En algunas zonas del país, dedicarse a la ganadería en Colombia parece haberse convertido en una actividad de alto riesgo debido a la presencia de numerosos grupos al margen de la ley. CONtexto ganadero conoció la historia de un ganadero que a pesar de las amenazas no abandona su oficio.   Andrés Martínez Pérez* es un productor que ha vivido la zozobra de la guerra desde que su padre adquirió un predio en el departamento del Cesar a finales de los años 50, que él comenzó a trabajar una vez terminó sus estudios de bachillerato.   “Mi papá compró la tierra en el año 59, y en el año 61 se la adjudicó el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria). Esa fue mi herencia cuando mi papá falleció, pero prácticamente yo la tuve desde ese año porque toda la vida he estado metido allá. Apenas salí del colegio, me metí a trabajar en la finca”, contó.   Martínez no nació en la región donde tiene su finca, sino a más de 500 km, en el Eje Cafetero. Toda su vida ha trabajado con ganado cebú, y en los últimos años decidió cultivar arroz y palma africana para “comprar lo del mercado”, en vista de los problemas que ha atravesado el sector pecuario. (Lea: Ganaderos de El Difícil están cansados de la extorsión)   Desde que adquirió ese predio, él y su familia han tenido que lidiar con los grupos al margen de la ley que operan en la zona, principalmente con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.   2veces secuestrado   En los años 80, el productor fue víctima de secuestro por parte del frente José Luis Solano Sepúlveda. Lo retuvieron por 3 meses y su padre tuvo que vender varios animales para pagar el rescate.   Cuando salió del cautiverio y regresó a su finca, se dio cuenta que había sido ocupada por otras personas. Enseguida entabló un proceso para reclamar su tierra que duró mucho tiempo, más de 9 años. Según él, a pesar de tener todas las pruebas y de que un juez solicitó la intervención de la Fuerza Pública, ninguna autoridad se presentó para acatar la orden.   “Nunca fue la autoridad, ni siquiera poniendo el denuncio durante 9 años, nunca el Ejército o la Policía les hicieron un requerimiento a ellos (los ocupantes)”, precisó. (Lea: El secuestro, flagelo que aún afecta al sector ganadero)   En medio del desasosiego que le produjo perder su predio, Martínez regresó a su ciudad natal y allí se dedicó a atender las vacas lecheras de sus familiares y a mejorar los predios con una maquinaria que rescató de su finca.   Así duró varios años, yendo y viniendo de un extremo del país al otro, presentando documentos, dialogando con varios abogados, hasta que finalmente los invasores reconocieron que Martínez era el titular de esos terrenos cuando vieron los documentos que le había adjudicado el Incora.   La devolución de su predio se logró también gracias a la intervención del padre jesuita Francisco De Roux, quien citó a los invasores ilegales y les comunicó que no había ningún recurso legal para hacerse a esa tierra, porque Martínez tenía los papeles que lo acreditaban como dueño.   Luego de tantas penurias, el ganadero volvió en 2000 a su finca. Sin embargo, no pasó más de un año para que otra vez lo volvieran a secuestrar. En esta ocasión, a cambio de su libertad, lo despojaron de todo lo que alguna vez fue de su propiedad, excepto la tierra.   “En el último secuestro, a mí no me pidieron plata. A mí me secuestraron por 20 días y ellos pidieron ayuda a unos vaqueros que cogieron todo mi ganado y se lo llevaron. (…) Barrieron con todo, se llevaron los enseres, la nevera, la lavadora, las sillas de montar, la droga veterinaria, la fumigadora, hasta los platos y las cucharas”, relató.   Debido a que la Ley de Víctimas solo aplica a partir del 1 de enero de 1985, no puede hacer ninguna reclamación por el primer secuestro. En cambio, para el segundo secuestro sí pudo denunciar y el hecho está siendo investigado.   Luego de quedarse sin nada, para recuperarse, el productor decidió arrendar sus tierras al cultivo de arroz, y con esto reunió algún dinero que, sumado al crédito de un banco, le sirvió para volver a comprar animales de cría.

