Mientras en Venezuela las mayorías están en la calle sufriendo la metralla del régimen de Maduro y luchando por el fin del sangriento y ruinoso experimento chavista, en Colombia estalla una serie de escándalos destinados a fragilizar la fuerza pública que defiende al país de la amenaza chavista.

Tras la salida en falso de la operación Andrómeda, que echó a tierra a dos altos y valiosos oficiales especializados en inteligencia militar, aunque la culpa de estos no fue probada, tenemos ahora la sorpresiva destitución de la misma cúpula militar por motivos muy discutibles. Esos escándalos en ráfagas, además de sospechosos, son de doble fondo: un escándalo puede esconder otro. Hay un juego entre un escándalo explícito, provocado por una revista y por el jefe del Ejecutivo, y otro que algunos quieren hacer invisible.

Nadie puede creer que el presidente Santos destituyó al General Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, exitoso combatiente contra las Farc en el sur del país, por haber deslizado, en privado, en 2012, una frase ridícula contra unos fiscales. Santos, empero, escogió ese pretexto para deshacerse de un alto mando. El mismo admitió que había destituido al General Barrero por una frase. Al hacer tal cosa, el jefe de Estado incurrió en abuso de poder.  Tal movida desnudó aún más a Santos. ¿Por qué él aceptó correr ese riesgo precisamente ahora?  ¿Para cerrar aún más las puertas de su propia reelección? (Columna: ¿Por qué al Ejército? ¿Por qué ahora?)

No se sanciona a nadie por una frase dicha a una persona y en privado. Desde luego, la frase en cuestión fue torpe y hasta coja, pero no era más que eso, una frase. El elemento de la publicidad faltó. Fue un desliz verbal desafortunado. El general Barrero hablaba con un oficial detenido que se quejaba de irregularidades cometidas contra él por la Fiscalía. Barrero no le dió una orden, ni una instrucción. Su frase no fue un acto de servicio. No fue un acto de insubordinación. Fue un comentario suelto, que él repudia y por el cual pidió excusas. Fue una frase como las hay por miles cada día en todos los niveles del Estado y del Gobierno. En los pasillos de los Ministerios, en los mails y en las conversaciones telefónicas.

La diferencia es que alguien escuchó ilegalmente esa frase, la disecó, la estudió y la envió a otro para que cayera un día (parece que en 2012) a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y la volvió a sacar ahora para que la revista Semana la transformara en un espectro amenazante, en un crimen de Estado, en medio de una campaña electoral. (Lea: El cinismo de las Farc desde La Habana no se detiene)

Esa revista aceptó, como otras veces, hacer parte de esa obscura intriga –quizás no está en posibilidad de decirle no a ese actor secreto--  y redactó de manera capciosa ese folletón. Aprovechando la inconmensurable fragilidad institucional del país, logró desatar así uno de los golpes más injustos de los últimos años contra los servicios de defensa de Colombia.

Es obvio que ese actor misterioso debe tener en remojo decenas de otras frases indiscretas de sus propios amigos. Y no espera sino que estos se duerman en el cumplimiento de sus manipulaciones para obligarlos.

“Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa huevonada” (sic). Como esa frase telegráfica, tan confusa como grosera, no había logrado tumbar al general Barrero en 2012, la revista redactó su libelo de otra manera: amalgamó  las conversaciones de Barrero con el amargado coronel Robinson González, detenido en un centro de reclusión militar, como si éstas hicieran parte de otro entramado: los delitos de contratación en el Ejército, a sabiendas de que a Barrero no se le reprocha nada en materia de contratación. En otras palabras:Semana quiso, con unos párrafos tendenciosos, ponerle la etiqueta de corrupto al general Barrero, para hacerlo caer. Barrero denunció esa manipulación de Semana en su comunicado del 16 de febrero. (Lea: Santos, La Habana y su encrucijada)

