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A muchos les preocupa, con razón, que los recursos -del presupuesto para el 2018 destinados a la ciencia, se hayan recortado por la estrechez fiscal. Y el destinado para investigación de Colciencias es uno de los más afectados, pero no el único. El cortoplacismo en nuestra nación siempre lleva las de ganar.
Los niveles de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) en Colombia siguen siendo mínimos, y el costo de esta situación lo paga nuestra sociedad con menores niveles de desarrollo y bienestar a futuro. Es necesario encontrar pronto nuevas soluciones a este problema recurrente y estructural de ellas, que debería ser parte de la campaña presidencial y un compromiso del próximo mandatario, es identificar una renta fiscal del orden nacional y asignarla por ley a Colciencias, con un mandato claro sobre cómo gastarla.
A principios del primer mandato, el gobierno del presidente Santos asignó 10 % de los ingresos de las regalías a CTi por medio de una ley de orden constitucional. Esta acertada decisión política ha garantizado recursos significativos para estos temas en las regiones. Pero a nivel nacional se requiere una medida similar, pues muchos de los requerimientos en CTi no se ajustan a las necesidades y ámbito de los territorios.
Sin embargo, los problemas en este sector no son solo de plata, sino también de gobernanza y de pertinencia del gasto en CTi. El ejemplo perfecto es que los recursos de regalías para CTi acumularon saldos sin comprometer por más de $1,5 billones al cierre del 2016, de los cuales Gobierno y Congreso, en vez de dejarlos parqueados, redireccionaron una parte para invertirla en vías terciarias por medio de un ajuste a la Ley de Regalías que acaba de aprobarse.
Y no solo no se gastó al ritmo de la disponibilidad de los recursos, sino que varios de los proyectos ejecutados dejan mucho que desear, en términos de calidad y pertinencia. Bastante ciencia chimba. Además, como hemos visto en los medios, la corrupción también les metió la mano de una manera vulgar. Gastar mal es un pecado y una buena justificación para aquellos que no creen en la importancia de la ciencia y privilegian sus intereses cortoplacistas.
Por esto, en medio de estas dificultades, es una buena noticia que en la nueva ley se haya aprobado un parágrafo que cambia de manera trascendental la forma como, a futuro, se van a definir los proyectos a financiar con estos fondos de CTi regionales. Dice así: “Parágrafo 5. Los programas o proyectos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán definidos por el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas, articuladas con los correspondientes planes de desarrollo. Los programas y proyectos aprobados serán ejecutados por las entidades que los presentaron en la convocatoria. Lo establecido en el presente parágrafo regirá desde la entrada en vigencia de la Ley que lo reglamente”.
Bajarle a la dedocracia en esta materia y alinear los proyectos con los mandatos de los planes de desarrollo regionales es muy positivo. Es urgente llevar al Congreso la ley que reglamente este nuevo mandato constitucional, mejore las prácticas, y destrabe el uso de estos recursos tan críticos en tiempos de escasez. Publicado por Portafolio, Agosto 30 de 2017.