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La idea de abrir un “juicio político” en el Congreso de la República contra el presidente Gustavo Petro por sus nefastos actos de gobierno contra la concordia y la economía nacional gana más y más adeptos en Colombia.
El 26 de marzo pasado vimos una muestra de ello. En un interesante talk show televisivo cuatro importantes oradores abordaron ese tema: dos a favor de ese juicio y dos en contra. Como ya es habitual, la teleaudiencia participó en la discusión: envió un total de 1200 respuestas. Lo más interesante es que de éstas la abrumadora mayoría ―salvo quizás dos (no ví más)―, se mostró a favor de juzgar al presidente Petro. Empero, que yo sepa, ningún medio de información ha comentado este hecho político.
Los invitados al debate fueron el exministro y ex alcalde de Bogotá Jaime Castro, el exsenador petrista Antonio Sanguino, el secretario general de la central sindical CGT, William Millán, y el ex militante del M-19 y predicador Carlos Alonso Lucio. Castro y Lucio impulsan esa idea desde hace meses. También lo hacen el abogado José Manuel Abuchaibe y el empresario opositor Pierre Onzaga Ramírez. Ambos solicitan, desde mayo de 2023, la aplicación del artículo 109 de la Constitución nacional y decretar la pérdida de investidura por la violación de topes electorales de la campaña de Petro en 2021-2022 (1). Pero no fueron llamados a presentar sus argumentos.
Jaime Castro recordó que la Cámara de Representantes tiene facultades para acusar ante el Senado al presidente de la República gracias a los artículos 174 y 175 de la Constitución Nacional. Según él, esa sería la vía para resolver, en principio, los problemas de indignidad y mala conducta del jefe del poder ejecutivo. Jaime Castro agregó que la sanción por indignidad y mala conducta de un presidente consiste en la “suspensión del funcionario por un término breve”.
Antonio Sanguino rechazó violentamente la argumentación de Castro calificándola de “calentura trasnochada”. Insistió en que, en su opinión, “no hay y no habrá juicio político contra el presidente Petro”. Según Sanguino, los delitos en la financiación de las campañas políticos carecen de importancia y son simplemente “problemas crónicos de la sociedad colombiana” (2).
Jaime Castro replicó que no es equiparable el juicio político con las mociones de acusación y las acciones de carácter penal. “El juicio político hoy es la razón de ser de los congresos en América Latina, Europa y otros continentes, pues los parlamentos dejaron de ser el centro del poder legislativo”, añade. “La iniciativa legislativa está ahora en manos del poder ejecutivo”. Y concluyó: “Gracias al control político que le hace el Congreso al gobierno la oposición puede convertirse allí en alternativa de poder”.
Carlos Alonso Lucio confirmó por su parte que el juicio político es una “institución histórica” de la democracia, que defiende el “derecho de las sociedades a juzgar a sus gobernantes, ya que éstos son responsables ante la sociedad”. Ante tal análisis el moderador lo interrumpió: “El juicio político aquí en Colombia no tiene validez”, lanzó Adolfo Beck, extremo errado que Sanguino respaldó inmediatamente.
Sanguino intentó perfeccionar su demostración con una pirueta irracional. Declaró que ni siquiera Belisario Betancur había sido objeto de un juicio político “por lo que él hizo en el palacio de justicia” [en 1985]. El presidente Betancur, según Sanguino, debía haber sido juzgado por haber ordenado al Ejército rescatar a los rehenes y restablecer el orden. El agente petrista fingió olvidar que los que asesinaron a los magistrados y al personal que se encontraba en el edificio, y quienes incendiaron los archivos judiciales, fueron los atacantes, el comando terrorista del M-19, y que ellos eran los que debían haber sido juzgados por tal atrocidad.
William Millán, terció diciendo que la idea del juicio político equivalía a “un golpe [de Estado] blando”. Y remató: “Este no es el momento” para juzgar a Gustavo Petro. “Es el momento de la serenidad suprema”. Lo que hizo reaccionar al moderador: “¿Acaso Lucio y Jaime Castro son golpistas?”. No, retrocedieron Millán y Sanguino.
Sanguino esbozó una teoría discutible: “El régimen presidencialista protege de manera especial la figura presidencial” pues, según él, “el presidente es el corazón del sistema político”. Error. La CN no dice eso. Sanguino confunde la frase del artículo 188 “El presidente de la República simboliza la unidad nacional” con un diagnóstico médico.
La Constitución colombiana prevé soluciones para proteger al país de crímenes políticos o no en la cúspide del poder. La Cámara de Representantes puede acusar al jefe de Estado ante el Senado y este puede fundar una acusación y destituirlo o imponerle una pérdida, temporal o absoluta, de los derechos políticos. Si la infracción cometida merece otra pena, la Corte Suprema de Justicia le abrirá un proceso criminal.
“¿Por qué los amigos del gobierno le tienen tanto miedo al juicio político?”, preguntó Jaime Castro antes de consolarlos: “El juicio político es sólo un debate que no lleva a la destitución del presidente. Lo máximo sería la suspensión por unos días”. Y remató: “Ustedes deberían ir a ese juicio y decir allí que el gobierno de Gustavo Petro es muy bueno, que es el mejor que ha tenido Colombia”. Adolfo Beck trató de poner fin a la ofensiva sarcástica mediante un aforismo: “Cundinamarca no es Dinamarca”.
Este debate muestra, por una parte, que los argumentos de los petristas contra el famoso juicio político no son jurídicos. Pero también deja ver que, lamentablemente, los partidarios de sancionar los intentos del presidente de abolir de hecho la Constitución y derribar las instituciones republicanas e instaurar un sistema autocrático, aún no se han puesto de acuerdo. El porqué de ese retraso radica posiblemente en una interpretación inexacta de la Constitución. Tendré el gusto de discurrir sobre ese punto en un próximo artículo.
(2).- Antonio Sanguino, miembro en su juventud de una fracción del ELN, y miembro más tarde del partido izquierdista Alianza Verde, es hoy un funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Actualmente trabaja como gerente del Fondo Colombia en Paz, un organismo de la presidencia de la República. Laura Sanguino, hija de Antonio Sanguino, fue nombrada por Petro subdirectora del ministerio de Vivienda. Tales detalles fueron omitidos en la presentación que hizo Adolfo Beck de los invitados a su talk show.
