A pesar de las alertas tempranas que advertían de las crecientes de los ríos de la zona, no se ejecutaron las acciones necesarias para detener la inundación que ha ocasionado pérdidas económicas incalculables para el sector agropecuario. Denuncian que no hay igualdad en la distribución de subsidios.

En las tierras donde antes había verdes pastizales y se avizoraba progreso para cientos de familias que se dedican a la agricultura y la ganadería, hoy solo se ve agua y desolación. Mientras un campesino abre la cámara para grabar en video y mostrar la magnitud de la inundación, un grupo de búfalos brama a la distancia como reclamando tierra seca donde caminar, acostarse y comer.

También lloran los labriegos sin importar el tamaño de su actividad que sufren por igual las consecuencias funestas del invierno y la atonía de los gobiernos por solucionar de forma estructural el problema.

Este dramático cuadro, que se ha visto en videos colgados en redes sociales, fue pronosticado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entidad que desde el mes de marzo viene alertando sobre las consecuencias que tendría a mediano y largo plazo la desatención a la problemática de la subregión de La Mojana.

El primer campanazo de alerta fue el 8 de abril de 2022, día en el que se rompieron de los jarillones de protección en el sector conocido como Caregato, desde entonces, se han venido presentando rompimientos en otros puntos a medida que avanza el invierno y nivel del agua. Detalla la organización que estos eventos se repitieron el 20 del mismo mes en las zonas de Los Arrastres, en el departamento de Sucre, luego en Santillana, Antioquia y en Caño Viloria el 26 de junio.

La aparente indiferencia de las entidades del Estado ha generado graves afectaciones por la inundación total de 11 municipios de la subregión pertenecientes a cuatro departamentos: Ayapel (Córdoba), Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Caimito, Sucre (Sucre), San Jacinto del Cauca, Magangué, Achí (Bolívar) y Nechí (Antioquia).

Enrique Martínez, presidente del Comité de Ganaderos de La Mojana (Cogamojana), mencionó que han sido insuficiente los esfuerzos humanos por frenar la inundación, pues, mientras trataban de contener las aguas que empezaron a entrar por la zona que conecta los municipios de Majagual y Guaranda, se abrió otro boquete en el terraplén.

“No habíamos tapado ese chorro cuando apareció el chorro de Caregato, que es un sector que está entre los municipios de Guaranda y San Jacinto de Cauca. Este chorro aún está con una apertura de aproximadamente 500 metros de ancho, en donde prácticamente da con el río Cauca”, explicó.

Fuentes del gobierno, gremios y líderes sociales de la región estiman que están casi por completo inundadas unas 500.000 hectáreas de tierra fértil y con mucho dinero invertido para la producción agroindustrial, afectando gravemente la economía de 900.000 habitantes. Los más pesimistas aseguran que por cuenta de los meses de invierno que se pronostica Ideam, las inundaciones serán sin precedentes y las pérdidas económicas incalculables. (Lea: En riesgo la seguridad alimentaria de la región Caribe)

En su más reciente informe sobre la crisis, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) ratifica este mal augurio: “Es probable que las condiciones de la Niña continúen durante la próxima temporada con un 86% de probabilidad, disminuyendo gradualmente al 60 % durante diciembre – febrero 2022 – 2023”.

Afectaciones de gran proporción

Para hacerse a una idea de las dimensiones reales del problema al que se enfrentan los habitantes de la subregión de La Mojana, puede tomarse como referencia la condición en la que se encuentra el departamento de Córdoba, una de las entidades territoriales donde se concentra gran parte del hato ganadero colombiano. En días recientes, el gobernador Orlando Benítez Mora decretó la emergencia hospitalaria porque a fecha de hoy tiene 28 de los 30 municipios que lo componen con graves afectaciones por la subida de las aguas. Según fuentes de la gobernación, esto equivale al 93.3 % del territorio. (Lea: Inversiones por 1.9 billones realizará el gobierno en La Mojana)

Víctor Vergara, ganadero de la región, asegura que la respuesta del gobierno ante la situación ha sido deficiente, pues a pesar de las alertas tempranas que se enviaron y el dinero que se ha invertido en la contención de la inundación, la situación se salió de control dejando casi en la ruina a quienes desde el mes de marzo no pueden acceder al producto de sus tierras y animales. En su caso particular, las 300 hectáreas que componen su propiedad están totalmente inundadas, lo que motivó la movilización de unas 250 reses a predios donde se paga el pastoreo a 50.000 pesos mensuales por cabeza, además, asegura que 30 vacas perecieron por cuenta del estrés y las difíciles condiciones a las que se enfrentan.

“Tuvimos que sacar el ganado de la tierra en camiones para salvarlos del agua. Las pérdidas en dinero, sin meter los daños ecológicos por la destrucción de la vegetación y el pasto, están promediando los 400 millones de pesos”, expuso Víctor Vergara, quien a renglón seguido recalca: “tenemos un año sin poder utilizar las tierras y nos preocupa que faltan todavía unos 5 meses para que bajen los niveles de los ríos que nos tienen inundados”. (Lea: Por qué el rompimiento del dique en la Mojana amenaza las exportaciones)

La misma realidad, pero en otro punto de La Mojana, la vive Arsecio Paredes quien tiene una pequeña finca de 30 hectáreas en un sector cercano al punto conocido como Caregato. “Nuestra finca está totalmente inundada: 30 hectáreas. De esas, 25 se dedican a la ganadería y las 5 restantes se destinan a la agricultura de pancoger y siembra de arroz. Los animales hemos tenido que transportarlos a lugares altos donde el agua no los alcance, pagando casi lo mismo que producen en su propia subsistencia. Estamos gravemente afectados, porque tenemos que sacrificar algunas cosas en la casa o vender el ganado para poder salvaguardarlo”, manifestó.

