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Si nos guiamos por esa polarización, a todas luces inducida por el Gobierno anterior, los temas de la paz deberían concentrar los esfuerzos del nuevo mandatario para concretar el cómo de ese proceso, sobre la base de una agenda mal negociada. Sin embargo, ese prurito de la campaña electoral soslayó otros temas de mayor o igual importancia.
Sin pretender darle algún orden, analistas de la economía y del entorno social ya han advertido la necesidad de abordar temas que serán cruciales para la marcha de nuestra economía a mediano plazo. Las finanzas públicas es uno de ellos.
Es evidente que nuestras finanzas públicas tendrán que hacer frente a una serie de temas que se han venido posponiendo, más otros nuevos, derivados no solo del proceso de paz, sino de las propuestas electorales, a menos que nuevamente se incumplan las promesas.
Entre los temas antiguos está el de las pensiones, con su obligado aumento de cobertura; la corrección y fortalecimiento del sistema de salud que implica su reforma y capitalización; y los compromisos para reducir la pobreza. Entre los nuevos está el gran salto que tiene que dar el país en el tema de educación que se traduce en altas inversiones, y la promoción de la economía rural, no solo como un derivado de los compromisos de paz, sino por las exigencias para equiparar las condiciones de competitividad que se le exige al país en los TLC y evitar un mayor empobrecimiento.
Fedesarrollo ha señalado que para hacer frente a esta avalancha de gasto público se requiere hacer otra reforma tributaria, la cual no da espera más allá de dos años, pues las demandas de recursos para financiar los programas señalados, generará una brecha fiscal anual que podría representar 2,1 puntos del PIB por año. Y esto, en el evento de que la marcha de la economía global no entre en un escenario menos optimista de crecimiento de las economías emergentes, y que los precios básicos y las condiciones de financiamiento externo, no se tornen adversas.
El análisis de Fedesarrollo advierte que la realización de los programas de política pública causaría que el déficit fiscal del Gobierno Central se duplicará, al pasar de un promedio de 1,9 % a 4 % del PIB, entre 2015 y 2020, lo que en buen romance significa una reforma tributaria de grandes proporciones.
La propuesta de esta entidad es implantar un nuevo impuesto al patrimonio, que recaería solo sobre personas naturales y la eliminación de los impuestos de renta, CREE, parafiscales, y, a cambio, reemplazarlos por un impuesto sobre las utilidades contables de las empresas.
Obsérvese que hasta aquí no se contemplan otros temas, como el de la infraestructura vial, o el necesario desarrollo y modernización que requieren las ciudades, como Bogotá, que también se traducen en mayores tasas impositivas.
Tampoco se incluye el alcance financiero de todas las solicitudes de las Farc planteadas en el punto 1 del acuerdo, que implica la implantación de un Estado con una chequera generosa.
Todo lo anterior se traduce en que con las elecciones presidenciales se entregó un país sin visión de largo plazo sobre el cómo se harán las cosas, con un proceso de paz lleno de expectativas y poco compromiso de la narcoguerrilla de las Farc que ni siquiera se ha planteado cómo será la reparación a las víctimas por las mismas Farc y por el Estado colombiano. ¡El “cómo”, ese pequeño elemento que se refunde en las discusiones, y que a la final, no nos ha dejado avanzar en muchos propósitos y políticas!