El proyecto de ley de reforma laboral del gobierno Petro avanza rápidamente y ya logró su aprobación en la Cámara de Representantes, quedando ahora la discusión en el Senado.
La iniciativa ha tenido algunos cambios importantes, pese a lo cual se sigue considerando riesgosa para la generación de empleo y para reducir la informalidad, incluso algunos consideran que se puede incrementar el desempleo y la inflación.
En cuanto al sector agropecuario, los artículos que afectaban el trabajo rural fueron eliminados. Se trata de los artículos 31, 32 y 33 centrados en las condiciones de trabajo en el campo colombiano.
El artículo 31 establecía el contrato agropecuario, que cubre a quienes desempeñan actividades pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas u otras semejantes.
El artículo 32 regulaba las condiciones de esta vinculación creando el jornal agropecuario que no podía ser inferior al salario mínimo diario legal vigente o al pactado en convención colectiva y el factor prestacional que no podrá ser inferior al 30 % de dicha cuantía.
El artículo 33 ofrecía garantías de vivienda para los trabajadores rurales que vivieran en el lugar de trabajo. Este artículo exigía a los empleadores proporcionar condiciones de vivienda adecuadas a aquellos empleados que residieran en el predio donde se llevaban a cabo las actividades agropecuarias. Además, se estipulaba que el empleador debía hacerse cargo de las reparaciones en caso de daños por fuerza mayor. (Lea en CONtexto ganadero: Estas son las preocupaciones de los agricultores frente a la reforma laboral)
Si bien la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, luchó para incluir dichos artículos, argumentando que la idea era formalizar a los trabajadores del campo, en la plenaria de la Cámara pesaron más los argumentos de quienes señalaron que lo propuesto por la reforma desconocía las realidades del campo y desincentivaba la contratación formal.
Entre tanto, la representante Piedad Correal, manifestó que el proyecto “mete actividades transitorias para el contrato agropecuario y lo más peligroso es que establece que esas actividades cuando sean de 27 semanas, solo seis meses, se vuelven contrato indefinido. Desyerbar una finca le puede llevar seis meses y medio, fumigarla, pero se acaba la actividad y usted no puede despedir ese trabajador porque se volvió a término indefinido, más las causales para despedir un trabajador. Esto no va con las realidades del campo”.
A través de su cuenta de X, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, celebró la eliminación de los artículos relacionados con los derechos del campesinado en la reforma laboral. "Desde la SAC y los 21 sectores de la producción agropecuaria que representamos, agradecemos a los 82 integrantes de la plenaria de la Cámara de Representantes que hoy con su voto evitaron que se complicara aún más la informalidad laboral del campo colombiano".
El resto del proyecto
Entre los artículos que se aprobaron en la Cámara hay varios relacionados con la labor sindical, como el que amplía las garantías para la libertad sindical, otro que introduce un procedimiento judicial rápido para proteger a los trabajadores que enfrenten discriminación por pertenecer a un sindicato y uno más que prohíbe los pactos colectivos en empresas donde existan sindicatos.
Para los contratos a término fijo señala que el término máximo de celebración es de cuatro años, y que estos deberán oficializarse por escrito, de lo contrario se entenderá que hay otro tipo de relación laboral. Para los contratos por obra o labor también se fijó que si no cumplen con requisitos como la firma de contratos, o que se detalle la actividad a realizar; este se convertiría en uno a término indefinido. Además, el hecho de que sea por esta modalidad no eximiría al empleador de pagar prestaciones sociales. (Lea en CONtexto ganadero: Reforma laboral: peor el remedio que la enfermedad: SAC)
El trabajo diurno se entienda como el periodo comprendido entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m, y la jornada nocturna arrancará desde las 7:00 p.m. y va hasta las 6:00 a.m. del otro día. Eso tiene una implicación para los trabajadores en materia salarial, pues por cada hora trabajada, el empleador deberá pagar 35 % más del sueldo.
En cuanto al teletrabajo se amplían las modalidades, permitiendo que los empleados trabajen de manera autónoma, móvil, híbrida o incluso desde otros países, siempre que cumplan con las normativas correspondientes y se introduce un auxilio de conectividad para los teletrabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, cubriendo los costos de internet y otros medios de comunicación necesarios para el trabajo remoto.
