Un sábado en la madrugada cambió la vida de don Hernán Jaramillo, un finquero dedicado a la ganadería al que, desde hace dos años, invasores lo tomaron por sorpresa y, desde entonces, no ha tenido paz, pues una cosa es lo que dicen las normas y otra bien distinta, la realidad.

En los tranquilos amaneceres del Cesar, en julio del primer año de la pandemia, intrusos ingresaron a una de las fincas de Don Hernán, la ubicada en Tamalameque, junto al imponente río Magdalena. Relata, que estas invasiones las realizan por lo general viernes en la noche o los sábados en la madrugada, cuando los ganaderos están desprevenidos, y al darse cuenta, ya hay al menos 60 personas en el predio, quienes en algunas ocasiones están armados.

48 horas empiezan a contar a partir del momento en el que invasores ingresan a una propiedad privada para que la policía pueda actuar. 2.880 minutos que hacen clic clac en un reloj que empieza a correr en la madrugada mientras el finquero duerme y luego, al darse cuenta, se dirige a las autoridades para solicitar policías que le ayuden a intervenir en el desalojo.

No basta con un policía, ni dos. Desalojar a decenas de personas que no están dispuestas a irse requiere de un alto número de fuerza pública, que haga valer la autoridad. Mientras el ganadero consigue la cantidad de uniformados necesaria para desalojarlos, el minutero del reloj ya ha dado la vuelta muchas veces. Hay que dar inicio a un proceso legal para lograr el desalojo. “Ya después viene todo lo que dice la ley. Usted tiene que montar una querella, porque si usted la deja pasar de cuatro meses, ya ahí tiene que irse a otra instancia de ley, entonces usted tiene que correr antes de que pasen los cuatro meses y empieza Cristo a padecer.”

Meses buscando ayuda e interponiendo recursos legales tuvo que pasar don Hernán, porque no solamente su finca en Tamalameque fue invadida. En julio del 2021 su finca en Chimichagua, de 2.200 hectáreas, albergaba a 130 extraños en sus predios, y para este año, su finca ubicada en Pijiño del Carmen, de 1327 hectáreas, enfrenta la misma situación.

Recuperar sus tierras es su mayor preocupación, por eso inició un proceso para recuperar su finca en Chimichagua que ha tenido varios tropiezos, uno de ellos, los sobornos por cuenta de abogados y funcionarios. “Me dicen: si no me da tanta plata, yo no le hago el oficio. Si no me da tanta plata yo no le hago tal diligencia. Si no me da tanta plata yo no voy a hacer la inspección o yo no le hago la caracterización”.

Otro tropiezo fue al acudir a las autoridades locales competentes de las cuales no obtuvo respuesta. Además, denuncia que estas invasiones tienen el apoyo de algunos concejales “incluso algunos de ellos prestan sus fincas para hacer reuniones previas a los desalojos” afirma don Hernán.  

Así que recurrió a instancias a nivel nacional y viajó hasta Bogotá para reunirse en la presidencia del Senado, con el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado para la Paz, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie y el presidente del senado, Roy Barreras, quienes se abrieron al dialogo para que les contara las invasiones que estaba sufriendo con sus fincas.

“Comenté la problemática para que se aclarara un tema, porque es que me estaban diciendo que yo era un paramilitar porque estoy pidiéndole ayuda a los vecinos y a todos los ganaderos que me apoyen. ¿Entonces por usted pedir auxilio a la fuerza pública y a los vecinos se convierte en paramilitar? tocamos ese tema para que reconsideraran esa posición tan absurda” dice.

Pero, ¿Quiénes son los invasores de las fincas? La respuesta no está tan clara, al principio llegaron rumores de que se trataría de grupos al margen de la ley o disidencias de las FARC, sin embargo, los mismos invasores lo han negado. Las pistas apuntan a que se trataría de un grupo de tres abogados, uno de ellos llamado Jorge Emilio Niño España, quien se presenta como “Asesor Estrategia de Tierras”. Asegura don Hernán que nunca da la cara, “la dirección que él pone es falsa, los correos electrónicos que pone son falsos, cuando se cita a las audiencias nunca aparece”. Otro de los abogados involucrados responde al nombre de Álvaro López quien opera de la misma forma.

Vivazmente hacen creerles a las personas que esos terrenos tienen problemas legales y que por ende se pueden tomar como propios. Se ha convertido en un negocio, en el que engañan a campesinos y familias. “Entonces, por ejemplo: por inscribirse tienen que pagar 200 mil pesos y en el momento que entran al predio les cobran 5 millones de pesos. Y cuándo van a tomar las medidas del terreno para hacer las divisiones por parcelas entonces tiene que colocar 200.000 pesos más para pagarle al topógrafo. Entonces esto es una estafa y el pobre campesino paga y paga y paga, ahora, pobre tampoco porque no es tan pendejo.”

Tras la estafa que viven los campesinos, de la que algunos se enteran, otros quizá no y otros no quisieran hacerlo, revenden las parcelas a terceros, complicando aún más el enredo de supuestos propietarios de las tierras del maíz, el ñame, el mapujo y la yuca.

Dos años después desde la primera invasión a sus fincas, ha visto un gran deterioro en su terreno. “la gran mayoría de las hectáreas están abandonadas, ellos me hicieron sacar el ganado que yo tenía, a la fuerza. De hecho, en la sacada del ganado se me perdió ganado.” En medio de este largo proceso, en el que ha tenido que ver su finca convertida en un albergue, los invasores han hecho lo que han querido con la tierra, y hasta han talado arboles de su reserva. “Yo tenía un poco de maderas finas en las fincas, y ellos las talaron, las tumbaron y las vendieron ¿Quién dijo algo? Nadie. ¿Uno pone la denuncia y dónde están las entidades del Estado? En ninguna parte. ¿Vaya y yo tumbe un árbol, para que vea la multa tan berraca que me meten a mí, pero ellos tumbaron todos los árboles y quién les dijo algo?”.

Tras dos intentos fallidos de operativos de desalojo, y amenazas de muerte en su contra al fin logró lo que buscaba: “Cuando fui al ministerio con José Félix Lafaurie, finalmente conseguí que en el Ministerio y ahí delante de José Luis, nos dieran la autorización para el desalojo”.

Como don Hernán, decenas de campesinos han denunciado que cientos de personas han invadido sus tierras, cultivos, ganado y por ende, han visto desestabilizada su estabilidad financiera y emocional, quienes además denuncian que se sienten indefensos, sin la posibilidad de ejercer defensa propia, ni mucho menos recibir ayuda eficaz por parte del Estado.