En la anterior ronda el gobierno actual, a través de sus negociadores, bien manifestó su intención para que la carne bovina, leche y azúcar fueran excluidos de tal acuerdo, pues terminaría afectándose seriamente su encadenamiento.   Bien vale recordar que al menos Australia y Nueva Zelanda son líderes del comercio internacional en la exportación de dichos productos. Colombia suple su demanda interna y tiene una capacidad exportadora relativa, más en carne que en leche, pero sus problemáticas sanitarias recientes le han terminado afectando seriamente.   Dichos estados han manifestado que si no se abre el mercado lechero, de carne y azúcar por parte de nuestro país, no termina siendo de interés hacer parte de la AP, y argumentan que Australia y Nueva Zelanda no han sido amenaza para nuestra producción.   Efectivamente no han sido una amenaza pues las condiciones actuales arancelarias no se lo permiten, pero con un desmonte de dicha estructura, inmediatamente seriamos importadores de carne, y especialmente de leche, desde Oceanía. Un caso ya repetido y vivido en los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, pero con una gravedad adicional.   ¿Cuál gravedad? Desde Estados Unidos y la Unión Europea lo que se ha venido importando son materias primas como leche en polvo entera, descremada y lactosueros que le han terminado por competir directamente al productor. En el caso de abrirse los mercados de Oceanía la importación no solo seria de commodities sino también de bienes finales como quesos y yogures que disputarían el mercado directamente con la industria lechera local.   Por supuesto hoy muchos hacen el llamado para que se abra el comercio, considerando que es el único camino para hacerse competitivo. Es esa misma la consideración que le hicieron a algonoderos, cerealeros o arroceros en la década de los 70 o en la apertura económica de César Gaviria, y terminaron arruinados.   La ganadería y el azúcar, tal vez junto a la palma de aceite y el café, son de los pocos sectores que en agregado generan el mayor empleo para el sector agropecuario. Exponerlos a competencias adicionales a las que ya tienen, en clara desventaja de comercio y de oferta de bienes públicos, sería llevarlos a la quiebra, con las implicaciones sociales que esto conlleva.   Si bien nuestro Gobierno ha solicitado la exclusión de dichos sectores, también vale recordar la máxima en este tipo de acuerdos: nada está negociado hasta que todo este negociado. Pues en la ronda final vendrán más presiones para que el mercado se abra.   Esperemos que en los próximos días podamos decir que de esta negociación nos salvamos, pero bien vale diseñar políticas efectivas de competitividad para estas cadenas de valor, pues será muy difícil que la próxima la pasemos en blanco.