Después que finalmente se conociera el texto de la reforma a la salud, siguen lloviendo las críticas por todo lo que ello va a implicar hacia futuro y el retroceso frente a lo ganado en los últimos 30 años.

Uno de los aspectos que se debe considerar y que ha puesto a muchos a hacer cuentas es el costo que va a tener la reforma y cuyos cálculos iniciales no bajan de $20 billones.

Desde el mismo gobierno, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, indicó que dicha reforma puede costar cerca de $20 billones.

En declaraciones a Blu Radio afirmó que "el funcionamiento que incrementa servicios de atención primaria, se fortalece la atención primaria tiene un costo y también el recuperar los hospitales públicos y poner en condiciones a los trabajadores de la salud, también tiene otro costo, esas dos cosas juntas nos significan en estos cuatro años 3 décimas del PIB y eso lo acordamos ya en las negociaciones con el ministerio de Hacienda, eso en plata supone cerca de $20 billones".

Entre tanto, en un artículo de la revista Forbes se indica que “al revisar el documento de 152 artículos y 291 páginas se ve que costo fiscal podría ascender a los $23 billones, unos costos adicionales que tendrían que asumir todos los colombianos”. (Lea: Con los CAP, gobierno espera mejorar atención en salud rural)

La reforma, por ejemplo, tiene una estimación general de costos de infraestructura sobre los Centros de Atención Primaria y la infraestructura hospitalaria nivel 1, 2, 3 y nacional. Dice el documento que la construcción de estos Centros de Atención y las mejoras en infraestructura tendrían un costo adicional que asciende a los $11.3 billones.

Por otro parte, para el desarrollo del Sistema Hospitalario en el país se asignan los recursos de la contribución del 52 % sobre la prima SOAT, contribución que fue creada con este propósito, más los recursos del impuesto de armas y municiones pensado en desarrollar las redes de urgencias.

Con el régimen especial laboral que se proyecta, el texto contempla un costo fiscal neto de formalización de $3.39 billones adicionales. En este momento, dice el documento, el costo de la contratación por prestación de servicios es de $5,61 billones. Por eso, para la formalización laboral de estos trabajadores alcanzarían los $9 billones.

El proyecto de ley plantea que las EPS como intermediadores financieros y de aseguramiento se eliminan, por lo que los usuarios pasarían a ser parte de la Nueva EPS que alcanzaría un volumen de más de 20 millones de afiliados.

De acuerdo con el texto de la reforma para soportar esta masa de usuarios se necesita capitalizar la Nueva EPS de cara a mejorar sus capacidades. “Se proyecta que las necesidades de capitalización de la entidad receptora oscilan entre $2,4 billones y $5.7 billones, para el primer año de operación”. (Lea: Conozca las propuestas de los empresarios frente a la reforma a la salud)

A los gastos anteriores se suma la consolidación de datos e información, para el cual se destinarán $12.000 millones, la interoperabilidad e intercambio de información tendrá una inversión de $15.000 millones, para el análisis de información a nivel descriptivo y predictivo se destinarán $24.000 millones, en el caso de la seguridad en la información se prevén $8.000 millones, para la arquitectura e infraestructura se contemplan $12.000 millones, y para los rubros del uso y la apropiación, la telesalud y la conectividad serán $2.000 millones. Esto da un total de: $73.000 millones.

Financiación de la reforma a la salud

Según la reforma a la salud, esta se financiará con los recursos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS en 2023, el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP) y las cotizaciones de seguridad social en salud y las demás fuentes del SGSSS.

De otra parte y en cuanto a los copagos y cuotas moderadoras, el texto del proyecto señala queno se podrán establecer barreras económicas para acceder a los beneficios del Sistema de Salud tales como copagos o cuotas moderadoras, ni se podrán establecer condiciones como preexistencias o exigir períodos mínimos de cotización o de carencia.

De esta manera, la propuesta apunta a que los copagos y preexistencias desaparecen generando inquietudes al impacto que tenga este artículo en la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia.

La propuesta, no obstante, exceptúa de esta norma la utilización de tratamientos hospitalarios y especializados no ordenados por los Centros de Atención Primaria Integrales y Resolutivos en Salud y no originados en una urgencia vital, en cuyo caso podrán cobrarse los copagos que reglamente el Ministerio de Salud.