Entre otros temas, se implementan medidas para formalizar micronegocios en sectores como la agricultura y la hostelería, permitiéndoles cotizar a la seguridad social a tiempo parcial y ofreciéndoles incentivos para mantener a sus empleados cotizando.
Un punto más hace referencia a la prohibición de contratos sindicales para la ejecución de obras o prestación de servicios a terceros.
El contrato de aprendizaje será un acuerdo laboral temporal, permitiendo a los estudiantes obtener formación práctica en empresas por hasta 36 meses. En la fase lectiva recibirán el 60 % de un salario mínimo, y en la fase práctica, un salario mínimo completo. Las empresas que no cumplan con la cuota de aprendices deberán pagar al SENA 1.5 SMLMV por cada aprendiz faltante. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Alerta sobre reforma laboral! El país será menos competitivo frente a otros de la Alianza del Pacífico)
Costos
Un ejercicio realizado por Acopi, citado por Portafolio, entrega cifras sobre lo que costaría un trabajador formal desde 2024 a 2027. El análisis está discriminado por costos directos e indirectos. Con esto, se contempla que el salario mínimo para el 2024 es de $1.300.000 el cual con estos cálculos del gremio termina generando un costo de $1.987.078, al sumar el subsidio de transporte, las vacaciones, la prima legal, cesantías e intereses, pensión, caja de compensación y la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), es decir, un 38,3 % más.
Estos costos directos proyectados con un incremento del salario mínimo del 10 % y un subsidio de transporte del 15 %, al 2027 revelan que el costo de un trabajador formal en tres años sería de $2.680.667.
Por otro lado, se realizó el mismo cálculo para el segmento de los costos indirectos, en donde se suman a ese salario mínimo de $1.300.000 las incapacidades, la cuota de aprendiz, el trabajo dominical y suplementario, las indemnizaciones, la dotación y los días de la familia da como total un incremento del 13,3 %.
Con estas cifras el costo de un trabajador formal en 2024 ya no será de $1.300.000 sino que con los montos indirectos y directos el total sería de $2.254.245 y que proyectados al 2027 llegaría a un valor de $3.056.696.
Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “es la hora de que los congresistas dejen de poner sus intereses personales por encima de los intereses colectivos del país. Hacemos un llamado para que el Senado analice, responsablemente, el impacto de todos y cada uno de los artículos que se aprobaron y se evalúen los efectos negativos que traerá, una reforma de esta magnitud”. (Lea en CONtexto ganadero: En nuevo documento la Andi reafirma que las reformas del gobierno Petro afectan el crecimiento económico del país)
Con lo aprobado en la Cámara se mantienen los artículos que generan altos costos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97 % del tejido empresarial colombiano, todo esto pese a la advertencia de un grupo importante de congresistas, que entienden los efectos nocivos que la propuesta del Gobierno acarrearía para el sector empresarial y en consecuencia para la economía y la generación de empleo, indicó.
“La plenaria de la Cámara ha conservado muchos de los artículos que contienen disposiciones nocivas para el empleo y para la economía del país”. Dentro de esos artículos, preocupa especialmente la reducción de la jornada diurna hasta las siete de la noche. Esta disposición, que aumentará los costos laborales en 8.95 % y el aumento de la remuneración en domingos y festivos, que implica un aumento del 25 % de los costos; afectarán especialmente al comercio, las tiendas de barrio, panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, empresas de transporte, logística y vigilancia, entre muchas actividades de la economía”, dijo.
El dirigente gremial, recordó los datos que Fenalco dio a conocer recientemente sobre una encuesta empresarial en la que el 31 % de los empresarios manifestó que de llegar a encarecerse los costos laborales, producto de la reforma, tendrían que verse obligados a reducir o evitar la contratación de nuevo personal. El 21 % ajustaría los horarios de atención para reducir costos; 19 % afirmó que tendría que hacer ajuste de precios; 17 % acudiría a sustituir mano de obra por tecnología; 12 % prescindiría de personal no contratado a término indefinido; 7 % reduciría los turnos de trabajo nocturno y 6 % estudiaría la posibilidad de cerrar puntos de venta.