Una vez el gobierno dio a conocer el texto de la reforma pensional que presentó al Congreso de la República, el centro de estudios económicos ANIF se dio a la tarea de estimar el impacto fiscal de las medidas que se proponen, pues no sólo está en juego la sostenibilidad del sistema, sino también la de las finanzas públicas.

Desde el punto de vista fiscal, los resultados son claros: de ser aprobada la reforma tal y como está planteada, el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110 % del PIB, más que se duplicaría y llegaría a representar hasta 249 % del PIB estimado para 2023, es decir, un Valor Presente Neto (VPN a 2070) cercano a los 3700 BILLONES de pesos.

“La reforma como la plantea el gobierno daría un fuerte golpe al ahorro, a la sostenibilidad fiscal y pondría en alto riesgo la posibilidad de pagar las pensiones futuras”, afirmó Mauricio Santa María, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.

Aumento del pasivo pensional

El think tank estudió cada uno de los pilares propuestos y sus principales componentes de manera independiente. Como resultado, el componente del pilar contributivo obligatorio del Régimen de Prima Media (RPM), que establece que todos los trabajadores depositarían en Colpensiones el ahorro correspondiente a los 3 primeros SMLV, representa casi la mitad de aumento del pasivo pensional, pues se acerca a 131 % del PIB.

Únicamente ese peldaño del pilar contributivo representa un costo superior al pasivo pensional actual, pues desconoce el problema de los altos subsidios implícitos del RPM y su mala focalización. Además de ser el componente más costoso, no tendría efectos en cobertura ni equidad, pues, al no tener en cuenta la realidad del mercado laboral, donde más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 1 SMLV, sigue excluyendo a las personas de la protección social.

La institución advirtió, además, que el costo fiscal de un sistema de pilares diseñado con los umbrales contenidos en la propuesta de reforma, lo tendrán que pagar las futuras generaciones.

En ese sentido, otro punto importante que resaltó ANIF fue que el ahorro es fundamental, “e incluso si utilizamos el ahorro de las cotizaciones adicionales que se espera con la nueva reforma para cubrir las mesadas pensionales, el déficit se duplica, demostrando que la propuesta de reforma es insostenible en el tiempo”, agregó Santa María.

Límites a los subsidios públicos

Y expresó que “siendo así, insistimos enmantener en 1 salario mínimo el límite del pilar contributivo que se iría a Colpensiones, de esta forma se pondría un límite estructural a los subsidios sin darle un golpe al ahorro privado ”.

Explicó que la necesidad de tramitar una reforma pensional es indiscutible y “desde ANIF lo hemos señalado en repetidas ocasiones. Es necesario solucionar las limitaciones del sistema actual en términos de cobertura, equidad y sostenibilidad”.

De entrada, ANIF adelanta que ve con muy buenos ojos la propuesta del pilar solidario. “Darles una mesada a los adultos mayores en situación de pobreza extrema es un objetivo loable, y el monto de 223.000 pesos mensuales va en línea con lo que había recomendado ANIF. Por otro lado, se resalta que se empiecen a poner límites a los subsidios del régimen público, aunque insisten en que es necesario poner el límite de 1 salario mínimo en el pilar contributivo, como se mencionó anteriormente”, destacó.

¿Qué dicen los empresarios?

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, sostuvo que “el paquete legislativo que en materia social ha radicado el Gobierno en el Congreso debe tener como base las herramientas para la formalización laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores hoy y para su retiro sin afectar el tejido empresarial”.

Añadió que la mejor reforma pensional será incentivar la creación de empleo, con remuneración justa y que permita los aportes al sistema de seguridad social y que el trabajador tenga libertad de elegir qué sistema se ajusta mejor para su vejez.

“La discusión debe contar con todas las garantías para salvaguardar el ahorro de millones de colombianos ante la incertidumbre por el destino de los recursos para la vejez y blindar con garantías que los recursos que maneja el sistema público estén destinados para las pensiones respondiendo al aporte hecho por los trabajadores en su vida laboral y el apoyo a población mayor vulnerable y no con otros fines fiscales cortoplacistas”, concluyó.