En estos días en que se observa la invasión de predios y la reticencia a salir de los mismos esperando que, en casos como los de los indígenas, les titulen la tierra, hay una opción más y es el arrendamiento.

Así lo planteó el columnista Miguel Ángel Lacouture Arévalo,quien indicó que la entrega de la propiedad plena mediante el mecanismo de democratización por presión fiscal hace imposible para el Estado exonerar de pagar tributos que se dejaron de cancelar al propietario que la entregó en dación en pago. En la propuesta la obligación tributaria queda en el titular del Derecho de propiedad, es decir, el Estado.

Este puede hacer una selección de aquellos que tengan la real vocación agropecuaria que permitirá en el futuro garantizar la seguridad alimentaria de la Nación dejando en arriendo de tierras a quienes verdaderamente van a producir y rescindiendo a especuladores inmobiliarios.

“Acorde con las políticas del socialismo puede de manera práctica enfocar a través de la vocación de la tierra entregada que se destine a producción de ciertas cosechas que la Nación requiera de manera prioritaria para su seguridad alimentaria y desarrollo agroindustrial, estructurando el sector agropecuario con dirección central”.

Así mismo, el Estado podría reversar la diáspora rural/urbana haciendo atractivo el retorno a la ruralidad de quienes de una u otra forma han sido desplazados a la ciudad a acrecentar los cordones de miseria y tuguriales, (Lea: Tierra y pobreza rural)

Se generaría una nueva clase prospera libre de presiones socioeconómica y fiscales, que entrarían a formar parte de quienes en el futuro próximo acrecentarán la gran masa de tributantes para el Estado.

El problema parte, según Lacouture, que en Colombia ha hecho carrera que la tenencia de la tierra en propiedad es solución a la pobreza e indigencia de la población rural; para ello de una manera desafortunada funcionarios del Gobierno que apenas inicia se les ocurrió como política inicial y cuasi única la orden de dialogo entre aquellos que atenten contra el legítimo derecho de propiedad y el propietario Invadido.

La política de diálogo ante las vías de hecho por ocupación ilegal de predios abrió en menos de una semana un grave boquete práctico/jurídico expandiendo como pólvora esta práctica en diferentes puntos del territorio nacional. La reacción del gremio ganadero en el departamento del Cesar quienes haciendo gala de solidaridad se unieron más de cien titulares de derechos de propiedad de predios rurales, junto a autoridades del municipio de Curumaní a acompañar al propietario que a una sola voz hicieron valer los derechos violentados, fueron junto al Alcalde y su equipo y Policía Nacional acompañando la diligencia de desalojo logrando pacífica y concertadamente se desocupara el predio.

Esto provocó que la Ministra de Agricultura manifestara “tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país, esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras”.

Por eso, dijo, el problema de la tenencia de la tierra no es el inicio de solución, es necesario que esta se le dote de toda la infraestructura productiva para que quien la tenga pueda hacerla producir con sus frutos, llevar una vida digna para sí y su familia, capaz de cumplir con la función social y ecológica. (Lea: El Estado y la tierra)

“Es aquí donde debemos detenernos y entrar a revisar si el modelo es entregar la tierra en propiedad de manera inmediata, la nuda propiedad con miras a perfeccionarse en tiempo predeterminado o si el modelo a seguir sea entregar la nuda propiedad de la tierra, mera tenencia o arriendo a determinado tiempo sin que se perfeccione el derecho de propiedad sobre ella y así el Estado conserve el derecho de disposición del inmueble a cambio del canon de arriendo, que se pueda recuperar en caso de terminación del contrato o incumplimiento obligaciones de ley o pactadas. Este último modelo en mi sentir se acomoda a las circunstancias por las que hoy atraviesa la Nación Rural”, manifestó el columnista.

Para lograr estos propósitos podría iniciarse con el Banco de Tierras 1.178.143 hectáreas que tiene desde ya conformado con los baldíos, bienes en proceso de extinción, “un millón de hectáreas están extintos o en proceso de extinción, predios rurales de vocación agropecuaria, extintos disponibles, 438 mil hectáreas. Disponibles están en 7.104 predios rurales, de los cuales 1.340 predios rurales están extintos y 5.764 predios rurales en proceso de extinción”.

Esta transferencia puede ser útil teniendo en cuenta los usos vocacionales del suelo; así como aquellos bienes relictos, de la misma manera podrían hacer parte inmuebles que sin acudir al proceso de democratización por presión fiscal que tanto pregonan desde el gobierno los propietarios legítimos que no han podido cubrir con las actuales cargas impositivas y se han visto en la obligación de hacer entrega de ellos a los entes territoriales.