Al cierre de 2022 Fedegán había hecho 200 ofertas de ventas de tierras al gobierno, dentro de los propósitos de reforma agraria, según indicó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega.

Esto significa cerca de 500.000 hectáreas de los tres millones que el gremio acordó venderle al gobierno dentro de este propósito. La mayoría se encuentran en la zona centro, Caribe y Magdalena Medio.

“Estamos estudiando la parte técnica y jurídica de los predios: que no sean inundables, que no tengan procesos de restitución y cuáles son las tierras fértiles y cultivables, como primer requisito. La evaluación se hace antes del proceso de compra”, señaló el funcionario.

Así mismo y sumando otras tierras que desde diferentes sectores se han ofrecido al gobierno se totalizan alrededor de 1,7 millones de hectáreas, según reporte de la entidad.

A la fecha, la Agencia ha entregado 800.559 hectáreas de tierra (entre formalizadas y adjudicadas). De esas, 575.318 han sido para ampliación de resguardos indígenas y 115.393 para constitución de resguardos indígenas. (Lea: Acuerdo de compra de tierras será un gran piloto que partirá la historia de la reforma agraria en Colombia: Lafaurie)

En su momento, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció la decisión del Gobierno para comprar las tierras que han sido ofertadas por Fedegán en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria “las compras de limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar”.

*La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura", añadió.

Sobre las tierras en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al cierre de 2022, se entregaron tres predios, que eran de antiguos paramilitares o narcotraficantes,

Actualmente, la SAE está trabajando sobre otros 22 predios para entregarlos en los próximos meses. Tienen una extensión de entre 29 y 1.020 hectáreas y están ubicados en: Meta: Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto López, Barranca de Upía, Villavicencio, San Martín, Acacías, Cumaral, Restrepo; Sucre: Sampués, San Marcos, San Benito Abad; Bolívar: Arjona; Valle del Cauca: Bugalagrande, Zarzal. (Lea: Estas son las tres metas fundamentales de la reforma agraria de Petro)

Caso Islas del Rosario

Uno de los casos más sonados en las últimas semanas respecto al tema de recuperación de baldíos por parte de la ANT fue la primera demanda que busca la anulación de 10 contratos de arrendamiento en islas del Rosario y lograr la recuperación material de los predios.

Sin embargo, y según información del diario El Universal de Cartagena, la comunidad nativa de las Islas del Rosario aseguró que aunque reciben con complacencia la disposición del Gobierno nacional de priorizar el beneficio comunitario con las acciones emprendidas, no entienden por qué no se les ha consultado para nada en el proceso, pues son ellos los directos implicados y corresponsables.

El Consejo Comunitario de las Islas del Rosario, en cabeza de su representante legal Dayana Medrano, recordó que tienen una historia de más de 200 años de asentamiento, aprovechamiento y conservación del territorio y maritorio, tanto en lo ambiental como en lo cultural, y que desde el 2005 se conformaron legalmente y lograron la titulación colectiva, ejerciendo un gobierno propio. Por esa razón, le solicitaron a la ANT abrir mesas de diálogo con el pueblo.

“Nos preocupa el desconocimiento que tiene la ANT sobre nuestro proceso organizativo, nuestra autoridad como gobierno propio según reconocimiento constitucional, nuestro proyecto de turismo comunitario, y por último nuestros compromisos y esfuerzos frente a la conservación de los recursos protegidos en el PNN”, manifestó el Consejo Comunitario, citado por el medio.

Los nativos añadieron que la toma de decisiones sin consulta previa no es la ruta pertinente para salvaguardar sus derechos ni es garantía para el desarrollo de un proceso social, por lo que exigieron a la ANT suspender cualquier acto o procedimiento administrativo que esté adelantando en los baldíos reservados de la Nación en Islas del Rosario.