S.O.S por La Guajira

En lo que va corrido de este mes La Guajira ha recibido 2 noticias que la trascienden, una buena y otra mala, muy mala.   La primera de ellas, la declaratoria por parte de la UNESCO del Vallenato, que es su música vernácula, como Patrimonio inmaterial de la humanidad, como una “acción para preservarlo para siempre” y la otra, infausta, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretando unas medidas cautelares, mediante Resolución 60 del 11 de los corrientes mes y año, tendientes a “preservar la vida y la integridad” de niños y adolescentes en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, amenazados por el flagelo del hambre y la desnutrición.   Se entiende su decisión, en la medida que la CIDH tiene por finalidad salvaguardar los derechos esenciales de la persona humana y en la medida que Colombia es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la misma tiene carácter vinculante y por ello mismo de obligatorio cumplimiento, máxime cuando los derechos que protege preventivamente hacen parte del bloque de constitucionalidad, según lo prevé el artículo 93 de la Constitución Política. Además, la Corte Constitucional, máxima guardiana de la Carta, así lo ha reiterado  en varias de sus sentencias, desde la T-558 del 2003 hasta la más reciente, la T -078 de 2013.     En efecto, en respuesta a la demanda interpuesta ante la CIDH por parte de Javier Rojas, representante de la Asociación de autoridades indígenas Wayüu y la abogada Carolina Sáchica, la misma aduce como sustentación de dichas medidas que “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que los miembros de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas” y pone en “riesgo de salud por desnutrición y por la falta de agua” a la población infantil en la región. Sustenta, además, su determinación en el hecho que, según sus cifras, en los últimos 8 años han perecido 4.700 niños de la comunidad Wayüu en La guajira atribuible a causas asociadas con la desnutrición. Se trata, entonces, de que el Estado tome las medidas conducentes “para preservar la vida y la integridad personal” de los niños, niñas y adolescentes indígenas de tales comunidades. Según Sáchica, esta es “una luz de esperanza para el pueblo Wayüu, frente al abandono en el que están”.   La verdad sea dicha, Colombia es el país de las desigualdades, no solo en ingresos y oportunidades sino también interregionales e intrarregionales, con unas enormes e irritantes brechas. Una de las metas del Milenio que Colombia no alcanzó y que ahora se reitera en los Objetivos del Desarrollo Sostenible es la de la erradicación de la desnutrición infantil. La realidad que se delata en el proveído de la CIDH y las circunstancias que la rodean no son una novedad; duele decirlo y reconocerlo pero son, además de incontrastables, inveterados.   En un estudio realizado por Karina Acosta Ordóñez para el Banco de la República se pudo establecer que La guajira en la región Caribe y el Vaupés tienen alrededor de una tercera parte de niños en edad escolar que sufren de desnutrición. Pero, además, se pudo verificar que cuando se excluye a la población indígena “los niveles de desnutrición se reducen en algo más del 50 %”, lo cual pone de manifiesto que es este el segmento poblacional más afectado por esta lacra social. Esta situación es intolerable y amerita correctivos prontos y eficaces para evitar males mayores, dado que según el médico Nicolás Ramos, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, “la adecuada alimentación durante los primeros 1.000 días es fundamental para el crecimiento cerebral y, por ende, para de el desarrollo de capacidades cognitivas, aprendizaje y motrices”. De manera que, de seguir como vamos, lo peor para esas criaturas estaría por venir, como baldón para una sociedad indolente con su suerte.   Valga decir que son múltiples las circunstancias que han llevado a tan lamentable situación, destacándose entre ellas el abandono secular por parte del Estado, que solo recientemente, sobre todo  durante la administración Santos, se ha apercibido de ella y ha venido tomando medidas que, aunque bien intencionadas, resultan insuficientes para encarar esta tragedia humanitaria dada su magnitud. En ello también ha influido la honda crisis administrativa que sacude al Departamento, la cual incide en el deterioro se su gobernabilidad, al punto que en los últimos 4 años ha tenido cuatro gobernadores al mando. También ha contribuido a ello la corrupción que carcome las instituciones, que deberían estar al servicio de las comunidades y no servirse de ellas por parte de quienes las detenten.   Se requiere, para dar cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por la CIDH, que el Gobierno tome medidas de mayor contundencia, redoble los esfuerzos y, sobre todo, que sean sostenibles en el tiempo. Es bien sabido que son muchas las entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como agencias de cooperación, tanto nacional como extranjeras, que han acudido en su ayuda ante el llamado clamoroso de la comunidad Wayüu, pero las mismas actúan sin orden ni concierto, cada quien por su lado.   Los esfuerzos aislados, dispersos, puntuales, inconexos y sin mayor planeación y concertación con las autoridades tradicionales sirven de poco, máxime cuando muchos de ellos son esporádicos y de bajo impacto. Se requiere que el Gobierno asuma dicha coordinación, con el fin de que la acción sea más eficaz e integral, porque la problemática como está planteada tiene tres aristas, como son la cobertura en salud y saneamiento básico, el abastecimiento de agua y suministro de alimentos. La clave del éxito de dicha intervención está en la integralidad y sostenibilidad de la misma.   Creo que ha llegado la hora de acometer una estrategia envolvente, integradora de esfuerzos, incluyente de las comunidades y de focalización de la intervención por parte del Estado en sus distintos niveles a través de un Plan de choque, que bien lo puede delinear e instrumentar el Gobierno Nacional a través de una Directiva presidencial que expida el presidente Santos. Además, se debe implementar en los municipios aludidos el nuevo Modelo de atención en salud establecido por el Gobierno Nacional aplicable a zonas aisladas y dispersas, como estos y dar curso al Documento CONPES para la erradicación de la pobreza en La guajira, el cual después de haber sido concertado se quedó en el borrador y hoy más que nunca resulta pertinente.