Entre “ires y venires” y la crítica situación de la ganadería de leche, se soslayó la promesa del Gobierno Nacional de revisar la fórmula que determina el precio del litro de leche que los industriales deben pagar a los productores.

La mencionada fórmula arrojó para este año, que no hubiera incremento alguno de precio de la leche pagada al productor. El Ministerio de Agricultura, con buen criterio, solicitó que el Consejo Nacional Lácteo, como órgano consultor del Gobierno, revisara la formula, concretamente en la Comisión de Precios, y que rindiera un informe, para con base en ello tomar una determinación.

La tarea se hizo, y luego de sendas reuniones que tomaron cerca de 2 meses, la Comisión entregó el informe, en el cual, como era de esperarse, no llegó a un acuerdo entre las partes (productores y procesadores), en razón a que la industria –como se evidencia desde hace muchos años-, quiere libertad de precios y pagar menos, mientras que Fedegán busca evitar la quiebra de los productores y mantener, por el tiempo que sea necesario, un esquema que los proteja de una estructura de transformación claramente oligopsónica que determina el nivel de precios frente a muchos ganaderos, dispersos y con baja capacidad de negociación.

En la medida en que la crisis se profundizó –porque los industriales se negaban a recoger la leche y se pagaba menos–, tomó mayor fuerza el solucionar los impactos de una “enlechada” prohijada por las importaciones de leche en polvo, que se equivocaron de cálculo al importar al finalizar 2014, 5.000 toneladas por encima del inventario requerido –a un bajo precio y una baja devaluación–, frente a los impactos que podría traer el fenómeno de El Niño. Circunstancias que cambiaron y que en su defecto validó la condición de la industria para socializar las pérdidas.

Fedegán presentó un conjunto de propuestas que tienen como objetivo mejorar las condiciones de quienes se dedican a esta actividad. Sin embargo casi todas ellas se estrellaron con la oposición de la industria, que no solo pretende pagar un precio menor, sino que también busca acaparar más recursos.

Preocupa que el Gobierno no se haya pronunciado. Lo que no quieren los ganaderos es que todo se quede en lo mismo porque el mensaje que se estaría entregando a la comunidad ganadera es que el Gobierno no está protegiendo el ingreso de 350 mil ganaderos que están al borde de la ruina, pero si soluciones para salir del exceso de inventarios. El Ministerio tiene la palabra. El silencio no puede ser la respuesta. Los ganaderos esperamos.