Varias voces en diálogo con CONtexto ganadero indicaron que es necesario un revolcón en el sector rural del país y que para ello se necesitan políticas que suplan las necesidades que tienen los productores agrícolas y pecuarios.

El pasado 14 de octubre, el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Simón Gaviria Muñoz, y el director de Misión Rural, José Antonio Ocampo, dieron a conocer el primer resultado de la ‘Misión Para la Transformación del Campo’, el cual señala que las brechas entre el campo y la ciudad, a pesar de la reducción de la pobreza rural, persisten, e incluso se han acentuado.

Aunque en el país existen entidades cuya misión es orientar recursos para las actividades del campo, solo el 5,2 % de los hogares rurales tuvo acceso a crédito para iniciativas agropecuarias, según cifras del DNP a 2011.

A eso también se suma que solo el 36,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y, dentro de ese porcentaje, el 75,6 % de los hogares rurales que tuvieron acceso a una propiedad en 2011, más del 59 % se encuentra en la informalidad por diversos factores como las dificultades para legalizar sus títulos.

Por ello la Misión propone repensar sobre los objetivos actuales de entidades como el Banco Agrario, que ya no promueve el ahorro; del Fondo Financiero Agropecuario, Finagro, que asumió funciones que no son propias de una banca de desarrollo y del propio Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha venido perdiendo su función de planear y diseñar políticas públicas para convertirse en ejecutor. (Lea: “Entrega de baldíos no es igual a restitución de tierras”: Lafaurie)

Según Gaviria Muñoz, una de las tareas del Gobierno es evaluar y analizar las propuestas de la Misión, cuyas recomendaciones fundamentales son diseñar una visión de largo plazo para el sector rural, por lo menos a 20 años, que formule políticas de Estado y promueva un desarrollo integral: sostenible en su triple dimensión económico, social y ambiental, construido desde el territorio con una mirada del área rural que trascienda lo agropecuario.

Para Ocampo el secto rural podría iniciar con la eliminación del Incoder y que esta entidad sea reemplazada con “un fondo de desarrollo rural y otra institución encargada de la formalización de títulos, restitución de tierras, entre otras”.

En ese sentido, José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, señaló que es necesario reconocer que quienes viven en el campo lo hacen en la pobreza y aseguró que el Gobierno oculta esta realidad. (Lea: "No veo lo histórico ni lo trascendental del acuerdo": Lafaurie)

“Si volvemos a un modelo centrado en la redistribución de la tierra, se está olvidando el pasado de fracasos de las reformas agrarias del Incora y el Incoder, con resultados que no cumplieron con su objetivo social de disminuir la pobreza rural, porque -lo hemos dicho muchas veces- la tierra sola no es factor de riqueza, si no está acompañada de las condiciones que se lo permitan: vías, crédito, riego, asistencia técnica, educación salud y un largo etcétera que hace la diferencia entre pobreza y bienestar", señaló Lafaurie.

Y agregó: "Entonces estamos desconociendo el futuro, o mejor, el presente, porque, para bien o para mal, el país ya ha adquirido compromisos internacionales a través de los TLC”.

Por su parte, Indalecio Dangond, consultor en temas agroindustriales, indicó en diálogo con CONtexto ganadero,que al Incoder hay que dejarlo con el objetivo principal por el cual fue creado: el desarrollo rural y la administración del tema de tierras. 

Dangond agregó que es necesario que la entidad se deshaga de tareas como adjudicación de tierras.

“El Incoder debe desempeñar 3 tareas: exigirle al adjudicatario un certificado de un curso de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, prestarle el servicio de asistencia técnica en la formulación y orientación de un proyecto productivo rentable al productor y que también dé asesorías sobre el acceso a créditos, que no se dedique a más nada y que le quiten el resto de las funciones que le fueron colgando con la última reestructuración”, opinó Dangond. (Lea: SAC y MinAgricultura trabajarán en la Poli?tica Agraria de Estado)

Darío Fajardo, consultor del Programa de Naciones Unidas, PNUD, señaló que el Incoder fue concebido para legalizar el proceso de reversión de titulaciones de tierras del Incora, teniendo en cuenta la Ley 160.

“Ellos avanzaron en reversar esos procesos de titulación y en legalizarlo de una manera bastante amañada con las notarías y con las oficinas de registro. Entonces lo que resultó fue una contrarreforma agraria", dijo Fajardo.

El consultor del programa PNUD finalmente añadió: "Hay que recuperar el tema de la asignación de tierras agrícolas para la economía campesina, por eso estamos en guerra. Hay que rehacer toda la institucionalidad, porque si se quiere construir paz, recuperar la producción agrícola para los alimentos, son necesarias nuevas entidades, porque las que hay no están orientadas a recuperar el campo”.