Ese escándalo debió haber terminado con las excusas. Fue Santos quien lo redimensionó. ¿Por qué? Desde un ángulo humano,  la tal frase tiene, además, un cierto sentido. La frase alude, evoca, unos fiscales anónimos, es decir denuncia aquella capa de operadores judiciales que son la vergüenza y la pesadilla de la justicia colombiana. La frase iba contra ellos y no contra todos los fiscales, pues los hay muy honorables. Iba contra unos funcionarios que han derribado el debido proceso, que fabrican y escamotean pruebas, que compran testigos, sobre todo cuando el justiciable es un militar. Algunos de esos fiscales han salido por eso de la Fiscalía. Otros fueron a dar a la cárcel. Otros están en líos con la ley. Pero hay otros que siguen allí, incrustados y haciéndole el más grande daño al país.

Más allá de su aspecto primario, la frase criticable del general Barrero reflejaba algo muy cierto: que los militares de Colombia están llegando a un nivel inaudito de saturación y de cólera ante la pérdida del fuero militar, ante el maltrato que sufren a manos del Estado que ellos protegen y, sobre todo, ante la acción subversiva de ciertos fiscales, los principales promotores de lo que ellos ven, con razón, como una guerra judicial piloteada por el terrorismo, sin que el poder central haga nada contra eso. Y demuestra que los altos mandos desconfían del llamado “proceso de paz” en La Habana. Antier, el general Barrero los interpretó a todos cuando dijo que él esperaba  que el Ejército de Colombia no sea nunca “negociado ni en la mesa de La Habana ni en ninguna parte”.

El silencio del presidente Santos ante estas angustias de los militares y policías de Colombia es algo que lo hace indigno de ser reelegido. Esto ocurre cuando el control cubano de Venezuela tambalea. ¿Por qué Santos, en lugar de reforzar la fuerza pública, la única muralla de contención contra las Farc y el narco terrorismo, la hunde en semejante incertidumbre?

Que tal guisote haya sido preparado por Semana, la revista que defiende con ardor la línea del actual Gobierno -- hasta el punto de que muchos la ven como el órgano de expresión del presidente Santos--,  permite concluir que el ataque contra la estabilidad del alto mando militar vino del oficialismo más rancio. ¿Cómo pueden las Fuerzas Militares, en esas condiciones de inseguridad moral, psicológica e institucional, combatir  con éxito las bandas armadas del castro-chavismo y echar abajo sus operaciones de toma del poder? ¿Con semejante precedente cómo se sentirá la nueva cúpula militar designada por Santos?

Esta crisis confirma algo que ya sabíamos: que en La Habana Santos no está negociando nada. Lo que sale de Cuba es otra cosa: que las partes ya están realizando lo que presentan como reformas futuras “del postconflicto”. Santos está dirigiendo, desde ya, un reordenamiento capitulador del Estado. No es algo que él y las Farc harán más tarde. Lo están haciendo ya. Sin que nadie haya conocido esos pactos ni aprobado nada. Examine el lector los textos que han lanzado los “plenipotenciarios”. Leyéndolos desde ese ángulo aparece la coherencia de lo que está ocurriendo. Las “partes” se han comprometido a hacer ya mismo estas cosas, sin decirle nada al pueblo, burlándose de su credulidad y de sus inmensos anhelos de paz. (Lea: Contrabando desde Venezuela, la piedra en el zapato de ganaderos)

Ese temor penetra ya hasta los círculos santistas. John Marulanda, un perspicaz analista, saludaba ayer la brutal decisión de Santos. El cree ver en eso un acto de “limpieza necesaria que fortifica aún más a la institución”. Sin embargo, con cierto realismo tuvo que ir al fondo del asunto y concluyó: “Ojalá este sometimiento no sea excusa para un futuro desmantelamiento de nuestro Ejército Nacional. Algo que no se sabe si se está negociando en La Habana, Cuba”. El temor es evidente en esa frase, solo que esa concesión a las Farc ya comenzó.  Y la están implementando a golpes pero sin que nadie vea la maniobra. Para eso sirve la propaganda. Para eso sirve Semana.