Las quejas de los productores sobre los bancos son constantes y de todo tipo: dificultades para acceder a créditos, exceso de requerimientos, demora en la respuesta, entre otras. Surgen dudas sobre cómo se manejarán de aprobarse el acuerdo de paz.   Mucho se lee, escucha y habla por estos días del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, el cual deberá ser o no refrendado por los colombianos en las urnas el próximo 2 de octubre, y en los que el campo es protagonista de primer orden.   Aunque la sensación general es de incertidumbre, especialmente por cuenta de que nadie tiene la menor idea de dónde saldrán los recursos para todo aquello que se plantea en ese primer punto, entre quienes conforman el sector rural hay temor pues saben que el papel todo lo resiste, pero la realidad que ellos llevan viviendo hace tantos años difícilmente cambiará con la firma de los acuerdos. (Lea: 3 historias sobre malas experiencias con entidades financieras del sector)   Aunque son varios los temas que generan preocupación, en CONtexto ganadero hicimos un listado con algunos de los principales inconvenientes que deben enfrentar los campesinos y que, de no sufrir importantes modificaciones, terminarán por frustrar lo negociado y entorpeciendo de nuevo el desarrollo rural   La informalidad de la tenencia de la tierra   Aunque se pretenden titular las tierras en Colombia, incluso se habla de una asignación de muchos predios, en total 7 millones de hectáreas, muchos campesinos tardan demasiado tiempo cuando tratan de adelantar este procedimiento que les permite demostrar la tenencia legal de sus tierras.   El problema radica en que ninguna entidad financiera facilita recursos a una persona que no tiene la capacidad de demostrar que es dueño de la tierra. Se estima que solo un poco más del 20 % de los productores tiene la documentación requerida.    ¿Quién servirá de garante a personas que no tienen historial crediticio alguno?   A personas que no han estado vinculadas a ninguna agrupación insurgente les cuesta trabajo conseguir el respaldo de un familiar o amigo a la hora de pedir un crédito, ese aval se convierte muchas veces en el obstáculo por el cual no pueden acceder a los recursos que necesitan del banco. (Lea: Luego de 6 años, Gobierno Santos tiene grandes deudas con el campo)   El interrogante es cómo se va a manejar este tema con quienes opten por desmovilizarse, teniendo en cuenta que ninguno de ellos debe tener vida crediticia y muchos menos forma de ofrecer garantías que permitan a las entidades tener la certeza de poder recuperar el dinero en casos de presentarse algún retraso.   No existen predios para hipotecar ni mucho menos forma de demostrar ingresos permanentes, más allá de los que se han anunciado como parte de los acuerdos, que deberían resultar insuficientes a la hora de pensar en montos como los que se requieren pensando en implementar cualquier proyecto productivo importante.   Los plazos y planes establecidos por los bancos   El plan del Gobierno es girarles unos recursos a cada uno de los desmovilizados por un plazo máximo de 2 años, tiempo tras el cual deberán tener forma de sostenerse. A la hora de pensar en acceder a un crédito, la mayoría de entidades tienen definidos planes que otorgan varios años para sus pagos, ¿cómo se van a redefinir u orientar las políticas para este segmento de la población?   La capacitación que requerirán los guerrilleros que se desmovilicen tomará tiempo , así como la puesta en marcha de proyectos productivos, ¿estarán los bancos dispuestos a correr el riesgo de facilitar recursos sin tener la certeza de que esas personas realmente se proyecten a largo plazo en el campo? ¿Quién asumirá las pérdidas por el dinero que se facilite y no se pague?   Las demoras en los tiempos de respuesta   La falta de conocimiento por parte de quienes se encargan de estos trámites, la constante modificación de las normativas, el traslado de papeles entre sucursales y el estudio de la documentación son algunas de las variables que hacen que la persona tarde varios días en saber si podrá o no acceder al crédito.   El problema radica en que lo negociado con la guerrillas de las Farc tiene plazos muy específicos, por lo que este tipo de demoras se prestaría para atrasos que afectarían las pretensiones de quienes suponen todo funciona con fluidez y no han previsto la burocracia que deberán sortear. (Lea: 5 trabas frecuentes al solicitar un crédito en el sector agropecuario)   A las demoras en lo relacionado con el trámite se suma el tiempo que la persona, en caso de haber logrado superar toda la parte del papeleo, debe esperar a que el dinero le sea entregado, tiempo que en ocasiones es tanto que ya no resulta útil dependiendo del cultivo para el que haya sido requerido.   En algunas ocasiones la demora es tal que las personas optan por acudir a otras alternativas para obtener el dinero, mientras lo reciben del banco, lo que los hace incurrir en costos adicionales y en el pago de intereses exagerados, entre otros.   Recursos limitados del sistema financiero   Muchos productores siguen todo el procedimiento en aras de conseguir recursos para adelantar tareas en el campo. Llenan los papeles, consiguen cumplir con todos los requisitos que les exigen y aguardan pacientemente por el desembolso.   El problema radica en que en muchos casos las líneas de créditos se quedan sin dinero y dejan a la persona si la posibilidad de llegar a contar con el dinero. En otros casos les cambian las condiciones y las tasas son más altas, lo que encarece los costos y se vuelve impagable para quien hizo la solicitud.