Si hay un factor altamente democratizador, ese es el acceso a la información y a las comunicaciones. Permítanme una comparación. De la misma manera que la ampliación y modernización de la red de vías terciarias está en la base de la redención del campo, la ampliación y modernización de las vías de acceso a la información y a la posibilidad de comunicarse es un elemento central para la equidad, también en especial para el campo.   Me parece fundamental el concepto de “convergencia”, del que se deriva la visión “holística” del proyecto, en cuanto asume como un todo la problemática y los retos de las TIC, no solo como factor de desarrollo económico, sino como elemento esencial de desarrollo humano y, por tanto, de movilidad social, de equidad real.   No obstante, la propuesta de converger en un solo ente regulador es vista por algunos como la perversa intención de concentrar poder en el Ejecutivo, con las oscuras intenciones de censurar contenidos y beneficiar a empresas privadas en desmedro de las públicas. No veo nada de eso en el proyecto; veo, por el contrario, la intención de “ordenar la casa” y establecer reglas claras para todos, como le corresponde al Gobierno; y de hacerlo con las cartas sobre la mesa y con un amplio debate, como le corresponde al Congreso.   Pero claro, hay sectores y formadores de opinión –¿deformadores, más bien?– que prefieren los “choques de trenes”, tan comunes en el país por cuenta de la dispersión de competencias, en donde anidan la confusión y el desorden que no permiten avanzar, cuando no la burocracia y la corrupción, también paralizantes. Para ellos sería mejor que ojalá fueran tres o más “comisiones” con muchos “comisionados”, una para contenidos, otra para infraestructura; una para radio, otra para televisión, telefonía, correos, etc.   Otro aspecto que rescato del proyecto es la posibilidad de pago en especie, dentro del formato ya probado de “obras por impuestos”, como otra forma de cerrar brechas sociales, permitiendo las inversiones para una conectividad real en la inmensa Colombia rural, donde la incomunicación y el aislamiento no solo son expresión de inequidad, sino también cobija para la economía ilegal y el delito. En este novedoso instrumento, sin embargo, los detractores interpretan la intención de rebajas indebidas a los privados, de hacer conejo y trampa. ¿Será que el ladrón juzga por su condición?   Además de esa aversión populista a la inversión privada, que genera emprendimiento, empleo y bienestar, los críticos malintencionados del proyecto tratan de “ensuciarlo” como una estrategia truculenta de limitar la libertad de expresión, solo porque un señor –privado él–, tendrá que someterse a reglas de juego claras y universales, y dejar de usufructuar las, esas sí, inequitativas ventajas que obtuvo del gobierno Santos, como premio por su apoyo obsecuente y, sobre todo, por sus ataques arteros a la entonces oposición.   Bienvenido el debate, pero que no le pase a las TIC lo que a la justicia, en cuya reforma el país pedalea y pedalea sin avanzar.

@jflafaurie.