En el caso de la cadena cárnica existen grandes preocupaciones por el contrabando de animales vivos y carne desde Venezuela que no solo se ha configurado como una competencia desleal para los ganaderos y frigoríficos nacionales, sino que además ha puesto en riesgo el estatus de país libre de aftosa. Ya lo vimos en 2017 y en 2018.   Lamentablemente el sacrificio ilegal ha ganado espacio. Mientras que en 2013 el formal superó los 4,1 millones de animales, en 2017 la cifra fue apenas de 3,4 millones. Una caída de 17 % en 4 años. Esta baja no implica menos demanda o consumo de carne, pero si muestra que el sacrificio clandestino le ha quitado una buena tajada al legal.    Recuerdo que en 2006 hablábamos que en el país existían  alrededor de 1.100 lugares para el sacrificio de bovinos, casi uno municipal, y la mayoría en condiciones de “cualquier cosa” al hablar de los aspectos higiénicos y sanitarios que debían cumplir. En 2018 no existen más de 500 plantas autorizadas para el procesamiento de carne pues el INVIMA ha estado vigilante a dicho factor.   Sin embargo, con el Decreto 1500 y el cierre de “plantas” que no cumplían los estándares de sanidad y calidad, el sacrificio realizado allí, no se trasladó a los frigoríficos que sí aprobaron con los mínimos exigidos. Al contrario, se volvió aún más clandestino.   Si antes se realizaba en una planchon o matadero municipal con el auspicio del alcalde de turno, ahora el sacrificio del bovino se realiza en un potrero, se apela al carneo; y ni que hablar del empaque, refrigeración y transporte que confluyen en el baúl de un automóvil. Un atentado a la salud humana.   Y no es que sean efectos colaterales del Decreto 1500, sencillamente se evidencia la ausencia de políticas y aspectos institucionales complementarios a la norma.   Un ejemplo de lo que pudo haber contribuido al control de la ilegalidad en el sector cárnico es la llamada “Ley de abigeato” que no fue sancionada por la Presidencia de la República. Increíble.   Y es que el abigeato asociado al carneo se han incrementado en diferentes regiones del país. Es decir, ahora los delincuentes no solo roban los animales, sino que los sacrifican para comercializar lo más pronto posible su carne y partes, y así deshacerse de la prueba del delito.   El nuevo gobierno deberá establecer acciones eficaces que combatan el crecimiento de la ilegalidad y clandestinidad que ha crecido en los últimos años, no solo en la cadena cárnica. Las normas existen, es claro que la mayor labor tendría que estar en el fortalecimiento institucional de las entidades agropecuarias. Es menester del  Estado hacer cumplir la ley pues en los últimos años los agentes ilegales impusieron la suya.