/?w=256&q=100)
No es de extrañar ni es un hecho aislado; el centro y sur del Cesar son fundos del ELN, en feroz contienda con mafias y disidencias, y los ganaderos vuelven a ser presa de extorsión y secuestro.
En abril de 2022 fue liberado Sebastián Londoño, secuestrado un año antes. El 14 de agosto fue secuestrado Pedro Nel Hincapié en Curumaní; el 22 Pablo Sánchez en Aguachica, quien fue asesinado; al día siguiente Alberto Ropero en Pelaya, y ¡al día siguiente! Nicolás Picón, hijo de un ganadero en Aguachica. En octubre Javier García en Valledupar; en noviembre Álvaro Rodríguez en Tamalameque, y en diciembre Jesús Emiro Blanco y Gabriel Rincón, de 76 años en Pailitas. El 5 de febrero de 2023 intentaron con Gustavo Pérez en Curumaní, y el 7 de marzo secuestraron a Amalia Arroyo en Tamalameque.
Esta vorágine de violencia, que no es solo del Cesar, viene acompañada de narrativas deterministas que pretenden explicarla: Es la distribución de la tierra, el incumplimiento del Acuerdo con las Farc, arguyen unos, mientras quienes sufren la inseguridad y la violencia rural claman, sin que nadie parezca escucharlos: Es el abandono del Estado y la sociedad; son las rentas ilegales; es el narcotráfico convertido en “paraestado”, en “narcoestado” con soberanía de facto en esos territorios abandonados.
Sin negar el derecho del campesino, sostenemos que un título de propiedad no lo sacará de la pobreza, si no está acompañado de las condiciones para que la tierra sea realmente “redentora” y capaz de dignificar al campesino (energía, agua, vías, crédito, mercados, educación, salud, etc.), algo en lo que, según sus primeras declaraciones, estamos de acuerdo con la nueva ministra, a quien le deseamos éxito y le ratificamos el compromiso de FEDEGÁN con el acuerdo de tierras.
Además, estamos en sintonía con el reciente discurso del presidente, en el que reitera su compromiso de cumplir el Acuerdo con las Farc y les pide a sus funcionarios acelerar el tema de tierras, algo en lo que FEDEGÁN avanza, con ofertas por 500.000 hectáreas en las zonas priorizadas; pero insistimos: el asunto no es solo entregar tierras; el asunto es superar el abandono.
Tierras hay; según la ANT, cerca de 150.000 hectáreas están listas para compra; y las de la SAE, 99 mil extintas y ¡340 mil! en procesos embolatados por mafias de abogados. Y claro, ¿dónde están las de las Farc?, que declaró 772 inmuebles rurales y entregó 37, de los cuales 36 eran baldíos, mientras que el ministro de Agricultura de la época reconocía que, solo en Caquetá, se habían “apropiado” 800.000 hectáreas.
Para el ELN, sin descontarla, la preocupación no es la tierra, sino la participación de la sociedad en la construcción de paz; pero aquí también la preocupación tiene amarrada su inconsistencia. En Cesar, en Arauca, en Nariño y Cauca, en el Catatumbo, el ELN mantiene un sistema de hostigamiento, de dominación extrema para sostener sus economías ilícitas.
Ayer nomás, el Ejército desmanteló en Nariño un megalaboratorio con tres toneladas de cocaína. ¿Será que los cultivadores, raspachines, transportadores, procesadores, autoridades locales, es decir, la comunidad encadenada al miedo participará libremente? Con las Farc, “nos quedamos con el pecado y sin el género”, con el narcotráfico y sin la paz.
Que no nos pase lo mismo con el ELN. Se impone el cese de hostilidades primero…, lo demás “vendrá por añadidura”.
@jflafaurie