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Supone el ciudadano del común, que se ratificarán los principios constitucionales que rigen actualmente nuestro Estado de Derecho y los compromisos asumidos en tratados internacionales, que protegen a las víctimas y tutelan sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Un reconocimiento en el que esta sociedad no puede transar por razones morales y legales.
Sin embargo, recientemente se han escuchado voces que pretenden convertir los diálogos en una oportunidad, para levantar salvaguardias al lavadero de atrocidades cometidas por las Farc y permitir que este grupo narcoterrorista pueda hacer política, sin pagar un solo día de cárcel por sus graves crímenes y sin resarcir a las víctimas. No será fácil. El alcance del “Bloque de Constitucionalidad” que nos gobierna es claro. Hace compatibles los deberes y derechos consagrados en la Carta del 91, con los convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos ratificado.
Además, cuando la Corte declaró exequible el Tratado de Roma, el más importante para estos efectos, fue absolutamente precisa en sostener que las “concesiones” –amnistías, indultos o perdones judiciales–, están sujetas a la observancia estricta de la Constitución y las normas del Derecho Internacional Humanitario aprobadas por Colombia, restringiéndolas a delitos políticos.
¿Qué significa entonces el fallo? Que los crímenes de guerra, genocidios y de lesa humanidad cometidos por las Farc, deben ser investigados y enjuiciados por Colombia, sin excepción y sin lugar a interpretaciones por el administrador de justicia. Con lo cual, será muy difícil evadir la responsabilidad de los genocidas de las Farc, que han bañado con sangre y lágrimas este país por 50 años. Como tampoco prevalecerá el intento de las Farc por borrar su barbarie de nuestra memoria histórica o el interés de la izquierda por banalizar el dolor y la dignidad de las víctimas.
Cierto es que bajo el actual ordenamiento constitucional, o aun reformándolo, el país no podría otorgar ningún beneficio jurídico o político –en términos de indultos totales o leyes de punto final– para los cabecillas de las Farc, que ordenaron o ejecutaron actos demenciales de lesa humanidad como las matanzas de Tacuyó o Bojayá, las 2 masacres de febrero de 2009 contra 27 indígenas Awá en Nariño, el asesinato con tiros de gracias de los 11 diputados del Valle o de los 8 concejales en Rivera (Huila), para sólo citar algunos.
Además, son responsables penalmente de otras múltiples violaciones contra el derecho internacional humanitario: homicidios, uso de minas, reclutamiento de niños, narcotráfico, secuestros, desapariciones, torturas y más del 30% del despojo de tierras, como para que ahora digan que esa barbarie es conexa al “delito político o culposo”. Bien lo dijo Naciones Unidas: no se pueden encarar las violaciones del pasado mediante amnistías o impunidad que infrinjan las obligaciones con las víctimas. Tendrá que pasar mucha agua bajo del puente, para que los victimarios de las Farc puedan hacer política de manera “abierta y legal”, como fantasea Iván Márquez.
Más aún, o Colombia ejerce su obligación de enjuiciar penalmente a las Farc o, vergonzosamente, enfrentará la intervención de la Corte Penal Internacional u otros tribunales de “Estados no parte en el conflicto”, para cumplir esas labores. Por el respeto a las víctimas y a sus derechos –en términos de verdad, justicia y reparación– es preciso que esta sociedad comprenda que la impunidad, es terreno movedizo de una paz frágil e insostenible, que envilece la reconstrucción del tejido social. La catarsis debe edificarse sobre la base de “hacer justicia” contra los perpetradores y de reconocer y proteger la dignidad de las víctimas. Está escrito en la impronta de la evolución del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, como para que ahora lo “lavemos” en la trampa “express” del obsceno show mediático de La Habana.