Ante las nuevas denuncias de las víctimas sobrevivientes, la justicia alemana, investigó y dio con el paradero de ese hombre, Werner C., hoy retirado de toda actividad, quien en el momento de los hechos tenía 19 años de edad, y lo acusó, por ahora,  de “asesinato colectivo de 25 personas” y de “complicidad de la matanza de varias centenas de otras personas”.

El hombre admitió que había estado en Oradour-sur-Glane ese día y que no había hecho nada para impedir esa masacre, pero que no había disparado contra nadie ni tomado parte en la realización material de la matanza. En otras palabras, que era “inocente”.

Sin embargo, la investigación judicial tiene pruebas de que él participó ese día, con otro soldado, en el ametrallamiento de 25 civiles reunidos a la fuerza en una granja. Y que después de ultimar a los heridos con una bala en la cabeza, Werner C. se habría dirigido a la iglesia del pueblo donde la población, compuesta sobre todo por centenas de ancianos, mujeres y niños, había sido concentrada. El acusado habría vigilado el edificio y ayudado a transportar la gasolina que sirvió para incendiar el edificio. (Lea: Poco optimismo en el país frente a diálogos con las Farc)

Tras el desembarco aliado en Normandía y de la derrota alemana de Koursk, las tropas especiales SS, como la citada, habían recibido la orden de avanzar hacia el norte de Francia y consolidar posiciones mediante  la técnica  de la “guerra total”: matanzas de militares enemigos, de resistentes y de civiles, deportaciones en masa, etc. El 9 de junio, esa misma división, había llegado a Tulle y arrestado a todos los hombres del lugar. Enseguida ahorcó a 99 de ellos y deportó a los otros 149 que cayeron en sus manos. Lo que harían días después en Oradour-sur-Glane superaría en horror de ese día.

Desde la Liberación, las ruinas de la ciudad mártir fueron declaradas monumento histórico, tras una visita en abril de 1945 del General Charles de Gaulle. Hoy ese lugar es el mayor símbolo de la barbarie nazi en Francia. El primer proceso contra los responsables de esa matanza comenzó en enero de 1953, en Bordeaux, pero sus resultados fueron ambiguos. Únicamente 21 de los 65 acusados comparecieron.  El veredicto condenó dos alemanes a la pena capital (quienes serán liberados en 1959) y a prisión perpetua a 14.

Pero como 13 de éstos eran alsacianos, es decir franceses reclutados a la fuerza por el ejército de Hitler,  la población alsaciana  expresó su inconformidad. Lo que suscitó la cólera de la población de la región de Limousin, donde queda Oradour-sur Glane, quien pedía que la condena fuera cumplida. Finalmente, para mantener la unidad nacional,  el parlamento francés votó, el 19 de febrero,  la amnistía para los alsacianos. Lo que provocó la ira de la gente de Limousin quienes vieron en eso la transformación injusta de unos victimarios en víctimas. (Entrevista: "Política exterior del país es rehén del proceso de paz": Rafael Guarín)

En cuanto al nuevo proceso en Alemania, los tribunales de Dormund y Colonia dirán la última palabra sobre la responsabilidad completa de Werner C. en el horrible episodio de Oradour-sur-Glane. Otros cinco ex soldados de ese regimiento SS están siendo investigados por la justicia alemana  por los mismos hechos. Como se trata de un crimen de lesa humanidad, crimen imprescriptible, investigable y sancionable por encima del tiempo, los tribunales anuncian que cumplirán con su deber hasta que haya sentencias en firme.

En momentos en que en Colombia las Farc, mediante falsas negociaciones “de paz”,  pretenden burlarse de todo el mundo y obtener de la justicia colombiana la impunidad para sus crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión, todos imprescriptibles, diciendo que las violencias que ellos impartieron a los colombianos son cosas “del pasado” y que ellas son simplemente las “víctimas” del Gobierno, el ejemplo de la justicia alemana debe ser observado y seguido como ejemplo. (Lea: Los diálogos de La Habana han vuelto a generar inseguridad)

Guardadas proporciones, lo de Oradour-sur-Glane recuerda la matanza perpetrada por las Farc en Bellavista-Bojayá, Colombia, el 2 de mayo de 2002, donde entre 74 y 119 civiles inocentes, la mayoría mujeres y niños, que se habían refugiado en la iglesia, guiados por un sacerdote, perecieron y otros 98 quedaron heridos bajo las bombas artesanales de la guerrilla comunista.

Decididas a consolidar su posición en esa región del Chocó, las Farc aplicaron durante tres días contra esa pacífica localidad su técnica de “guerra sin límites”, como los nazis habían utilizado en Francia su esquema de “guerra total”. Enseguida, como los nazis de esa época, las Farc trataron de justificar su crimen. Los alemanes dijeron que estaban combatiendo a la resistencia y los Aliados.

Las Farc dijeron que estaban combatiendo a “paramilitares”. Eso era cierto, pero ello no les retira un milímetro de culpa. El carácter antihumano y antirreligioso de ese ataque de la narco guerrilla es inocultable: una cuarta bomba fue lanzada por las Farc contra la casa de las Misioneras Agustinas donde también se habían refugiado civiles. Por fortuna, esa bomba no estalló. El ataque contra Bojayá generó, además, un violento desplazamiento de población: más de mil personas tuvieron que huir hacia Vigía del Fuerte para salvar sus vidas. (Lea: El proceso de paz cierra 2013 con solo dos acuerdos alcanzados)

Así como algunos de los esbirros hitlerianos llegan a ser arrestados y enjuiciados 70 años después de haber cometido sus crímenes, en Colombia las atrocidades de todo tipo de las Farc serán  objeto de procesos y de condenas tarde o temprano, por encima del tiempo, y hasta por encima de la geografía nacional. A diferencia de lo que ocurría en 1953, ninguna ley colombiana, ni internacional, autoriza el perdón o la amnistía para esos crímenes, como no se cansan de explicar el Procurador General colombiano Alejandro Ordóñez, y Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, y como lo sabe muy bien el Fiscal colombiano Eduardo Montealegre, aunque por extraños cálculos políticos, diga en estos momentos otra cosa.