Se acerca el inicio de una nueva legislatura, el próximo 20 de julio, y el gobierno insistirá en sacar adelante sus reformas, algunas ya en trámite y otras que volverá a presentar.

Uno de esos proyectos que ya tuvo aprobación en comisión séptima fue la reforma pensional que ha tenido grandes observaciones por todo lo que implica, pese a lo cual el gobierno espera conseguir su aprobación en el segundo semestre del año.

Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) se volvió a pronunciar y reiteró su voz de alerta ya que a partir de un escenario en el que se apruebe la reforma con los cambios resultantes del primer debate y entre a regir el fallo de la Corte Constitucional de las 1000 semanas, el pasivo pensional ascendería a 218 % del PIB en Valor Presente Neto (VPN) a 2100, lo cual es insostenible.

Entre los cambios introducidos en la comisión hay algunos que impactan el régimen de transición y supone ciertas diferencias para los hombres y las mujeres, se establece que las mujeres que cuenten con mínimo 750 y los hombres que cuenten con al menos 900 semanas cotizadas se les continuará aplicando las normas de la Ley 100 de 1993.A su vez, con respecto a la oportunidad de traslado, las personas que cumplan esos mismos requisitos y les falten menos de diez años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años para trasladarse de régimen.

Además, otro ajuste importante en el que se diferencia a hombres y mujeres es la edad mínima con la cual pueden acceder a los pilares solidario y semicontributivo. Anteriormente esos dos pilares requerían que todos los beneficiarios fueran mayores de 65 años, junto con otros requisitos específicos. En los cambios realizados se busca que las mujeres puedan acceder a esos beneficios a partir de los 60 años. (Lea: Con reforma pensional los trabajadores quedarán sin la propiedad de sus ahorros: Asofondos)

Es en la transición y en la ventana pensional donde se observa el aumento más importante en el costo fiscal. Bajo la nueva transición el costo asciende a 20.1 % del PIB. Esto es 3.3 veces mayor que el costo anterior y supone una fuerte presión fiscal para el gobierno.

“En nuestros cálculos asumimos un escenario en donde los cotizantes racionales (es decir, que les va mejor trasladándose a la hora de calcular su mesada), efectivamente se trasladan. El costo generado por ese cambio en el proyecto de reforma es de 14 puntos porcentuales adicionales con respecto al escenario inicial en el componente de ventana y transición. En este sentido, y tomando en cuenta los cambios anteriormente mencionados, el VPN del pasivo pensional a 2100 será ahora de 170.3 % del PIB. Lo anterior significa un aumento en 22.2pp más en relación con el anterior escenario”, indicó Anif.

Efectos del fallo de la Corte

De igual manera, Anif hace referencia al fallo de la Corte Constitucional, en la cual se declaró inexequible el requisito actual del sistema pensional en el que las mujeres deban contar con mínimo 1.300 semanas de cotización para poder pensionarse.

Si bien es cierto que las mujeres enfrentan mayores barreras a la hora de cotizar en un empleo formal y les es más difícil cumplir con los requisitos para pensionarse, el reducir el número de semanas de cotización estaría generando que el ahorro que realicen las mujeres durante su vida productiva sea menor. Esa consecuencia de la decisión afecta, tanto el ahorro de las mujeres, como el agregado de las finanzas públicas, al tener que financiar un subsidio más alto.

De acuerdo con el centro de estudios, las tres nuevas presiones de gasto que enfrentará el sistema son: Tener que pagar un mayor subsidio a las mujeres, toda vez que se reducirán sus semanas de cotización, pero no su mesada pensional; el pago de mesadas a más mujeres que podrán pensionarse, ahora que solo es necesario cotizar 1000 semanas; y, un traslado masivo de mujeres del RAIS al RPM, pues, ahora será más fácil para ellas acceder a una pensión en el régimen público, lo que implica directamente una mayor cantidad de mesadas subsidiadas que deben financiarse con recursos públicos. (Lea en CONTexto ganadero: Diferentes sectores insisten en cambios y hasta el archivo de la reforma pensional)

Como resultado de las nuevas presiones de gasto y realizando los cálculos bajo un escenario en donde entre en vigor la reforma que hoy se tramita con el umbral de 3 salarios mínimos en su pilar contributivo, se genera un aumento adicional en el pasivo de 47.5 % del PIB de 2023. Es decir, además del pasivo previamente mencionado que equivale a 170.3 % del PIB con la propuesta de reforma, la decisión de la Corte lo aumentaría a 217.8 % del PIB.

A ello se suma que no es claro qué ocurrirá con aquellas mujeres que coticen más de 1000 semanas y cuál es la tasa de reemplazo que les aplicaría. Actualmente, las personas en Colombia pueden cotizar hasta un tope de 1.800 semanas y se les reconoce un 1.5 % en su tasa de reemplazo por cada 50 semanas adicionales que acumulen. Lo anterior supone que aquellos con más semanas cotizadas cuentan con una mayor tasa de reemplazo y, en consecuencia, con un mayor subsidio implícito. Entonces queda la duda de, dado que ahora las mujeres pueden pensionarse con 1.000 semanas, ¿qué pasará con todas aquellas que hayan cotizado un número mayor? ¿Les aplicaría una mayor tasa de reemplazo? ¿Cambiarían los topes de semanas cotizadas?

De permitirse las semanas adicionales, aumentaría el pasivo vía mayores subsidios, pero si no se permite esta modalidad, no habría incentivos para realizar aportes adicionales, con los que se dejarían de percibir ingresos para Colpensiones. Es decir, por lado y lado se estaría abriendo el hueco fiscal.

Concluye señalando Anif que con esto no se ataca el problema de pensión de las mujeres y que, para poder garantizar un acceso más equitativo al sistema pensional, el esfuerzo debe realizarse a partir de la garantía de condiciones equitativas dentro del mercado laboral y no a través de este tipo de medidas que favorecen un régimen sobre otro, generando además un alto costo fiscal.