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Entre tanto, quienes aún resistimos, negándonos a abandonar nuestra patria, vemos aumentar, bajo la inacción irresponsable de quienes nos mal gobiernan, la desnutrición como consecuencia del desmantelamiento del sistema agroalimentario. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Venezuela se sitúa luego de Yemen y Sudán del Sur, como el tercer país con el más alto riesgo de deterioro significativo de la situación alimentaria y de su agricultura para el trimestre abril - junio”.
En reciente reporte presentado por este organismo, junto a la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el lapso 2012 – 2017, el “Socialismo del Siglo XXI” ha generado 2.6 millones de nuevos subalimentados en el país. Sin duda está cifra, al conocerse los resultados del trienio 2017 – 2019 será exponencialmente mayor si consideramos que habremos presenciado sobre los diez años de caída continua en la producción de alimentos, retrotrayéndonos a los niveles de producción de los inicios de la década de los años 70.
Son diversas las razones que nos permiten decretar el año agrícola venezolano 2019 como el peor en un siglo de historia, indicándonos que la situación de inaccesibilidad a los alimentos al cierre del presente año será aún más grave, sobrepasando la cruel calamidad a la que vienen siendo sometidos los hogares venezolanos.
Durante el presente ciclo de siembra de invierno, el más importante del país, “los principales estados cerealeros (Portuguesa, Barinas y Apure) cuando ya debería haberse sembrado el 70% de la superficie preparada para los cultivos “en maíz solo han cubierto unas 50.000 hectáreas de las 300.000 que en años anteriores se cultivaron”, previéndose que difícilmente se alcancen las 150 mil hectáreas a nivel nacional (Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO). Para satisfacer la demanda de harina de maíz, alimento mayor aceptación en nuestros hogares, el país requiere cerca de las 1.6 millones de toneladas de maíz blanco, alrededor de 500 mil hectáreas. Es decir, no estaremos cubriendo ni siquiera el 10 % de los requerimientos, ya que la mayor superficie sembrada será de maíz amarillo.
Similar escenario se presenta para el arroz. Los cuatro estados en los que se siembra ampliamente, la superficie cayó 51%, pasando de 230 mil hectáreas en 2014 a 113 mil en 2018. Este cultivo requiere la infraestructura de pozos para el riego en el ciclo norte verano, los cuales están paralizados por falta de electricidad, a la vez sean presentado graves problemas fitosanitarios por la escasez de agroinsumos, estimándose que no se lleguen a establecer ni 90 mil hectáreas este año.
El escenario para la leche y carne de bovino, continúa agravándose. El consumo per cápita anual de leche está ya por debajo de los 47 litros, de los 130 litros recomendados. El consumo anual de carne de bovino por habitante ha descendido a 2.7 kilogramos, cuando llegamos a ingerir 23 kilogramos (INVELECAR). La Cámara Venezolana de la Industria Láctea, ha advertido que “para finales de abril el sector produjo cerca de 7.0 millones de litros de leche, lo que representa una caída de 74 % en comparación con los 50 millones de litros que se producían en 2018 para el mismo mes”.
La Asociación de Ganaderos del estado Táchira, denunció que la producción de carne y leche en esa entidad registra una caída de hasta 70% por las fallas en los suministros de combustible y energía eléctrica. GADEMA, gremio que representa a los ganaderos de Machiques de Perijá del estado Zulia, uno de los principales municipios productores del país, indica una merma de 90 % en la producción de leche y carne en esa región debido a la ausencia de combustibles, agroinsumos y electricidad, y la elevada inseguridad. La Asociación de carniceros y la Cámara de comercio de Aragua, uno de los principales centros de beneficio de ganado en el país, alertó que obligatoriamente bajará la distribución de carne en Aragua, Distrito Capital, Carabobo, Guárico y Miranda, debido a la imposibilidad de los transportistas de llevar el ganado de los estados productores a los mataderos.
El sector pecuario que aún se mantiene de pie, ha perdido toda posibilidad de financiamiento, al quedar por fuera de la cartera agrícola, según la nueva imposición del gobierno a la banca. Todo el sistema agrícola está sin agroinsumos, la estatal AGROPATRIA, empresa responsable de suministrarlos, está paralizada en un 80 %. Ante la ola migratoria, los campos están quedando sin mano de obra calificada, en Trujillo los cafetaleros no saben si podrán recolectar los granos del fruto aromático durante este año, ya que no disponen de mano de obra para el proceso de cosecha.
Lo poco que aún se está produciendo en nuestros campos, que es lo que “medio sostiene” la alimentación del venezolano, con la crisis de combustibles, acentuada en los estados fronterizos, no puede ser cosechado y transportado a los centros de procesamiento. Los productores de hortalizas de los estados Mérida, Táchira y Trujillo, están imposibilitados de trasladar sus productos hacia los centros de consumo. Ante la desesperación dejan sus cosechas a orillas de las fincas o se ven obligados a pasarle rastra a sus campos listos para la recolección, con pérdidas que sobrepasan los 40 millones de BsS (6.600 dólares) por hectárea, como en el caso de la papa. Sólo en Mérida se reporta la pérdida de 160 toneladas de hortalizas cada semana.
La situación se complica aún más si consideramos que según estudio de CONINDUSTRIA el “96% de las empresas encuestadas no produjeron o disminuyeron su producción, y “las empresas activas apenas operan al 18% de su capacidad instalada” entre las cuales obviamente se encuentra la agroindustria nacional u otras empresas conexas.
La solución podría ser apelar a las importaciones agroalimentarias, medida aplicada por Hugo Chávez Frías en su gobierno, sin embargo se estima que se requerirían alrededor de los 11 millardos de dólares anualmente, opción que luce imposible de alcanzar en el presente teniendo como referencia que las importaciones no petroleras, de las cuales el gobierno es el principal protagonista, mermaron de 44.067 millones de dólares en 2013 a 5.835 millones en 2018, sin posibilidad en el horizonte de parte del gobierno de acceder a financiamiento externo.
Presenciamos, algunos de manera silente y cómplice, otros intentando luchar manteniéndonos de pie, sin rendirnos, lo que podría devenir en la fase final de una política de exterminio, nos acercamos peligrosamente al “holocausto” de nuestro sistema agroalimentario, impuesto desde el poder de un estado criminal.
“Somos el único país de América Latina reportado por FAO durante 4 períodos consecutivos (2018 – 2019) como país en alerta por inseguridad alimentaria, y lo más grave, sin un plan de respuesta humanitaria oficial” (Susana Raffalli). De nosotros depende conquistar urgentemente un cambio de rumbo, de gobierno y de modelo económico, única vía para garantizar la accesibilidad de los alimentos a nuestros hogares.
Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer
Profesor y Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ
@WernerGutierrez