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También se habla de unos puntos adicionales a la inflación que termina para redistribuir la productividad que se logró gracias a los trabajadores. Lo cierto es que las entidades de estudios con mayor renombre empiezan a abonar el terreno con opiniones que las más de las veces están impregnadas de algún interés.
También suele aflorar un organismo que durante el resto del año no parece reunirse: la Comisión permanente de Políticas sala- riales y laborales. Es el organismo -según la página del Ministerio del Trabajo- “creado por el artículo 56 de la Constitución Política y reglamentado por las leyes 278 de 1996 y 990 de 2005, que tiene como objetivo fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales del país”.
La Comisión la integran representantes de los empleadores, los trabajadores y el Gobierno. Y como por lo general nunca llegan a un consenso, al final del año el Gobierno suele fijar el salario mínimo mensual, teniendo en cuenta la meta de inflación del año siguiente (fijada por la Junta del Banco de la República), la Productividad Total de los Factores, la Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto, PIB, y el Índice de Precios al Consumidor, IPC. ¡Por lo menos, eso dice la teoría!
Por parte de los empleadores sesionan los representantes de 5 entidades: la ANDI, ASOBANCARIA, FENALCO, SAC y ACOPI. Por parte del Gobierno, tienen asiento 4 Ministerios (del Trabajo, el de Hacienda y Crédito Público, el de Comecio, Industria y Turismo, el de Agricultura y Desarrollo Rural), y el Departamento Nacional de Planeación. Y por los trabajadores, 4 entidades: la Confederación Gene- ral del Trabajo –CGT-, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, la Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC- y la Confederación Democrática de Pensionados –CDP-.
Es evidente que a esa mesa le hace falta una pata: los trabajadores del sector rural. Sector para el cual siempre los estudiosos señalan que hay que tener un salario diferencial, pero no para señalar que deben tener una mejor remuneración, sino para indicar que debe ser menor. Y ahí empiezan los problemas del campo. La remuneración de los maestros rurales no contempla que debe ser mejor y más diversificada, es decir, que sea educación que enseñe técnicas para trabajar en el campo y no la consabida educación urbana.
Los profesionales del campo también deben rebuscarse un sinnúmero de trabajos para conformar un salario decente. Los trabajadores, dada la misma condición del campo en su estructura de tamaño y productividad, deben jornalear, y ese jornal dependiendo de la región, dista mucho del salario urbano. Y ni qué decir de la seguridad social, que se empieza por no disponer de ella.
¿Cuál es la política pública salarial para el campo? Aún no se conoce. Lo único que se sabe es que el empresario tiene que luchar contra los efectos perversos del sisben –que prohija la informalidad- y un galimatías para cumplir con las obligaciones que impone la regulación al respecto. Es indudable que a esa mesa le hace falta ¡más campo!