Informes del Comité de Ganaderos de La Mojana, detallan que las inundaciones también han repercutido en la vacunación contra la fiebre aftosa, disminuida en un 50 %, además, la suspensión del ordeño en la región, que impide a los ganaderos acceder a los recursos de 150.000 a 200.000 litros de leche diarios y la desmejora de un 20 o 30 % de las condiciones físicas de los animales, disminuyendo ostensiblemente su valor.

A pesar de que la problemática ha sido documentada desde hace meses y con ella el cálculo promedio de las afectaciones, los ganaderos y agricultores de la región han tenido que manifestarse airadamente para hacer valer sus derechos y que se cumplan las obligaciones adquiridas por el Gobierno en las mesas de diálogo y concertación llevadas a cabo a finales del año pasado.

Jonairo Sáenz, funcionario de Codemojana, aseguró que la protesta pacífica que llevaron a cabo la semana pasada fue producto de un acuerdo entre todos los actores productivos de la zona, descontentos con la tardanza en la entrega de 23.500 millones de pesos en subsidios por la ola invernal.

“Tuvimos una reunión con la participación del Comité de Ganaderos, Arroceros, Asociación de Frutales y Codemojana y decidimos hacer una protesta pacífica en contra del Banco Agrario y del ex funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgos, Ariel Zambrano, quien ha bloqueado el pago de estos subsidios”, explicó.

Ganaderos se sienten discriminados

El pasado lunes, luego de las protestas, se conoció que el jueves 25 de agosto se empezarán a desembolsar los subsidios a los agricultores y pequeños ganaderos afectados en la zona. En el comunicado de prensa, se indica que el Banco Agrario entregará los dineros solamente a las comunidades que se encuentran inscritas en la plataforma del Registro Único de Damnificados, las cuales, y luego del filtro de priorización del Ministerio de Agricultura suman 18.322 afectados. Destaca la publicación, que fueron en total $36.100 millones el monto por el cual se suscribió el convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Algunos ganaderos han manifestado su descontento con los parámetros establecidos para la distribución de los subsidios, pues, a pesar de que todos: grandes, medianos y pequeños resultaron afectados, solo una pequeña porción accederá a los recursos, lo que a ojo de muchos es un claro ejemplo de discriminación, aseguran que se asume falsamente que la mayoría de los que se dedican a la ganadería son millonarios.

“Las ayudas para nosotros, medianos ganaderos, son cero hasta hora. Tengo entendido que las ayudas están llegando a pequeños ganaderos, aquellos que tienen menos de 50 animales, hecho con el que estoy en desacuerdo, porque en este periodo de inundaciones todos estamos perdiendo: hay ganaderos que les tocó sacar de 1000 a 1500 animales, eso cuesta un mundo de plata, si meter que uno tiene que pagar catastro y cuidandero para no dejar las tierras solas”, afirmó Víctor Vergara.

Solicitó además que se modifiquen los mecanismos de selección de los beneficiarios, pues, son muchos los que como él históricamente han quedado por fuera de tales programas, asumiendo siempre el 100 % de las pérdidas que dejan estos eventos. “Queremos que se haga una distribución de los recursos de acuerdo con último censo de vacunación y se extienda el número de animales, es decir, que se den las ayudas no solo al que tiene menos de 50 animales, yo entiendo que no es posible darles dinero a todos, pero que den hasta 100 animales registrados”, puntualizó el ganadero.

Un grito desesperado de auxilio

El director del Proyecto Local de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) en el sector, Dorinel Regino, hizo un llamado desesperado a las autoridades gubernamentales para que aceleren las acciones tendientes a mitigar los efectos del invierno, pues la situación ha llegado a un punto de gravedad tal que es insostenible para muchas familias campesinas.

“Nosotros ya no estamos luchando para salvar nuestros bienes, nosotros ahora estamos luchando para sobrevivir, para no dejarnos morir de hambre. La lucha por la conservación de lo poco que teníamos, ya la perdimos, ahora la lucha es por la vida. El Gobierno central, sin importar quién esté y cuál es su orientación política, tiene que hacerse presente en la zona y conocer de primera mano la dramática situación que se vive en La Mojana”, puntualizó.

En ese mismo sentido son las demandas de Arsecio Paredes, pequeño ganadero que no solo ha visto morir diez de sus 50 animales, sino también perdida completamente su cosecha de arroz. “Estamos a un año del primer rompimiento del jarillón y el gobierno aún no entrega resultados. Lo que nosotros exigimos es que se tapone por completo y definitivamente el boquete en el sector de Caregato para que La Mojana no desaparezca y con ella su gente y su actividad económica”, recalcó.