Cuando un semoviente se muere, algunos ganaderos llaman al carranguero que sacrifica al animal y lo vende como carne. Detrás de este fenómeno, hay culpa de todos: los productores, los matarifes, los médicos veterinarios y las autoridades.   Esta es una práctica muy conocida entre los ganaderos y no es tan clandestina como creen. Está ligada al sacrificio clandestino y a la complicidad de todos los sectores que permiten una actividad que pone en riesgo la salud de muchas personas.   Es la una y media de la tarde de un viernes de octubre de 2016. Una vaca acaba de caerse en algún predio del Altiplano cundiboyacense y parece lastimada. Su propietario se acerca a verificar el estado del animal y pronto se da cuenta que no hay remedio: hay que sacrificarlo. (Informe: Cuidados que usted debe tener con la carne que consume)   Entonces levanta el teléfono y marca el número de don Jaime*. Él toma los datos del ganadero y concierta una visita para esa noche. Horas más tarde, don Jaime llega en un camión con 2 hombres. Ellos despostan el cadáver, montan la carne y el cuero al carro y se los llevan. Un problema menos para el dueño del predio.   Disposición de cadáveres   Cuando una vaca muere tras una caída, por intoxicación o por alguna enfermedad, los ganaderos suelen enterrarlas. En países desarrollados como Estados Unidos, España o México existen hornos crematorios, que facilitan la disposición de los cadáveres de todo tipo de animales, incluidos los rumiantes.   Sin embargo, en Colombia, la práctica de enterrar los bovinos es poco común y no se tienen registros de hornos crematorios para ganado en el país. De hecho, muy pocos apelan al enterramiento y prefieren venderlas a los carrangueros.   “Los carrangueros alzan el animal, independiente de la causa de la muerte y se la llevan. Si me preguntan qué hacen con esa carne, se va para uso industrial, como dicen ellos, o sea a salsamentarias para hacer salchichones y demás cosas”, contó un productor de Cundinamarca.   Aunque se cree que esta práctica no la conoce el público en general, ya se han realizado varios trabajos sobre el tema. Hace 20 años, el periódico El Tiempo publicó varios artículos que dan cuenta de esta práctica.   En 1995, un periodista relató la historia de Salvador, un matarife que se dedicaba a destazar caballos en Chiquinquirá, Boyacá. Él, junto con otras 40 familias de la vereda de Sasa, vivía del negocio de la carranga. (Lea: Sacrificio clandestino, enemigo acérrimo de la ganadería)   En esa ocasión, el artículo aseguraba que los comerciantes de carne de caballo llevaban 30 años en este negocio ilegal. Una prueba de que esta actividad, como muchas otras que se hacen al margen de la ley, no se acabará pronto.   “Cuando se muere el animal, se llama de inmediato al señor para que la carne esté en un estado medianamente bueno. En el mejor de los casos, tuvo un accidente y la carne no está contaminada, pero eso casi no se presenta. La mayoría de muertes se da por alguna enfermedad, pero sin importar la que tengan, van para consumo humano”, precisó.   El procedimiento adecuado para retirar el cadáver de un animal es consultar con un médico veterinario que realice la autopsia y llamar a la oficina local del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para que haga el levantamiento.   Sin embargo, los ganaderos no lo hacen de esa forma porque no la conocen o porque la alternativa resulta más atractiva. En efecto, mientras que deben incurrir en gastos para el médico veterinario y no reciben nada del ICA, el matarife ofrece una suma importante para el propietario del animal, sobre todo si se tiene en cuenta que la vía legal resulta más costosa.   “Ningún ganadero quiere perder un peso, por eso las vende al carranguero. Ellos salen a medianoche y las venden en sitios específicos de Bogotá. Lo que le cuentan a uno es que la compran los restaurantes y las carnicerías de la capital”, dijo otro productor.   Por un bovino que pesa entre 16 y 20 arrobas, los carrangueros pagan hasta $300 mil y lo venden por $800 o $900 mil, dependiendo de su uso. (Lea: Apatía social frente al sacrificio ilegal avala el delito y agrava el problema)   El ganadero reveló que estos traficantes de carne parecen indolentes por el riesgo que esto conlleva, pues no son conscientes del peligro de vender una carne contaminada con antibióticos o de un bovino que murió por alguna enfermedad.   “Ellos no verifican de qué se murió el animal. Yo he visto que los carrangueros alzan vacas, caballos, marranos, con carbón. Lo único que ellos quieren es llevárselo por el precio más bajo”, indicó.   Generalmente, las vacas que murieron por accidente o por otro factor que no deja residuos en la carne, se despostan en mataderos y se reparten en las carnicerías.   Por el contrario, si la causa de la muerte fue una afección o la carne presenta un color verdoso, la entregan a las salsamentarias que a través de un proceso eliminan los residuos y elaboran salchichas y demás encurtidos.   La culpa y responsabilidad es de todos los sectores   Según los ganaderos consultados, no hay ninguna razón válida para explicar este tipo de comportamiento más allá de la utilidad económica. Sin lugar a dudas, los más beneficiados son las personas que se dedican a este oficio, porque son los que más dinero reciben en la transacción.   Por su parte, los productores son conscientes de lo nocivo de esta práctica. A ellos, que les cuesta tanto comprar un animal, alimentarlo, suministrarle medicamentos, tratar el suelo para generar mejores pastos, invertir en programas como mejoramiento genético o en certificaciones en Buenas Prácticas Ganaderas, les duele perder toda la inversión de un momento a otro.   No obstante, uno de los productores también habló de un problema cultural de los propietarios de animales, pues por más difícil y costoso que sea sostener un animal, no tiene por qué crear un problema de salud pública entregando el cadáver a quien no debe.   “Debe haber un cambio cultural en el ganadero, de llamar a un veterinario para que haga la necropsia. Ellos están acostumbrados a llamar al carranguero y eso no debe ser así”, manifestó.   De igual manera, el productor fue tajante al aseverar que los veterinarios también son culpables por su “falta de ética profesional”. (Lea: ICA no ha publicado normas claras para el transporte de animales)   “Ningún veterinario que yo conozca reporta muertes por abortos, por carbón o por intoxicación. Yo creo que es una falta de compromiso de los profesionales. Por eso el ICA no puede llevar una estadística real de las muertes por enfermedades reproductivas”, declaró.   Asimismo, reprochó la labor de las autoridades, tanto del ICA, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de la Policía y de los demás organismos de control. Sin mayores inspecciones, los matarifes pueden operar y hacer de las suyas sin ningún problema.   Para él, si las instituciones oficiales cumplieran su papel con rigor, si los veterinarios fueran más disciplinados y si los ganaderos y los carrangueros cambiaran su pensamiento y fueran más conscientes de los peligros que esta práctica acarrea, seguramente no existiría este negocio.   Sin embargo, como él mismo reconoció, hasta el momento no hay ningún indicio de que la carranga vaya a desaparecer: “Como está la situación económica, a mí me toca seguir llamando al matarife. No hay de otra”.   * Nombre cambiado por petición de la fuente