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Una escogencia que debe trascender los particularismos y estar por encima de los intereses de grupos económicos o de sectores políticos, sobre todo cuando se trata de un funcionario que de por sí ha de estar alejado de toda perspectiva partidista o de cualquier pretensión politiquera.
En un país donde desafortunadamente ya se ha logrado el propósito perverso de politizar la justicia, para terminar en el despropósito de judicializar el debate político, hay que evitar a toda costa que las maquinarias políticas y los grupos de poder metan las narices en los nombramientos que exigen una dignidad signada por el conocimiento, la experiencia académica y la trayectoria laboral, pero más aún que requieran liderazgo y capacidad técnica para afrontar periodos de crisis económicas como el que atraviesa nuestro país en momentos de pandemia y otros demonios.
Esta trascendental decisión sobre quién va a dirigir el Banco Central del país en un cargo que la Constitución del 91 trató de blindar contra los males de la politiquería y las presiones de los factores de poder, en este momento, como nunca antes se había visto y al peor estilo de las aves rapaces, existen sectores políticos enemigos del gobierno que luchan por disputarse este puesto, con no muy claras intenciones y con cantados objetivos, todos lejanos al del bien público. Porque de otra manera no se explica la andanada que han emprendido contra el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a quien pretenden descalificar como gerente del Banco de la República por ser supuestamente una ficha del presidente Iván Duque.
Expresidentes teñidos de dineros calientes o manchados por el contubernio con la narcoguerrilla tratan por todos los medios de ponerle palos en la rueda a la legitima aspiración del ministro Carrasquilla, a quien desde el mundo académico y desde las visiones de las calificadoras internacionales lo único que le han encontrado son bondades respecto de su conocimiento, su ejercicio profesional y su talante técnico, así sea en ocasiones antipopular. Su labor en los cargos que ha desempeñado se ha caracterizado por la toma de decisiones independientes y adecuadas aún en contra de medidas populistas o cortoplacistas, o de aquellas de conveniencia política.
Lo que está sucediendo a través de expresiones incluso de los propios miembros de la Junta del Banco de la República, que en últimas son quienes deciden, es en cierta forma la vía expedita para corromper la institución. Es la manera de sacarla de su rol profesional para entregarla a los intereses políticos, que hoy por hoy están dirigidos a defender más intereses privados que públicos. La polarización ha puesto de presente la soterrada existencia de móviles mezquinos y particulares de quienes quieren ejercer la política en beneficio de su causa propia, lo cual significa ni más ni menos que el ejercicio de lo público con interés privado, así sea disfrazado con discursos de aparentes sueños de justicia social o de reivindicación de los pobres.
Inicialmente intentaron que se quedara el actual gerente, Juan José Echavarría, a quien la Corte Constitucional le dijo categóricamente que no podía continuar por su edad. Echavarría ha sido un buen técnico al frente de la entidad, pero la oposición pretendió arroparlo con oportunismo para ponerle freno a la aspiración de Carrasquilla. El ministro quiere irse de Hacienda y tiene tentadoras ofertas en el BID, pero su compromiso con una visión técnica para superar este trance crítico del país lo ha hecho pensar en esta aspiración al frente del Banco de la República. Su enfoque económico y su seriedad con las cifras de la crisis lo hacen el más apto para la coyuntura, pero los malquerientes del gobierno, empeñados en cobrar cabezas a como dé lugar, quieren permear la junta del banco con una cuota política.
Los pretextos no pueden ser más manidos. Aunque todo el mundo económico reconoce las calidades del ministro, se les ha ocurrido encontrar una rebuscada inhabilidad ética: ser ministro del actual gobierno. Como si eso automáticamente comprometiera la independencia de un funcionario que aún en el gobierno ha hecho gala de su condición independiente. Argumento que ni siquiera la Constitución del 91, que preparó con pinzas las prohibiciones para garantizar la autonomía del ente rector del sector financiero, consideró. No está inhabilitado ni por la ley ni por la Carta Magna, pero los macartistas de turno quieren encontrar un supuesto impedimento moral fabricado en los confines izquierdistas para trancarle el paso a un ministro serio y comprometido con el rumbo económico del país.
Esta selección debiera enmarcarse en los terrenos inmaculados de los intereses últimos de una nación, donde ser gerente del Banco de la República no sea un premio a un economista de carrera, sino que sea visto como una cuota de sacrificio personal en beneficio de una causa común. Maxime si se tiene en cuenta que se trata de la entidad más poderosa en asuntos macroeconómicos, que no sólo emite la moneda, sino que dicta las directrices sobre las tasas de interés para regular la forma en que los demás bancos le prestan la plata a los ciudadanos, y que tiene el deber constitucional de controlar la inflación. En otras palabras, la entidad que maneja las políticas para regular el costo de vida de los colombianos.
Es claro que el sector empeñado en poner zancadilla a Carrasquilla no está guiado por el interés público. Quienes piensan en un candidato samperista como Leonardo Villar están marcados por el revanchismo político y poco y nada les importa que el Banco de la República sea la autoridad monetaria del país o que sea la entidad responsable de preservar el valor y la estabilidad de nuestra moneda. Mucho menos están inspirados en que al Banco Central le corresponda propiciar, de manera coordinada con el Gobierno, las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias para el desarrollo equilibrado y sano de la economía colombiana.
Tampoco parece interesarles la hoja de vida de quien va a estar al frente del ente rector del sistema financiero y de la política monetaria del país. Si se tuviera en cuenta esto, Carrasquilla es economista de la Universidad de los Andes, tiene doctorado en economía, de la Universidad de Illinois y maestría en economía de la misma Universidad. Su experiencia laboral pasa por haber sido miembro de la Junta Directiva en varias empresas. Entre 2007 y 2017 fue socio de Konfigura Capital y Profesor de Economía en la Universidad de los Andes. Entre 2003 y 2007 fue Ministro de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Entre 2005 y 2007 fue elegido Chairman del Comité de Desarrollo, órgano consultivo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 2006 fue elegido presidente de la Junta de Gobernadores, órgano decisorio principal de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Entre el 2002 y el 2003 fue Viceministro de Hacienda y Crédito Público, fue Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (2000-2002), Consultor Independiente (1998-2000), Economista Líder de Investigación en el BID en Washington (1997-1998) y Gerente Técnico del Banco de la República (1993-1997).
Difícilmente otro aspirante pueda darse el lujo de superar este curriculum pero medios y columnistas que le hacen el mandado a los expresidentes malintencionados prefieren despotricar con inhabilidades sacadas de la manga para poner una pica en Flandes en la zona donde puede flaquear un gobierno, la política pública que estabiliza la economía, regula la circulación monetaria y puede garantizar el equilibrio de la economía. Y como de lo que se trata es de apostarle al fracaso de presidente Duque, todo vale. Porque si lo que los constituyentes querían era que fuera independiente hay que ser consecuentes, que sea independiente respecto del gobierno, pero también que sea independiente de la politiquería de la oposición.