Amor a la tierra   Martínez se considera un ganadero y no abandona el negocio. Actualmente, tiene un poco más de 300 animales. (Lea: Denuncian que ZRC de sur de Bolívar es otra “república independiente”)   “Yo me dedico a esto por el arraigo que uno tiene a la tierra. No tanto por el negocio ni por el crecimiento económico, sino por el amor de ser un campesino. Uno se crio en ese ambiente y uno siente ese apego por la ganadería, ya se acostumbró al oficio y hacer otro tipo de actividad es muy difícil”, contó.   Este arraigo lo trae consigo en la sangre, en la herencia que le dejaron sus padres y sus abuelos, que como él fueron campesinos y se dedicaron a la ganadería hasta el último momento de sus vidas.   No obstante, no deja de ocultar su temor por la constante vigilancia de los grupos al margen de la ley, que saben cuánto ganado tienen y en cuánto está avaluado. (Lea: Extorsión, delito con el que se acostumbraron a vivir en Meta)   Naturalmente, luego de 2 secuestros, Martínez se ha visto obligado a tomar medidas para evitar ser víctima de estos grupos. Él dirige la finca a través de sus trabajadores, a quienes indica a dónde deben fumigar, cómo deben colocar el alambrado, cuánto deben sembrar de pasto o arroz, entre otras cosas.   Él visita la finca varias veces a la semana para ver cómo están las cosas, pero siempre con el temor de caer nuevamente en las manos de los criminales. Admitió que el sentimiento de zozobra lo acompaña cada vez que se desplaza a su predio, pues teme que pueda volver a ser secuestrado.   “Hace 15 años no me cobraban vacuna. Pasó un período de 8 años en el que no pedían vacunas y desde el año pasado volvieron a pedir. Después de mi último secuestro, me dijeron: ‘Usted ya contribuyó con la revolución’. Desde hace un año empezaron otra vez a exigirles a todos los vecinos que tienen que dar la cuota o ir a reuniones”, señaló.   Ausencia de la Fuerza Pública   Según él, nunca ha tenido apoyo de las autoridades, ni de la Policía ni el Ejército ni la Fiscalía. En cambio, él sí ha tenido que prestarle apoyo al ELN, que le ha exigido vacunas, ha demandado su presencia en congregaciones a las cuales no quiere asistir y le ha solicitado que envíe a uno de sus trabajadores para que haga parte de las marchas, so pena de pagar una multa en caso de no hacerlo.   “Nos invitan a participar de marchas disfrazados de la junta de acción comunal. Esas juntas las manipulan ellos (los del ELN) y por eso todo el mundo va, porque está muerto del susto. Como no hay presencia de la autoridad, si a uno le piden $6 o $7 millones, uno tiene que ir corriendo y llevárselos, porque yo pongo el denuncio y nunca va la Policía a darle protección a uno”, reclamó.   Añadió que ha tenido que darles dinero para apoyar causas como una marcha multitudinaria que organizaron con ocasión del paro agrario de la semana pasada. El Gobierno confirmó que el ELN estaba infiltrado en varios puntos, uno de ellos en Norte de Santander, cerca de la región donde Martínez tiene su finca.   Si no colaboran con plata, deben mandar una novilla o un obrero que haga parte de la marcha. El ganadero calificó esa situación como un “régimen militar”. (Lea: Ganaderos del país siguen afectados por la inseguridad rural)   Y aun cuando sabe que su vida corre peligro en todo momento, no porta armas ni ha contratado escoltas, porque cree que sería un blanco más fácil para los insurgentes.   “O uno está en la batalla de combatirlos directamente a ellos o está metido en un corral con las vacunas, marcándolas, vacunándolas, purgándolas. Yo no puedo estar con un fusil en la mano, protegiéndome. Además, el negocio del ganado no da para pagar un guardaespaldas para que lo cuiden a uno”, declaró.   A pesar de las continuas amenazas, el ganadero se resiste a abandonar su oficio. Luego de muchos años de ejercer la actividad pecuaria, está convencido que ese es su propósito en la vida y que así continuará hasta el final de sus días.    *Nombre cambiado a petición de la fuente