“Esta decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”, afirmó en el salvamento de voto uno de los cuatro magistrados de la Corte Constitucional que se pronunció “en derecho”, …

… contra una mayoría estrecha de cinco que votó “en política”, sobre la tutela presentada por el expresidente Uribe para que su proceso en la justicia ordinaria empezara desde cero, no como una maniobra dilatoria o para torcer a su favor la justicia, como se apuró a disparar la batería mediática de la izquierda y el centro-santismo, sino porque así lo establece la ley y así lo había dejado claro la misma Corte en sentencias anteriores.

No soy abogado, pero trataré de explicar este “rollo” de la tutela a mis lectores que tampoco lo sean. No me devuelvo hasta 2012, cuando inició un proceso que terminó, en 2018, convirtiendo a Uribe de acusador en acusado, con una serie de artimañas que incluyó hasta chuzadas ilegales de la Corte Suprema, las que, claro, cuando son de la Corte no son ilegales.

En agosto de 2020, la Corte ordena la detención preventiva del expresidente, lo cual rebosa la copa de falta de garantías procesales y desencadena su renuncia al Senado, con lo cual el expediente pasó a la Fiscalía, un asunto que no es menor, pues no solo hubo cambio de competencias, sino de un sistema penal a otro totalmente distinto, reglado por leyes diferentes y con etapas procesales diferentes, que no se pueden “adecuar” alegremente, como consideró, en noviembre de 2020, el juez 4º de Conocimiento de Bogotá, al equiparar la indagatoria y las pruebas practicadas por la Corte bajo el anterior sistema, con la imputación de cargos del sistema procesal penal acusatorio, en el cual “…es precisamente durante el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia” (Sentencia C-591 – 05).

De esta diferencia surge la tutela presentada por la defensa de Uribe contra el Juzgado Cuarto por violación al debido proceso, que una juez de garantías aceptó, que luego negó otro juez en segunda instancia, y que negó la Corte Constitucional, a la que hoy le parecieron “similares” dos sistemas penales que en otras sentencias había considerado totalmente diferentes.

Esa es nuestra justicia, con jurisprudencia y jueces para todo y para todos, para acomodarse a un interés personal o político, o simplemente a “una llamada”; esa justicia en la que no cree el 70% de los colombianos.

La frase lapidaria del magistrado Rojas es un eufemismo para decir que la sentencia fue una vergüenza, manchada con “la sombra y la incertidumbre” de llamadas de último minuto de Santos para presionar un fallo contra Uribe, porque el verdadero triunfo de la alianza Farc-Santos es llevar a Uribe a la cárcel para tapar sus propios pecados; y la apuesta irresponsable del centro-santismo, para cobrar venganza por la victoria del NO en 2016 y el triunfo electoral del Centro Democrático en 2018, y para cerrarle el paso en 2022, es también…, llevar a Uribe a la cárcel, una pesca en río revuelto, en la que el único pescador ganancioso es el candidato del progresismo neocomunista, que se apuró a aplaudir la sentencia de la Corte.

Duele que muchos colombianos que ayer reconocían la inmensa labor de Álvaro Uribe en beneficio del país, hoy traguen enteras las mentiras de la izquierda y de Santos; duele un país sin memoria; duele una justicia inoperante y politizada; duele la verdad sacrificada, pero alguien dijo que la verdadera paz es el triunfo de la verdad… y la verdad triunfará en Colombia.

@jflafaurie