La Contraloría General de la República hizo una alarmante advertencia sobre el deterioro de la seguridad energética en Colombia, señalando que la falta de políticas adecuadas y de coordinación institucional podría llevar a un escenario de mayor vulnerabilidad en el mediano plazo. Según el reciente estudio sectorial “Seguridad y Confiabilidad Energética (2010 – 2026)”, sin medidas urgentes, el país podría enfrentarse a problemas de suministro menos confiable y más costoso, lo que obligaría a recurrir a importaciones que incrementarían los costos.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general, enfatizó en que la prioridad debe ser la seguridad energética antes que la transición hacia fuentes de energía más limpias. “Se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”.

El funcionario subrayó que, aunque la transición energética es esencial, no debe realizarse a expensas de la estabilidad energética actual, que es crucial para evitar problemas económicos y sociales futuros.

El informe reveló que el país ha disfrutado de una estabilidad relativa en sus ingresos de regalías debido a la fluctuación de precios y producción en el sector petrolero. Sin embargo, esta situación no es sostenible a largo plazo si no se toman medidas para asegurar la estabilidad en la producción de hidrocarburos. La transición energética, aunque necesaria, debería implementarse de manera que no comprometa la seguridad y confiabilidad de la oferta energética.

El contralor expresó su preocupación por la falta de claridad en los planes para la transición energética. A día de hoy, no se han definido con detalle los presupuestos, indicadores, ni metas concretas, ni se han realizado los análisis necesarios para mitigar el impacto sobre las actividades productivas y laborales afectadas por esta transición.

“El Conpes 4137, aprobado en julio de 2024, contempla una deuda de $138 millones de dólares para apoyar la transición energética justa. Aunque estos recursos son significativos, aún son insuficientes para abordar adecuadamente las necesidades identificadas en el Conpes 4075 de 2022. Las metas establecidas hasta el momento no parecen suficientes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030”.

El jefe del ente de control también resaltó la urgencia de invertir en energías renovables, como la solar y la eólica, para reducir la dependencia de las importaciones y cumplir con los objetivos ambientales globales. Sin embargo, la capacidad actual para generar energía a partir de estas fuentes es baja en comparación con la demanda creciente.

En términos de infraestructura, la Contraloría advirtió el envejecimiento del sistema eléctrico, con el 75 % de las líneas de transmisión de alta tensión superando los 35 años de servicio. Esto representa un riesgo significativo para la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente en Bogotá, donde la restricción en la construcción de nuevas líneas podría llevar a desabastecimientos en 2025.

Además, el reciente decreto que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel, ha generado inquietud. Rodríguez Becerra aseguró que esta medida podría reducir el recaudo de regalías y desalentar la inversión extranjera, afectando la economía y la estabilidad del país.

En ese sentido, la Contraloría instó a que el gobierno nacional refuerce la seguridad energética mientras avanza hacia la transición energética para garantizar un futuro energético estable y sostenible.