internacionales, puso de relieve las próximas tareas en las que enfilará baterías el gobierno del presidente Petro: la revisión y actualización de las regulaciones actuales relacionadas con el Impuesto Predial Unificado Rural, que es crucial para este gobierno.
A decir de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, estas tareas buscan no solo preservar los usos agropecuarios de la tierra, sino también promover la progresividad en la recaudación de impuestos y salvaguardar las áreas destinadas a la producción de alimentos.
En el evento participaron el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. No contó con la asistencia del sector privado, ni gremios del sector rural, excepto por la Federación Colombiana de Municipios, y el Lincoln Institute of Land Policy.
El impuesto predial unificado es tributo de orden municipal, reglamentado por la Ley 44 de 1990, que otorga a los municipios la competencia para su administración, fijación de tarifas y recaudo. Es el segundo tributo de mayor peso sobre los ingresos tributarios municipales (29 %), superado por el Impuesto de Industria y Comercio, ICA (40 %).
Para los conferencistas esta Ley determina parámetros para la definición de las tarifas que básicamente están orientados a los sectores urbanos, desconociendo las particularidades de las zonas rurales, por ello, «es poco eficaz para la fijación de políticas públicas de interés, como los principios de progresividad y equidad tributaria y el impulso y protección de actividades económicas, como las agropecuarias». (Lea en CONtexto ganadero: Catastro multipropósito, un cheque en blanco)
Claudia Liliana Cortés, directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), señaló que la propuesta que se presentó, la vienen trabajando varias entidades de manera articulada, la cual tiene como tareas construir transparencia en el mercado de tierras, incrementar el recaudo municipal y contribuir al uso eficiente del suelo.
Jorge Iván González, director del DNP, indicó que el «catastro multipropósito es la gran revolución del sector agropecuario para una verdadera transformación del campo».
Propuesta de análisis para un impuesto predial rural
Esta propuesta, elaborada por la UPRA junto con el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio de Hacienda, propone una estructura tarifaria para la aplicación del impuesto predial unificado rural, buscando la progresividad del tributo, impulse la sostenibilidad, la protección ambiental y el incentivo a la producción agropecuaria. (Lea en CONtexto ganadero: Productores pagarán más impuestos con nuevo avalúo de tierras)
Este fue liderado por Gustavo Adolfo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Luis Fernando Sandoval Sáenz, funcionario de la UPRA, y Magda Cristina Montaña Murillo, asesora de la UPRA.
Gustavo Marulanda, del IGAC, indicó que esta entidad tiene como meta obtener los valores de los predios urbanos y rurales, pero en particular de los predios rurales, por lo menos del 60 %. Agregó que «esa es una tarea que se logra a través de la actualización catastral», en la cual este gobierno está totalmente comprometido» y tiene como objetivo ofrecer lineamientos a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura para la compra de tierras, tal como lo estipula la Reforma Integral Rural. Se habló de trabajar sobre la base catastral.
Destacó que entre los proyectos que está trabajando con la UPRA el primer tema es uso y aptitud con escala a 25.000, un insumo fundamental para que la UPRA avance aún más en términos de identificación para la planificación rural con un mayor nivel de detalle. Por otro lado, trabajamos en valores de referencia a escala 1:1000, en departamentos como Cauca, Sucre, Córdoba.
El cómo de la propuesta
Los participantes abordaron el ajuste sustancial y procedimental con el cual se pretende incrementar los ingresos propios de las entidades territoriales para la provisión de infraestructura y equipamientos sociales y productivos que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Señalaron que hay 78 municipios, que no tienen formación catastral rural, lo cual afecta el recaudo por ese concepto.
La propuesta contempla una estructura tarifaria que considera la progresividad del tributo a través del avalúo catastral, la diferenciación y promoción de actividades agropecuarias y de conservación y protección ambiental. Además, cuenta con una clasificación de las actividades económicas del ordenamiento territorial, en 6 grupos tarifarios de acuerdo con los usos y actividades económicas que presenta el territorio rural y las rentas de la tierra.
Combatir los fraccionamientos de tierra y su alta concentración
Para cerrar este seminario, la viceministra de MinAgricultura indicó que la base fundamental de la reforma agraria pretende combatir los fraccionamientos y la alta concentración de la tierra para promover la producción agropecuaria a partir de los siguientes temas claves:
· Incluir en la agenda el cambio climático
· Fortalecer los escenarios de producción de alimentos y el uso eficiente del suelo
· Democracia, paz y justicia en los territorios
· Instrumentos progresivos y diferenciados que protejan al campesinado sujeto de derecho
Finalmente, los participantes concluyeron que para fortalecer los territorios a través de instrumentos como el impuesto predial es necesario continuar apostándole al proceso de paz, acceso a la tierra y titulación, acuerdos sociales entre los mandatarios y entidades gubernamentales y la implementación de la Reforma Agraria.
Una mirada internacional
La jornada contó con la mirada y reflexiones de dos expertos internacionales. Paul Sanderson, miembro del Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) y del Institute of Revenue, Rating and Valuation (IRRV) en Inglaterra, y Riel Franzsen, director del Instituto Africano de Impuestos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión de la Universidad de Pretoria.
Sanderson expuso, para el sector agrícola, algunos ejemplos de países como Estados Unidos y Canadá, donde estos territorios son completamente tributables, y algunos cuentan con incentivos diferenciados de acuerdo con los usos agropecuarios.
Riel Franzsen, inició su charla resaltando que «es fascinante ver como se está trabajando para expandir los impuestos en zonas rurales». Frente al tema, puntualizó la necesidad de realizar un análisis detallado de los problemas en materia de políticas, insuficiencias y realidades para lograr los objetivos fiscales. Para el caso de Namibia, en el 2004, este país implementó el impuesto a la tierra en granjas comerciales, «no para recaudar más ganancias, sino para generar fondos para la reforma a la tierra y así enfrentar el fenómeno de tierra no utilizada», destacó el catedrático.
La transmisión de esta jornada encuéntrala en el canal de YouTube: